Demandas de la sociedad civil

La delincuencia común, cometida por nacionales o extranjeros, se acrecienta. Los secuestros, robos, violaciones carnales, narcotráfico, asesinatos, guerra de pandillas y todo tipo de desmanes, atentan contra la seguridad ciudadana; independientemente de las acciones ejecutadas por la Policía y el Gobierno Nacional.

Los delincuentes cuentan con recursos económicos que les permiten la adquisición de armas, bienes y “ aliados bien ponderados ”, que les facilitan todo tipo de argucias (quizás legales, pero no éticas ni morales). Esta situación, les permite mejorar significativamente la logística de sus operaciones y amedrentar a la población. Este dramático escenario que viene viviendo nuestro país, durante los últimos años. La acometida de organizaciones delictivas cobra más vidas humanas, sobre todo jóvenes adolescentes y hasta niños, mediante la malsana práctica del sicariato. Esto causa un profundo desasosiego e incertidumbre en la ciudadanía, que ve en peligro su seguridad personal y estabilidad emocional, producto de la endeble seguridad pública, donde ocasionalmente se han infiltrado malhechores.

Ante la inminente amenaza, grupos organizados de la sociedad civil realizaron una gran caminata por la paz, en la Cinta Costera, el 23 de mayo. Esta convocatoria fue ampliamente apoyada por la comunidad, miembros de diversas congregaciones religiosas, empresas, medios y autoridades gubernamentales, quienes se unieron haciéndose eco del llamado de la población a tomar acciones que restituyan la seguridad pública como medio para garantizar la paz social.

Es indiscutible que la crisis de valores se profundiza más y con ella el inhumanismo, por ello, es necesaria la cohesión social, de manera que la acción emprendida con la caminata cívica, el domingo pasado, represente el inicio de acciones consistentes que de manera mancomunada, ejecute el gobierno (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), con la sociedad civil. Es imprescindible rescatar el valor de la familia (como columna vertebral de nuestra sociedad), por ello todos los integrantes de la sociedad debemos actuar responsable y solidariamente frente a la educación y orientación de nuestros niños y jóvenes.

Es preciso actuar con madurez y conciencia. Implementar leyes efectivas y estrategias eficaces, dirigidas a salvaguardar a la población. Frenar a los facinerosos, mayores o menores de edad, independientemente de su nivel social o político (delincuentes de cuello blanco), a fin de impedir que logren burlar la justicia bajo argucias legales que les permiten consumar delitos y quedar impunes.

La seguridad y paz social compete a todos, por ello, encontrar una solución viable es responsabilidad ciudadana, impulsada por el Ejecutivo. Es apremiante implementar políticas de Estado, que nos lleven a sustituir el sesgado crecimiento económico actual, a corto plazo, por un esquema de desarrollo económico vinculado a las demandas y exigencias de la población, de forma tal, que se garantice un adecuado desarrollo humano. Esta debe ser la aspiración primordial de nuestros gobernantes para situar a Panamá como un país modelo de democracia y cultura de paz.

*Economista y educadora.diostesalvepanama@yahoo.com