Funcionarios de carrera a la carrera

Uno de los esfuerzos más importantes para modernizar la práctica de la Carrera Administrativa se dio en la gestión de Pérez Balladares. A través de la Ley reguladora de junio de 1994, el Gobierno fijó las normas científicas para la selección del personal con el interés de modernizar sus recursos humanos. La idea del Estado de crear una “carrera” para el servidor público data de principios de la República dirigida a conservar y proteger al personal más apto y capacitado y permitir que la acumulación de su experiencia facilite la administración de la Cosa Pública.

La “carrera” como concepto no es otra cosa que permitir al funcionario público seleccionado hacer de su trabajo una profesión estable, permanente y elevar su dignidad, condicionada “por la competencia, lealtad y ética, evaluación de su rendimiento y eficiencia a través de la capacitación y el desarrollo”. No debemos equivocarnos con otras “carreras” públicas surgidas de las largas luchas de sus organizaciones que dieron paso a una necesaria estabilidad. Ese es el caso de quienes trabajan en el sector judicial, docente, diplomático, sanitario y policial.

Los posteriores gobiernos suspendieron esa práctica, en el caso de la Gestión Moscoso, o la sustituyeron, en el caso del presidente Torrijos, por una simplista carrera clientelar. Con ello afectaron seriamente la modernización del recurso humano del Estado, dando por resultado una administración ineficiente, tolerante y llena de impunidad. El período de Torrijos está pleno de grandes iniciativas y de reconocidas realizaciones. La política benéfica de ese quinquenio es loable, pero la naturaleza clientelar de su gestión, producto de las presiones de los “caciques” del partido, entre otras cosas, deformaron el aparato del Estado, alteraron su capacidad ejecutoria y sustituyeron todo el contenido de la Carrera Administrativa, para darle paso a la política de agradecimiento por favores.

En el período del Congreso del PRD, luego en sus primarias y posteriormente en la campaña electoral, el Gobierno nombró cerca de 18 mil panameños. Un tema humano delicado de abordar. Se trata del sustento de miles de familias que angustiadamente esperan el resultado de una investigación sobre su calidad y productividad administrativa.

¿Cómo quisieron tapar esa deformación, nuestros queridos dirigentes? Modificando la Ley, reduciendo el período de observación de la gestión del funcionario, eliminando los exámenes de selección y mérito y pasando esos miles de funcionarios, producto de la lucha intestina en el aparato político de dirección, a la Carrera Administrativa. El gremio, que ahora se escandaliza por esa situación y que fue complaciente ante tamaña irresponsabilidad, se ha quedado sin la autoridad moral para defender la estabilidad de esos funcionarios. No se trata de rectificar estos hechos eliminando al personal surgido de esta absurda decisión. Lo más sensato es restablecer y mejorar la legislación sobre el tema. Que el personal que ingresó en los últimos 16 meses sea evaluado y determinar así su competencia y capacidad en el cargo que ocupa. Instruirlos, en la medida de lo posible, y reubicar sus funciones, para eliminar el “apiñamiento” y la doble y triple función del personal que encarece el gasto público. Una más de la década perdida en el PRD.

*Miembro del PRD.rvasquezch@cwpanama.net