Para hallar las verdades... las evidencias no bastan

Sin duda, las políticas públicas formuladas y ejecutadas en un país contemporáneo tendrán mayor probabilidad de aciertos y resultados exitosos si parten de diagnósticos correctos de la realidad de sus sociedades. Como cualquier intervención que desea superar alguna problemática, por ejemplo, la médica, se requiere siempre diagnósticos certeros o el tratamiento será inútil.

Mis compañeros en la Facultad de Medicina y en general, en los servicios de salud, suelen afirmar que toman decisiones con base en evidencias, no en opiniones o intuiciones. A no dudar, las decisiones tomadas con base en evidencias tienen una cuota de probabilidad importante de apuntar hacia la realidad que se investiga o diagnostica. Sin embargo, esto no es suficiente para elevar el nivel de certeza o verdad de lo que se indaga y quiere resolverse. Hace falta una teoría científica lo más robusta posible que permita interpretar esas mismas evidencias que se captan de la realidad.

En efecto, los juristas -a pesar de que no tienen estudios profundos de metodología científica- aportan una frase que nos da una idea de que no bastan las evidencias “per se”, para resolver un caso; ellos(as) hablan de las “evidencias probatorias”. Diríamos aquí que, pueden existir evidencias de una acción infringida por el acusado de un delito, pero si estas evidencias no prueban contundentemente que esta persona incurrió en tal acción y con la calidad que se asume, esa evidencia sirve para tirarla a la basura. No obstante, si hay una teoría del comportamiento social, cultural o psicosocial que interprete tales evidencias obtenidas, quien dictamine la existencia o no del delito tendrá mayor ilustración para tomar la decisión adecuada.

Ahora bien, en lo que compete a las políticas públicas, lo que se hace necesario para tomar las decisiones correctas -además del interés de quien las toma- es contar con el conocimiento más aproximado a la realidad del problema que se aspira transformar; esto es, de cómo se manifiesta la problemática, cuáles son sus rasgos particulares y universales, con cuánta magnitud se manifiesta y lo más importante, las causas de los hechos observados.

No obstante, suele ser lugar común que se pretenda tomar decisiones con base en datos de una parte de la realidad, que tiene su valor, pero muy reducido, resultando de esto que no se incide significativamente en la transformación de esta para beneficio de la población.

Por ejemplo, en un trabajo investigativo realizado por un centro de estudios patrocinado por Senacyt, se afirma que se hace para “la comprensión de la realidad” y para que sea “un insumo central en los procesos de formulación de políticas públicas” (Cieps, 2021). Los responsables de este estudio parten de la premisa de que “la interpretación de las demandas de la población y las soluciones que prefieren es la base para que sean socialmente efectivas y políticamente legítimas” (Ibidem). A ver; ¿políticamente legítimas?, quizás. ¿Socialmente efectivas?, escasamente probable, por una razón sencilla: no se conoce una realidad material sobre la que debe intervenirse conociendo únicamente la percepción de la población. En su defecto, esto sería un aspecto que debería ser explicado por hechos medidos o analizados teóricamente que den cuenta del porqué de tales o cuales opiniones. Ciertamente, los analistas de la encuesta en comento hacen el intento de correlacionar las percepciones con algunos aspectos (variables, diríamos técnicamente) interesantes; solo que lo interesante no es lo pertinente para la explicación de los hechos sociales. Serviría sí, para que el tomador de decisiones de políticas públicas mantenga -o introduzca- una medida que no lo haga impopular a los ojos de la población, pero no sirve para solucionar la problemática en sí.

¿O acaso opinar positivamente de un subsidio hace que se resuelva el problema que dice resolver el subsidio? Efectivamente que no. Valorar positivamente un subsidio, como la conocida “beca universal” o “red de oportunidades”, no dice mayor cosa sobre la realidad que está detrás de la “necesidad” de tales subsidios y que no quiere intervenirse porque atenta contra intereses creados de las élites políticas y económicas. No obstante, aunque existen las evidencias que ilustran las carencias educativas y de los hogares de pobreza extrema, la interpretación dada está falta de una teoría científica robusta que permita la comprensión menos ingenua que la que suele darse para mantener tales tipos de subsidios.

Ergo, para formular y ejecutar políticas públicas realistas de desarrollo, las evidencias de los estudios no bastan.