Desarrollo sostenible, derechos humanos y el nuevo Gobierno

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue aprobada por las Naciones Unidas en 2015, y comprende cinco ejes: planeta, persona, prosperidad, paz y alianzas, y está integrada por 17 Objetivos, y tiene en mente erradicar la pobreza, proteger el planeta, lograr la prosperidad y bienestar para todos; documento adoptado por Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo No. 393 del 14 de septiembre de 2015.

¿Pero qué es desarrollo sostenible y por qué es importante la Agenda 2030? Desarrollo sostenible es sinónimo de sustentable, viene del informe de Brundtland (1987) de la ONU, y se resume en “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades (Larrouyet,2015).

Al hablar de la Agenda 2030, hay que tener presente que existe una vinculación entre desarrollo sostenible y derechos humanos, y que la Agenda es universal inspirada en principios de derechos humanos desde una dimensión económica, social y ambiental centrada en el bienestar de las personas.

Con la Agenda 2030 se persigue que las personas puedan vivir en dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable, gozar de una vida plena y próspera, en sociedades pacíficas y justas, lo que en otras palabras, implica que para lograr esos objetivos, los Estados, como es el caso de Panamá deben cumplir con los objetivos y fijar metas, para lograr un desarrollo, de manera que todas las personas puedan ejercer y disfrutar de los derechos humanos.

Es difícil en esta ocasión, referirnos a los 17 objetivos que están interrelacionados, y vinculados con los derechos humanos, sin embargo, sí podemos señalar que el centro de la atención está en el derecho al desarrollo, que busca el mejoramiento y bienestar de las personas en plena igualdad, y de los pueblos, que se enmarca en los siguientes objetivos: el derecho al trabajo (ODS 8), a un medio ambiente sano (ODS 6,13,14,15), a una educación de calidad (ODS 4), al derecho a la igualdad y no discriminación (ODS 5,10), al derecho a vivir en sociedades pacíficas con seguridad jurídica, a tener acceso a la justicia (ODS 16), a vivir sin pobreza ( ODS 1), sin escasez de agua (ODS 6), con una educación de calidad, sin analfabetismo (ODS 4), y sin desigualdad social (ODS 10).

Como observan, el contenido de la Agenda 2030 es variado, y merece una especial atención. Hasta hace algunos años, no nos habíamos adentrado en esta línea de investigación, sino fuera por una invitación de la Universidad de Guadalajara en la que nos publicaron un ensayo en un libro, sobre Ecosistema Terrestre y Código Penal del 2007, y a partir de ahí, realizamos otra investigación vinculada al tema, en el marco del derecho al desarrollo, a la paz y a la justicia.

Y como bien alguien lo ha indicado (Márquez Benítez,2020), siguiendo el principio adoptado por las Naciones Unidas (“No dejar a nadie atrás”), la importancia del compromiso en la Agenda 2030, no solo es del Estado y a nivel del sector público, sino también privado, y que la academia y las organizaciones de la sociedad civil, deben aportar su conocimiento, innovación y capacidades para alcanzar las metas y objetivos del desarrollo sostenible.

La Agenda 2030, plan global transformador, es ambicioso, quizás suene poco realista, y sus críticas no han faltado, por las dificultades de su implementación, entre otras, pero lo que sí estamos seguro de que es un barómetro en el cumplimiento de sus objetivos.

¿Y nos preguntamos, acaso no es necesario reducir las desigualdades, erradicar la pobreza, luchar contra el hambre, vivir en una sociedad pacífica y libre de violencia, proteger los recursos naturales, asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas, entre otros? Panamá presentó el Plan estratégico (2020-2024), y en los documentos hay indicadores y metas que tiene que cumplir el Estado panameño, en la que podemos mencionar los retos y desafíos que tiene nuestro país, a fin de poner fin, entre otros, a la desigualdad social, la pobreza, la necesidad de garantizar el derecho al agua, el desempleo, la discriminación contra grupos vulnerables, violencia contra la mujer, barreras en el acceso a la justicia, y finalmente, respecto a la problemática educativa en general, ya conocida y advertida por Unicef (2020).

Sin duda alguna, que “pensar en el futuro” resulta ilógico cuando algunos prefieren vivir el momento, sin embargo, hay que actuar en el presente si queremos avanzar para lograr el bienestar general de la población, en salud, educación, trabajo, agua y a la tierra, entre otros, por lo que le tocará al próximo presidente de turno cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, previamente adquiridos.