Caso Panamá ante la OIT

Ante la OIT, el gobierno panameño fue denunciado por los atropellos y autoritarismo que ejerce contra las organizaciones y dirigentes sindicales del país, por su utilización y manipulación del sistema y los procedimientos legales como arma para desacreditar al movimiento sindical. Con la complicidad de medios de comunicación social, buscan deteriorar la imagen de los sindicatos mediante acusaciones o procesos legales, para generar un fuerte impacto mediático ante la opinión pública sin que exista condena. Este es lawfare o guerra jurídica.

La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el gobierno panameño, teniendo en cuenta ello solicitó al Gobierno adoptar medidas eficaces y con plazos determinados. Insta a que antes del 1 de septiembre de 2026 de a conocer las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones.

Sin duda alguna la estrategia del gobierno fallo, la OIT reconoció la existencia de serias violaciones relacionadas con la libertad sindical, por lo que exige al Estado panameño adoptar medidas concretas en la legislación y en la práctica para garantizar que los sindicalistas puedan ejercer sus actividades sin intimidaciones, detenciones arbitrarias, ni represalias. Llamó a adecuar la legislación nacional al Convenio 87 y restablecer mecanismos efectivos de protección de los derechos sindicales. Ordenó fortalecer el dialogo social.

En medio de ello el accionar de un gobierno prepotente ha sido recrudecer la persecución, ejecutar allanamientos ilegales, tal fue el caso a Conusi el lunes 8 de junio, producto de las denuncias sustentadas ante la OIT por Marco Andrades secretario general de Conusi. Advertimos, Conusi se fundó el 21 de noviembre de 1998, a partir de esa fecha inició la relación con siete Gobiernos. Con todos hubo fuertes diferencias, algunas se resolvieron por la vía del diálogo y otras no. Pero jamás ocurrió lo que sucede ahora, salvo durante un periodo del Gobierno de Ricardo Martineli, donde Mulino fue Ministro de Seguridad, responsable de la Masacre de Changuinola.

A partir del nuevo decreto expedido en 2012, sobre los informes del Seguro Educativo, transcurrieron cuatro Gobiernos. En todos ellos, Conusi cumplió con los informes sobre las partidas del Seguro Educativo, refrendados por la Contraloría. A la llegada de esta ministra montan a través de la Contraloría otro lawfare o patraña jurídica. Advertimos, este Gobierno y su ministerio nunca entregaron un solo centavo a Conusi, por el contrario, le adeudan los fondos retenidos ilegalmente todo este tiempo. Siempre rechazaron los informes que se presentaron en base al Decreto de 2012 que anteriores gobiernos y ministros, de distintos signos políticos, aceptaron porque estaban en estricto orden con el visto bueno de la Contraloría. Esta es otra violación que se incorpora a la ya larga lista de denuncias que hacen que Panamá por segundo año este en la lista corta de violador de derechos laborales y sindicales y el derecho a huelga.

Lo actuado por la OIT constituye un paso importante en la defensa de los derechos laborales y sindicales de la clase obrera panameña. Constituye una importante victoria del movimiento sindical panameño que se hizo representar por cinco destacados compañeros, en ellos Marco Andrades (Conusi) y Yamir Córdoba (Suntracs).

La delegación oficial del gobierno panameño se hizo acompañar de los delegados de la empresa privada que avalaron en su pronunciamiento las flagrantes violaciones, ello es entendible “este es un gobierno de empresa privada, de nadie más” (Mulino), también los acompañaba seudodirigentes (sindicalismo amarillo), que fueron a defender al gobierno que es rechazado por 8 de cada 10 panameños, a justificar las violaciones laborales y sindicales, fueron los mismos que negaron el aumento real de salario mínimo para los trabajadores.

La nueva oleada de persecución está en marcha, hacemos responsable al gobierno de la integridad física de nuestros compañeros, exigimos cese el lawfare. Seguimos firme en la defensa de nuestros derechos, de la patria, por una sociedad justa y equitativa.