Van cayendo las máscaras

D esde el primer día de su gobierno, el presidente Ricardo Martinelli ha ido desenmascarando su verdadera identidad como individuo, como empresario y como político. El inventario muestra al individuo como vengativo e intolerante, al empresario en una desembozada fiesta de capitalismo de familiares y socios, y al político poniendo en práctica el único código que parece conocer: presiones, persecución o dinero. Todo envuelto en una zozobra permanente que ha contribuido a degradar el clima político y social del país.

Martinelli comenzó su gobierno atacando en forma individual a empresarios, líderes opositores y grupos a los cuales la sociedad atribuía algunos de sus males. Esa acción ha sido contraproducente, pues con el paso del tiempo el gobernante ha ido perdiendo hasta su sensibilidad demagógica.

Con el subsidio electoral no hay conflicto social. Por eso los aliados del oficialismo no han respaldado abiertamente la medida que contribuye a la igualdad democrática, es un filtro para dineros ilícitos en las campañas electorales e impide que no solo los millonarios como Martinelli participen en política, comprando partidos y votos.

La maniobra del gobernante es un artificio para tratar de cumplir una promesa hecha en forma irresponsable a los jubilados. También esconde el objetivo acariciado de destruir a la oposición política de cara a las elecciones del 2014, mientras construye el superpartido Cambio Democrático (CD).

La compra de diputados, alcaldes, representantes y de adherentes entre los partidos de la alianza oficialista genera contradicciones. El reciente rechazo a la fusión del Molirena al CD, calificada como peligrosa, es un mensaje de los grupos económicos que prefieren guardar una sana distancia de las aventuras de Martinelli en el manejo de las finanzas públicas y los negocios que se generan alrededor del Estado.

Pero volviendo a la eliminación del subsidio electoral, aunque tuvo gran eco, no fue capaz de ocultar el escándalo nacional e internacional sobre el tráfico de extranjeros. La trama alrededor del Servicio Nacional de Migración (SNM), donde se ha comprobado el tráfico de ciudadanos extranjeros y el resurgimiento de un negocio similar a la esclavitud, se ha convertido en una nueva violación de los derechos humanos por parte del actual gobierno. Los altos funcionarios del SNM y del Consejo de Seguridad Nacional responsables de autorizar las visas para ingresar al país son protegidos por el Ejecutivo. El Siglo especuló que jefes del SNM están pagando abogados a funcionarios detenidos, para que no revelen las ramificaciones del tráfico de extranjeros que pueden llegar hasta el Palacio de las Garzas.

Este gobierno confunde el interés universal del Estado con los objetivos facciosos del grupo que controla el poder. El colocar un mazo en lugar de la pica en el escudo nacional del nuevo pasaporte lo confirma. Un alto funcionario buscó congraciarse con el mandatario y no le importó irrespetar uno de los símbolos patrios que representan la soberanía nacional. La grave medida inconstitucional, que también alteró el sol y la cornucopia del escudo, podría subsanarse con el retiro de los 60000 pasaportes que costaron $575000, pero queda el registro del menosprecio a los símbolos patrios.

En la lista de inconstitucionalidades, el procurador general suplente, Guiseppe Bonissi, acaba de solicitar a la Corte Suprema de Justicia que elimine un artículo del Código Penal para perseguir con cárcel a los periodistas y evitar que altos funcionarios del gobierno rindan cuenta por sus actos. Es ‘un retroceso cínico en materia de derechos humanos’, dijo la destituida procuradora General, Ana Matilde Gómez. Demuestra ‘ignorancia supina del espíritu de la ley’, editorializó La Estrella. Panamá América lo consideró una ‘calamidad’.

Lo que sucede es que el país está en manos de ‘mercaderes’, como definió Félix Wing, director del Centro de Incidencia Ambiental. Martinelli es el funcionario que más daño le hace al país ‘por impulsivo e inconsulto’, denunció.

Martinelli no respeta límites que lo condicionen. Ha demostrado que no está dispuesto a escuchar las recomendaciones de nadie. No solo pretende tutelar al Estado y sus poderes, sino a los medios de comunicación, a los partidos políticos, los gremios y los sindicatos. En fin, al conjunto de la sociedad y sus organizaciones.

Lo mejor que puede sacar la sociedad panameña de todo este arrebato absolutista es que está cimentándose el principio de que la confrontación permanente es un recurso político del pasado. El futuro, aunque no esté en la cultura de los actuales gobernantes, se construye con diálogo, respeto de las reglas del juego democrático y con la suma de los adversarios políticos, la sociedad organizada y todas las instancias de participación ciudadana.

*PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.