• 11/09/2012 02:00

Crónica de una injusticia

P ocas veces el delito de cuello blanco ha sido penado en nuestro país, y mucho menos tan cubierto por los medios como el caso conocido ...

P ocas veces el delito de cuello blanco ha sido penado en nuestro país, y mucho menos tan cubierto por los medios como el caso conocido como ‘ADELAG’. Muchos desconocen la verdad de lo ocurrido, en este caso que data del 2001. Todo inicia cuando, el 23 de agosto de 2001, el Juzgado Décimo Séptimo del Circuito Civil de Panamá acogió solicitud de proceso de quiebra interpuesto por BANCO GENERAL en contra de las sociedades FINANCIERA EL ROBLE S.A., EL TRIANGULO S.A., TECNO AUTO S.A., TECNO TALLER S.A., EL ELECTRÓNICO INTERNACIONAL S.A., UNICENTRO TRADING INC., y ADELAG S.A., remitiendo al Ministerio Público copia del proceso de quiebra, con el fin de determinar si existía o no delito. Poco después la Comisión Nacional de Valores (CNV), por los mismos hechos, inició un proceso administrativo en contra de FINANCIERA EL ROBLE, S.A., ENAFIN INTERNACIONAL, S.A., CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO, AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO, y otros por presuntas infracciones al Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999.

Los encausados buscaron llegar a acuerdos con sus acreedores y tras largas negociaciones se logró el Auto No. 1132 de 12 de agosto de 2008, emitido por el Juzgado Décimo Séptimo del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, que aprobaba el Concordato Resolutorio celebrado entre acreedores y deudores, motivo por el cual se cumplieron los pasos para el pago de las deudas y la extinción de todas las obligaciones que motivaron la presentación del proceso de quiebra. En virtud del Concordato Resolutorio celebrado entre las parte, ante el Juzgado Decimotercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá concurrieron a presentarse los desistimientos de la acción penal por parte del BANCO GENERAL y CITIBANK, N.A., los cuales formalizaron querella en el proceso penal y el Licdo. MIGUEL EDUARDO URRIOLA MAYLIN, en ejercicio del cargo de Curador designado dentro del Proceso de Quiebra del GRUPO ADELAG (FINANCIERA EL ROBLE, S.A., EL TRIANGULO, S.A., TECNOAUTO, S.A., UNICENTRO TRADING COMPANY y otras), CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO y AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO, presentó ante este Tribunal un memorial de desistimiento de la acción penal, por no existir daño o lesión a sus representados; es decir, a los acreedores de la quiebra.

Estos desistimientos de la acción, de conformidad a lo normado en el artículo 1965 del Código Judicial, son procedentes; en vista de que en los procesos penales es viable el desistimiento. Sin embargo. el Juzgado Decimotercero de Circuito Penal no admitió dicho acuerdo y se continúo con el trámite del proceso. Contra esta decisión se interpusieron de recursos legales. Los encausados han concurrido y atendido, conforme la Ley, todas la citaciones y se presentaron al proceso para hacerle frente a los cargos que se le señalan, habiendo comparecido a todas las diligencias y audiencias fijadas por el tribunal. A pesar de lo anterior, un medio de comunicación ha hecho públicas manifestaciones contrarias a esta realidad, aunque la presencia en todos los actos de audiencia realizados por los tribunales le consta al propio medio de comunicación.

Durante el acto de audiencia se realizó la prueba pericial por los auditores del Ministerio Público, los licenciados CÁNDIDO GUERRA, JOSÉ VERGELI, MERCEDES SANTYOS Y VERÓNICA CASTILLO y tenía por objeto probar el supuesto delito y al momento de ser repreguntados manifestaron que no podían determinar cuál era la supuesta falsedad, ni cuál era el perjuicio ni monto del supuesto perjuicio, más aún, afirmaron que si había pagado a los acreedores no existía ni podía existir un supuesto daño. A pesar de lo anterior, el Juzgado Décimo Tercero de Circuito Penal, mediante la Sentencia Mixta No. 1 de 9 de enero de 2009, los declaró penalmente responsables por los delitos de Estafa y Falsedad y condenó a la pena de 48 meses de prisión y 125 días multa a razón de 250.00 balboas por días.

Esta sentencia no fue impugnada por la Fiscalía en su momento, solo fue recurrida en recurso de apelación por abogados defensores. La Fiscalía anuncia y sustenta Recurso de Casación cuando el Segundo Tribunal revoca parcialmente la Sentencia Mixta No. 1 de 9 de enero de 2009 y los absuelve por el delito de falsedad. Desconociendo estos hechos, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resuelve aumentar la pena impuesta en primera instancia, sin haber sido pedido por el Fiscal y se publica el contenido de la misma en un medio de la localidad, aún siendo un proyecto de resolución y no una sentencia. Al imponerse una pena superior a la fijada por el Juzgado Decimotercero de Circuito Penal, el despacho infringe el principio Non reformatio in peus, contenido en el articulo 23 del Código de Procedimiento Penal y los principios generales del proceso penal.

Inclusive, el fallo último de la casación tiene una cantidad de errores legales que deben ser subsanados. El fallo es firmado por el magistrado Harry Díaz, pero le correspondía al magistrado Luis Ramón Fábrega, quien había reemplazado a Winston Spadafora. Curiosamente la Fiscalía había presentado la casación por el delito de estafa y en su momento no apelo la condena inicial, pero los magistrados determinan, totalmente fuera de lo que podían hacer, un aumento de pena. El fallo lleva el salvamento del magistrado Aníbal Salas, quien explicó ampliamente los errores incurridos, adicionando su duda de que el magistrado Moncada pudiese haber leído 14,216 fojas del expediente en cinco (5) días. No hay duda de que este caso aún no termina, y parece que más que condenar a los inculpados, terminará por desprestigiar aún más a la Corte Suprema de Justicia.

INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.

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