Un crucero hacia el olvido

La decisión gerencial de la empresa Norwegian Cruise Line de no considerar a Panamá como sitio de envío de sus cruceros, por lo menos para los años 2024 y 2025, debe llamar a la reflexión de las autoridades panameñas sobre la razón de ser de su oportunidad de detentar el poder político y administrativo del país. La pérdida ha podido ser consecuencia de pésimos manejos de la cosa pública y su peso será sentido más que nada por la población del país.

En la Región del Gran Caribe, la economía de países que no tienen una superficie geográfica considerable opta por el turismo para la obtención de divisas frescas. En este sentido, mucho se habla de la posición geográfica de la República de Panamá, que cuenta no con límites en un océano, sino en dos, y que comparte la región biogeográfica con Mesoamérica y mucho del archipiélago caribeño, pero que, por motivos que han evolucionado desde hace millones de años, carece de la destructividad de la variabilidad climática que significa la temporada de huracanes, incidencia de eventos telúricos u otro tipo de desastres. Esto ofrece un país con los atractivos climáticos, de flora, fauna y paisajismo que compite con cualquier país del área, pero sin los riesgos o peligros que asechan a otros destinos, por lo tanto, un sitio con amplias ventajas comparativas con los competidores de su propia región.

La naturaleza ha hecho su parte, sin embargo, a pesar de que la promesa de mejoras de infraestructura pública útil para aprovechar las mencionadas ventajas naturales, el turismo de cruceros en Panamá, recientemente, ha sufrido una cantidad de contrariedades, todas atribuibles al sector público, más que nada a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a la cual le corresponden las potestades públicas principales de navegación marítima, así como la gestión de los puertos e industrias marítimas auxiliares.

En primer lugar, los procesos de licitación, alejados del principio de igualdad de oportunidades establecido en la Ley de Contratación Pública, permitió que el mismo conglomerado empresarial, se hiciera con los dos principales puertos de cruceros: Uno con sede en el Atlántico y el más novedoso en el Pacífico, en una infraestructura portuaria que, en razón a la Carta Fundamental de la República, es de dominio del Estado, ejercido a través de la AMP.

Para profundizar el misterio, después de la añadidura de un muy cuestionado socio a tal empresa, sin demora, se instaura un monopolio de combustible impuesto a los cruceros justo al iniciar su temporada de viajes, caso seguido de oficio por la Autoridad de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Acodeco), que se ve obligada a procesar al agente económico responsable. Todo ante la inacción de AMP, que sólo contempla el triste espectáculo, a pesar de que la Ley General de Puertos, expresamente, prohíbe tales prácticas monopolísticas.

Fue evidente ante el público el accidente de la rampa de desembarque de cruceros, absoluta responsabilidad del puerto que dejó algunos turistas heridos y a todos sorprendidos de la manera chabacana en que Panamá inauguraba el puerto de cruceros de Amador. Lo que más sorprende, precisamente, es la investigación deficiente y reservada del accidente y de los involucrados en en la operación y suministro de equipos presumiblemente defectuosos.

No es de extrañar entonces la decisión de la mencionada empresa. Las prácticas consistentes en monopolios, accidentes sin responsables y, sobre todo, el silencio cómplice de la autoridad encargada de que tales conductas no existan, van en contravía, no solo del gusto del turista, sino de empresas serias que habían apostado a un sitio, en los catálogos señalado como un paraíso terrenal, pero en manejo institucional, un infierno del que más vale escapar.