Sin atención aumento del precio de los alimentos

El costo de vida representa el costo de los bienes y servicios que los hogares consumen para obtener determinado nivel de satisfacción, suele dividirse en alimentos y otros bienes-servicios necesarios. En Panamá para calcular el costo de la canasta básica de alimentos de una familia de 3.6 integrantes, se divide en dos regiones, por un lado, Panamá y San Miguelito, por el otro, el resto del país; solo se calcula para el área urbana.

En octubre de 2022, último informe del MEF sobre el costo de la canasta básica de alimentos sobre hábitos de consumo, en los distritos de Panamá y San Miguelito su costo era de B/.340.36 mensuales, mientras que en el Resto del País ascendía a B/.314.24 mensuales, cifras en incremento y que están por encima del salario mínimo de varias actividades económicas, lo que genera una brecha entre costo de la canasta y salario. Se estima que en los últimos meses los precios de los alimentos se han incrementado en un 13 % y las proyecciones para los siguientes meses son al alza. En el 2022, cuando estallan las protestas, la canasta básica de alimentos en Panamá era la cuarta más cara de América Latina.

El pueblo humilde y trabajador, que buscan encontrar alimentos más baratos, acude a las agroferias que han resurgido a raíz de los acuerdos en la Mesa Única de Penonomé, tras las protestas y crisis social que atravesó el país en julio del año pasado.

La situación de la mayoría de los panameños se agrava, si a todo esto se suma el 9.9 % de la población que se encuentra desempleada y el 58.2 % que está en informalidad laboral.

En la Mesa Única de Penonomé, que conquistó el pueblo en lucha, propusimos la urgente necesidad de elaborar una sola canasta a nivel nacional, “Canasta Básica Saludable Familiar Ampliada”, que incluyera productos alimenticios sanos y otros gastos necesarios. Se sustenta esta propuesta en el planteamiento del Minsa, “la alimentación saludable es una de las claves para mantener la salud y evitar la malnutrición, para esto es importante consumir una gran variedad de alimentos”.

Otras medidas que presentamos para implementar en el plazo inmediato estaban dirigida a rebajar el costo de la canasta básica en 30 % sin afectar al productor nacional, a fin de cerrar la enorme brecha entre salarios e ingresos y costo de la canasta básica ampliada. Esta medida debía aplicarse a los 71 productos. Para hacer efectiva la misma, planteamos la necesidad de la creación de una oficina de regulación de precios que fiscalice esta implementación y de seguimiento a nivel nacional. Para ello debería digitalizarse la red agroalimentaria, de manera que se determinen los costos reales de producción, distribución y comercialización. La misma deberá estar colgada en línea; así como reforzar las funciones de Acodeco.

Otra medida, estaba dirigida a establecer márgenes de utilidad máximos para los intermediarios (comercialización, distribución y canales de ventas) que permitan la rentabilidad, pero que no atenten contra costo y calidad de la canasta básica saludable. En la Unión Europea, Estados Unidos e Inglaterra han establecido límites legales en aquellos sectores y actividad económica que tienen un fuerte impacto negativo en la sociedad y el desarrollo nacional.

Sin lugar a dudas, la política económica debe garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, para ello es necesario el apoyo eficaz a la producción del sector agropecuario nacional que le permita bajar sus costos. Fomentar la producción y transformación agropecuaria y agroindustrial con énfasis en la producción de alimentos, con prioridad en los micro, pequeños y medianos productores.

Establecer mecanismos de estrategias de venta a bajo costo de los alimentos, bajo dos estrategias de venta a bajo costo: tiendas permanentes del IMA con precio regulado y ventas directas del IMA.

¿Qué hace el Gobierno? Desconoce los acuerdos de la Mesa Única de Penonomé, que estableció medidas de corto, mediano y largo plazo. En su defecto prorrogó por seis meses más (enero-junio) los precios máximos de venta al por menor de 18 productos alimenticios, lo que es insuficiente, además de no ser efectiva su aplicación. El pueblo exige el cumplimiento de lo acordado en Penonomé.