Fiscalización de empresas mixtas, ¿otra omisión de Contraloría?

Es muy común ver noticias con los gigantescos cheques que empresas mixtas, como Cable & Wireless, AES Panamá o Petroterminal de Panamá, entregan anualmente por los dividendos de las acciones que el Estado posee en ellas. Los Gobiernos tienen miembros en las Juntas Directivas de esas empresas. Dos, en el caso de Cable & Wireless, al igual que en AES Panamá. Con Juan Carlos Varela, uno de ellos era Melitón Arrocha que, además de ganar $7000 como ministro o diputado, recibía $5000 como directivo de la telefónica.

Siempre he preguntado ¿qué controles ejerce el Estado para determinar si lo que recibe como dividendos por sus acciones es lo que realmente corresponde, considerando que, para beneficiar a ejecutivos, accionistas, algún amigo, esas empresas, podrían estar inflando gastos que reducen significativamente los dividendos que entregan al Estado?

En 2015 presenté en el MEF demanda de bien oculto contra Cable & Wireless Panamá, demostrando algunas de las maniobras que podrían estar realizando para inflar sus gastos, incluyendo, aquellos de las agencias de publicidad y partidas para enviar regularmente a la Presidencia de la República costosos vinos de B/1200 por botella, que degustaba al presidente Martinelli. Había contratos irregulares e inconclusos vinculados con cercanos a él, conocidos por el presidente que llegaba, (Varela), que no investigaron. Daba detalles de coimas que, por contratos sin licitación se pagaban, por ejemplo, telemedicina, teleradiología, videovigilancia y hasta contribuciones encubiertas a Cambio Democrático, camufladas a través de un proveedor, cuyo nombre aporté. A pesar de la explosiva información que facilité, mostrada inicialmente al ministro Dulcidio de la Guardia y a su asesor Arístides Valdonedo, quienes se sorprendieron con lo que les enseñaba, la viceministra Eyda Varela, encargada en el MEF de atender demandas de bien oculto, violando el procedimiento establecido en el Código Fiscal, sobre la obligatoriedad de consultar con el Ministerio Público sobre el sustento de la validez de la demanda, simplemente la rechazó. Perdí el tiempo denunciándola penalmente. Nunca se sabrá cuántos de “esos gastos” han ayudado a bajar nuestros dividendos como país dueño del 49 % de las acciones.

El 21 de enero pasado elevé consulta al contralor Gerardo Solís. Quería saber qué tipo de fiscalización ejercía la Contraloría (CGR) sobre los dividendos que el Estado recibe de las empresas mixtas. Ocurrió lo que sospechaba: ninguno. A pesar de que la Constitución Nacional en su artículo 280, numeral 2, señala las funciones de la CGR al establecer que debe “Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección …”.

El 4 de febrero me contestó la secretaria general de la CGR confirmando mis sospechas. Sobre esas empresas que manejan fondos públicos, no existe ningún tipo de control previo y menos posterior de parte del ente fiscalizador oficial. “Le indicamos que la Contraloría no participa en la determinación de los dividendos de las empresas mixtas donde el Estado tiene participación”, admitiendo el carácter de bien público de esas acciones. Y viene lo peor. “Sin embargo, si existieran razones fundadas que hagan suponer la existencia de irregularidades en la distribución de los aludidos dividendos, la CGR, en ejercicio de sus facultades constitucionales, puede ejercer el control posterior y ordenar las investigaciones y auditorías que estime pertinentes para verificar las operaciones relativas a la determinación y pago de dichos dividendos”. O sea, ¿cómo vamos a suponer que existen irregularidades sin siquiera investigar si las hay? Los únicos que podrían determinar eso sería la Contraloría. ¿O no?

Así como obtuve información de lo que pasaba en Cable & Wireless, comunicado oportunamente al gerente general de entonces, Jorge Nicolau, y demandado como bien oculto al MEF sin que pasará nada, ¿cuántas irregularidades habrán ocurrido o siguen sucediendo desde que esas empresas existen y que, por omisión de sus deberes constitucionales, no ejerce la Contraloría ni nadie los controles correspondientes?

Es común escuchar que en algunas de esas empresas hay algunos allegados al Gobierno de mucho tiempo atrás, emplanillados sin hacer nada. Botellas de las que el Estado paga la mitad, si su participación es del 49 % como en Cable & Wireless. Esto no es nuevo. Viene desde que este tipo de empresas mixtas existen. Debe regularse, porque es evidente que no basta con que el Gobierno tenga dos bien remunerados representantes en las juntas directivas de ellas que nada fiscalizan o el MEF tenga un coordinador para “supervisarlas”. ¿Cuánto perdemos por esta desidia?

¿Aló, Contraloría?