Escuelas Saludables y Pacto del Bicentenario

A partir del 7 de marzo venidero, luego de más de dos años del cierre de nuestras escuelas como parte de la estrategia nacional para enfrentar la epidemia de COVID-19, afrontaremos el gran desafío de retomar la educación presencial y comenzar la recuperación de la enorme pérdida de aprendizaje sufrida por nuestra niñez y adolescencia.

En ese contexto, hay al menos dos consideraciones que matizan esta vuelta a las clases. Lo primero es el mandato ciudadano expresado por la población en once Acuerdos del Pacto del Bicentenario que proponen la hoja de ruta para asegurar educación de calidad a los grupos y territorios más marginados, a la vez que se aseguran mayores estándares y formalidad a la carrera docente. Por otro lado, debemos aprovechar la vuelta a clases para introducir la estrategia de Escuelas Saludables.

Ambas deberían ser consideradas como prioritarias por el Ejecutivo, pues son consistentes con el espíritu subyacente y las actividades propuestas en el Pilar Educación en el PEG, cuando subraya que, la educación es el pilar para transformar la realidad cotidiana y existencial de los panameños, nuestra condición socioeconómica y calidad de vida; al tiempo que aspiramos avanzar con determinación y paso firme, en el proceso de cambio de las perspectivas económicas, sociales, políticas y de desarrollo sostenible, de la sociedad donde vivimos.

Me refiero a continuación a las dos consideraciones, subrayando de entrada que el éxito de la primera necesita del cumplimiento con lo planteado en los Acuerdos.

Sobre el asunto de las Escuelas Saludables, es obligatorio comenzar poniendo de relieve que la apertura escolar que emprenderemos debe mantener el esfuerzo en la identificación y control de los riesgos relacionados con la epidemia de COVID-19, la búsqueda de los mayores beneficios educativos, de bienestar y de salud para los estudiantes, el personal docente y auxiliar y la sociedad en general. Si no mantenemos el esfuerzo y nos confiamos, corremos el riesgo de perder todo lo alcanzado.

Por otro lado, debemos aprovechar la nueva apertura para proponer como propósito complementario a la educación formal, convertir nuestros establecimientos educativos en Escuelas Saludables. Aquellas que integren en su contenido curricular y cultura organizacional, las políticas actuales sobre promoción de la salud en el ámbito escolar, entendida esta como la capacidad de coordinar y ejecutar políticas de salud, educación, bienestar y ambientales, entre otras.

Especial relevancia debe tener inculcar en nuestra niñez la necesidad de tomar conciencia y mejorar nuestros hábitos y desarrollar estilos de vida para cuidar la salud y no ponernos en riesgo. Recordemos que cuatro de diez niños sufren obesidad o sobrepeso, lo que en el futuro aumenta la probabilidad de desencadenar en su vida adulta Enfermedades No Transmisibles (ENT), como: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, así como varios tipos de cánceres, que no solo son causa de mortalidad prematura, sino también de morbilidad a largo plazo.

Pero una escuela promotora de la salud no solo se centra en fomentar la salud y el comportamiento saludable, al ofrecer alimentación nutritiva y actividad física. La propuesta debe convocar a todos los sectores y a la sociedad civil, con el propósito común de promover el desarrollo humano y social de la comunidad educativa, buscando además complementar y potencializar las responsabilidades de los diferentes actores de la sociedad civil comprometidos en los ámbitos municipal, distrital, departamental y nacional.

Finalmente, como sugerí al inicio de esta glosa, la exitosa vuelta a las aulas y el desarrollo de la propuesta de Escuelas Saludables requiere de la atención a las demandas ciudadanas expresadas en los Acuerdos del Pacto del Bicentenario. Veamos las que considero más relevantes.

Sobre el Sistema Educativo, denuncia la población que, hay dificultades de acceso a educación de calidad en las comarcas y zonas rurales, así como problemas en la provisión de servicios básicos, como agua y alimentación en sus establecimientos. Además hay poca coherencia en las políticas que inciden sobre el desarrollo profesional docente y falta comunicación entre los actores del sistema educativo.

Frente a ello, demandan los ciudadanos que se aumenten los recursos para alcanzar una educación de calidad en las comarcas y zonas apartadas; que se formalice por medio de una ley la carrera profesional docente y se aumenten las exigencias para el ingreso a ella, a fin de garantizar los mejores recursos humanos para tan importante tarea en todo el territorio nacional.

Así mismo señalan que no hay equidad en las ayudas públicas a los estudiantes y se propone el diseño de una política pública de apoyo estudiantil que equipare con equidad las oportunidades de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo.

Finalmente, la población subraya que la infraestructura y los equipamientos educativos son insuficientes y con estándares de calidad inadecuados. Dicen que nos ha faltado planificación y mantenimiento, por lo que proponen, con mucha razón, desarrollar una política de inversión y mantenimiento con presupuesto adecuado; procesos administrativos eficaces para la gestión, construcción y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con los mejores estándares de calidad.

Tienen la palabra nuestras autoridades para hacer brillar la Estrella de la Educación.