ACP: hablando de enclaves y exclusión social

En el reciente conversatorio auspiciado por una veintena de organizaciones de carácter popular unificadas para proponer seis candidatos(as) ante la opinión pública y el Ejecutivo, salió a relucir una realidad que con frecuencia suele negarse u ocultarse: la inexistencia de un Estado nacional completa y auténticamente independiente y soberano. Esto es lo que, desde nuestro juicio, cabe colegir de los argumentos que ponen en evidencia la falta de una articulación entre la economía transitista canalera y el desarrollo del resto del país; así como la exclusión de la mayoría de la nación panameña en la toma de decisiones del uso de los bienes canaleros, usufructuados por los clanes económicos que se han sucedido en los Gobiernos del Estado desde ocurrida la invasión estadunidense -y gracias a esta- en 1989.

Tal falencia, hace surgir un doble reto a las nuevas generaciones sociales -en el sentido del sociólogo alemán Karl Manheim, de una comunidad de intereses de grupos humanos con capacidad de cambio en una misma época- para alcanzar dicha soberanía e independencia, a saber: la consolidación de un mercado interno a partir de la economía canalera y la participación social ilustrada sobre estos bienes.

Evidentemente, lo que se ha hecho común en los esquemas políticos de la sociedad panameña, valga decir, en la relación Sociedad civil-Estado, no es más que eso que el prestigioso sociólogo argentino -e incha del Boca Jr- Juan Carlos Portantiero (1981) denominó “la dialéctica inserción-rechazo de los sectores populares en la comunidad política”. Este hecho, “continúa resultando el nervio más sensible a través del cual los sectores dominantes encienden las luces de alarma frente a la amenaza plebeya”.

Digamos lo expresado por pensadores de la cuestión social, tales como Portantiero, Manheim o Juan Carlos Mariátegui, a su manera cada uno, aplicado al tema expuesto en el conversatorio mencionado anteriormente con los seis candidatos a ser parte de la Junta directiva de ACP. Diríamos que, para mantener funcionando la lógica de la apropiación privada excluyente de los bienes canaleros, se requiere un Estado y en general, una comunidad política donde estén excluidos los sectores populares y quienes expresen sus intereses, de lo contrario estos conglomerados vendrían a contrariar aquella lógica de apropiación de bienes por unos pocos, que constitucionalmente nos pertenece a toda la nación panameña.

El hecho de que se diga que el complejo canalero no ha dejado de ser un enclave, no se basa en su forma política. Los Tratados Torrijos-Carter derrumbaron esa modalidad colonial. En realidad, la integración del funcionamiento de este organismo, más con la economía internacional que con el resto de la economía panameña, es lo que viene a confirmar su carácter de enclave. Esto, a la postre estaría llevándonos a una racionalidad en la que el pueblo terminamos sirviéndole al canal y no que el Canal de Panamá nos sirva a los panameños.

Alguien nos puede demostrar ¿por dónde pasan las cadenas de valor entre la economía del Panamá allende la zona de tránsito integradas a las del Canal de Panamá? En este sentido, la formación de un mercado interno, dependiente de una clase trabajadora que consuma lo generado en actividades fomentadas por nuestro Canal para garantizar soberanía alimentaria y de bienes educativos, de salud, de viviendas de calidad, no es el escenario real que vivimos. Es esto, lo que en términos reales es equivalente a una economía de enclave, no dependiente en medida alguna del consumo interno, de las clases consumidoras en un mercado interno y a partir de este, fomentadora del desarrollo integral de la sociedad.

Por otro lado, esta manera de operar el complejo canalero como enclave, surte su efecto en tanto mantiene una conformación en la toma de sus decisiones más importantes, excluyendo a la parte mayoritaria de sus propietarios constitucionales: el pueblo panameño. Esto, no solo desde la junta directiva de la ACP, sino desde otras esferas del Estado con decisiones en el uso de los bienes canaleros, como el MEF.

Ergo, se hace imperante romper con el esquema actual de exclusión social en la gestión canalera, en el sentido que nos plantearon Amelia de Pérez y Elberto Cobos en el citado conversatorio: “con Participación Social Ilustrada”. La cuestión es que un creciente número de organismos populares asoman su interés en este sentido, lo cual se convierte en una “amenaza” que enciende las alarmas de las élites económicas beneficiadas por nuestra principal empresa estatal.