Los fenómenos de contaminación de los recursos naturales son críticos en la medida en que tienden a ser complicados y peligrosos en su tratamiento, lo que los hace prolongados en el tiempo y, sobre todo, un riesgo para la población. Además, dejan un rastro que se relaciona con la salud de los grupos humanos, cuya consecuencia es impredecible y puede conducir hasta a una epidemia.

Cuando las actividades económicas afectan a los componentes ambientales se toman medidas para mantener las mejores condiciones en los sitios poblados para que no decaigan sus niveles de vida. Para eso existen disposiciones que impiden los impactos y el desmejoramiento del entorno de pueblos y ciudades. En Panamá esto en muchos casos se mantiene como un decir, sin que se llegue a un control eficiente y preventivo.

La actividad porcina tiene una tendencia hacia la generación de residuos altamente contaminantes, no solamente del suelo, sino que, además, de las aguas (con coliformes) y el aire por los malos olores. Esta iniciativa productiva tiene diversas formas de establecimiento, que van desde los esfuerzos artesanales, hasta las dimensiones industriales. Por sus posibles impactos negativos, todas requieren de acciones efectivas para reducir al mínimo los despojos.

En la región de Azuero, en que están situadas las provincias de Herrera y Los Santos, se ha producido un incremento de los niveles de contaminación del agua de consumo masivo, porque se ha elevado la cantidad de desechos en los recursos hídricos locales. Hay que mencionar que existe una alta tasa de producción pecuaria, porcina y labores agrícolas en este territorio del país.

Según el Instituto de Estadística y Censos hasta abril de 2025 la producción porcina nacional llegaba a una cantidad de 54,953 cabezas de cerdo. De esa cifra, 11,060 correspondió a Las Tablas, cabecera de Los Santos, lo que equivale al 20 % del total. Si alineáramos indicadores numéricos de otros sectores como Macaracas y Guararé, en dicha provincia y los alrededores de Chitré en Herrera, notaríamos el impacto de tal actividad en el área.

La particularidad de toda esta industria porcina es que existe la tendencia a lanzar las excretas directa e indirectamente a los ríos, pero igual ocurre con los drenajes de los pecuarios, agrícolas e industriales. El resultado de todo esto es la contaminación de las vías fluviales, en especial el río La Villa, otras como el Estibaná, el Tebario y también las microcuencas y quebradas, todas las cuales dirigen sus aguas a la interconexión de fuentes y que ahora han dado como consecuencia la infestación del recurso utilizado para el consumo.

Contra toda comprobación científica de la cantidad de bacterias presentes en el alcantarillado y el inminente peligro para la población —el ministro de Salud confirmó el riesgo del consumo humano—, ahora ha surgido un clima de defensa de los diferentes sectores productivos en cuanto a la exculpación, cuando la ciencia demuestra lo contrario. El saldo es un alto índice de envenenamiento que afecta la cotidianidad de los vecinos azuerenses.

El problema es que este panorama no es para el futuro, no ocurrirá después. Significa que ya llegó y todo un sistema de producción, transporte y distribución del agua potable está comprometido y nadie quiere hacerse cargo. Aquí como en la historia de Fuenteovejuna, todos son culpables y a cada uno de los sectores corresponde tal responsabilidad; el análisis del agua lo confirma.

Es necesario tomar medidas severas cuando lo que está en riesgo es la salud de los residentes de las diferentes ciudades y poblados que se surten del alcantarillado en la región. Y esto implica pasos firmes y una reingeniería de las actividades productivas, la industria y hasta los controles urbanísticos. Sobre esto último habría que preguntarse ¿hacia dónde drenan las aguas servidas de la creciente urbanización en esta región?

Las autoridades deben atender esta crisis de salud pública de manera integral para garantizar la vida y el bienestar de Azuero.

*El autor es periodista
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