Del firmamento está cayendo un ángel

Después de años de advertencias sobre nuestra indisciplina fiscal, recibimos la factura de cobro: en pleno Jueves Santo fuimos informados de la pérdida del grado de inversión (GI) por parte Fitch Ratings, que degradó nuestra calificación de riesgo soberano a BB+ desde BBB-. A falta del retiro por parte de otra agencia calificadora, estamos al borde de convertirnos en un “ángel caído”, eufemismo con el que se nombra a los países que pierden su GI en dos agencias.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a un segmento del país, esta no fue una decisión improvisada. Así como la obtención del GI no es algo que sucede de la noche a la mañana, su pérdida no es el fin del mundo y es un proceso que se gesta a lo largo del tiempo.

Los informes de Fitch del 2010-2024

Panamá obtuvo la calificación de GI (BBB) por parte de Fitch en marzo de 2010, año en el cual la agencia resaltaba la virtuosa combinación de un crecimiento vigoroso y de una solidez fiscal previa, apuntalada por la reforma tributaria implementada ese año.

En el 2011 se mejoró la calificación de riesgo a BBB, en el contexto de los grandes proyectos de inversión en infraestructura y un crecimiento de dos dígitos. A partir de ese momento y hasta el 2019, la agencia reafirmó su calificación, aunque cada vez era más notable la aparición de argumentos y avisos sobre la necesidad de realizar una consolidación fiscal, para que el control de las ratios del déficit y de la deuda no dependieran esencialmente de su denominador: el crecimiento económico.

También se hacía seguimiento cercano a las múltiples modificaciones del tope del déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF). El dinamismo experimentado soportaba estas sugerencias y le daba un respiro a las autoridades, que continuaban ignorando una debilidad estructural del modelo panameño: altas tasas de crecimiento, pero bajos niveles de recaudación y gasto descontrolado, fórmula incorrecta para garantizar la sostenibilidad fiscal.

En febrero de 2020 se revisó la perspectiva de la calificación de estable a negativa. La fecha es relevante porque se produjo antes de la pandemia. Esta decisión se relacionó con la denuncia realizada por la entonces entrante administración, con respecto a deudas atrasadas y discrecionalidad en prácticas de contabilidad fiscal para cumplir con los déficits establecidos en la LRSF. En 2021, la calificación de riesgo se deterioró un peldaño, para situarse en BBB-, debido al fuerte shock generado por la pandemia, que fue mucho mayor en Panamá con respecto a los países con GI.

A lo largo del 2022-2023, la perspectiva de la calificación pasó de estable a negativa, en función de mayor presión sobre el gasto y la persistencia del problema estructural del recaudo, a la vez que señalaban debilidad institucional y deterioros en la gobernanza del país. Finalmente, la calificadora comunicó el retiro del GI de Panamá.

Aunque la causa principal de la decisión se relacionó, esencialmente, con la falta de consolidación fiscal, es importante rescatar otro aspecto señalado por Fitch: los desafíos de la credibilidad fiscal de Panamá, asociados con el uso de contabilidad creativa para cumplir con las metas del déficit, el incumplimiento de algunos mandatos legales como la actualización del marco fiscal de mediano plazo - que debería anclar los objetivos presupuestarios y que no se publica desde el 2019 -, la calidad de las estadísticas y las auditorías del Consejo Fiscal Independiente, creado en 2018, pero que no ha operado.

Del firmamento cae el ángel, pero no se está cayendo el cielo

La pérdida del GI generó un revuelo mediático en el que parte de las opiniones vislumbraron un escenario apocalíptico que podría exacerbar las expectativas negativas, algo poco conveniente para la economía.

En este sentido, conviene hacer un llamado a la racionalidad y a la mesura. En función de la experiencia regional de otros ángeles caídos y de los datos recientes del mercado de deuda panameño, es apropiado recordar que el retiro del GI es el colofón de un proceso que los mercados asumen con varios meses de anticipación; por lo tanto, una buena parte del impacto ya ha sido descontado, algo que se observó desde noviembre, cuando la prima de riesgo soberano fue superior a la de países sin GI. El mismo escenario se replica para el sector privado. Vendrán réplicas sobre las empresas y bancos que aún poseen el GI, incidiendo sobre el costo de financiamiento - aunque, repito, parte de este ya ha sido descontado -. Un factor externo positivo que atenuará esta dinámica consiste en el entorno próximo de recortes de tasas de interés por parte de la FED.

Lo anterior no demerita lo sucedido y, por supuesto, siempre es mejor tener el GI que no tenerlo. Pero su pérdida, aunque no debe minimizarse, no es una catástrofe. Tampoco se debería generar un desgaste cuestionando una decisión que fue tomada después de un largo periodo de llamados de atención, sino más bien transitar hacia el terreno de las propuestas y soluciones.

Recuperar el GI será una tarea compleja que requerirá de reformas estructurales y no cosméticas, que deben realizarse no solamente para tener el visto bueno de una agencia calificadora, sino para garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y del crecimiento de mediano y largo plazo. A Colombia y Uruguay les tomó 11 años recuperarlo, después de implementar reformas. En el caso panameño, sin lugar a duda, también pasarán años para recuperar esta distinción.

El país requerirá de consensos que superan al órgano Legislativo y Ejecutivo, en una conversación nacional que demandará transparencia y voluntad política. ¿Están dispuestos los ciudadanos y líderes a jugársela para ordenar nuestras finanzas y recuperar el GI? Esa es una de las preguntas de fondo y forma. Veremos qué propuestas traerán los nuevos habitantes del Palacio de Las Garzas y del Justo Arosemena después del 5 de mayo.