El costoso fiasco de la minería de cobre en Panamá

Los geógrafos sabemos que estamos en Panamá sentados sobre un suelo pobre, solo 17-20% apto para actividades agrícolas realmente productivas, pero con un subsuelo muy rico, tal como se advirtió desde el principio cuando nos llamaron Castilla del Oro. Después de cinco siglos de historia minera, vivimos el fiasco del mayor proyecto de explotación de minas en el istmo, nuestro Brexit local sin referéndum.

Inversionistas canadienses (First Quantum Minerals) adquirieron en 2013 Minera Panamá, dueña de la concesión gubernamental, que venía desde 1991, de una mina en Cerro Petaquilla, Donoso. Mina de cobre, entre las mayores del mundo, con una inversión hoy de aproximadamente 11,6 mil millones de dólares, cuya operación comercial inició en 2019. La explotación minera generó 4,8% del PIB, 2.500 millones de dólares en exportaciones en 2022, más de 40.000 empleos directos e indirectos y gran actividad económica en su zona de influencia directa hasta el sur de Coclé.

Después de meses de negociaciones con un gobierno nacional debilitado, para revisar el contrato con Minera Panamá, pacto de 1997 declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017, en enero de 2022 se adoptó un acuerdo entre ambas partes. Pero la empresa minera, arrogante y golosa, exigió demasiado a un gobierno agotado y dilató, hasta muy tarde, la conclusión del convenio.

Finalmente, el gobierno panameño acordó un pacto mejor que el anterior, un pago anual de la empresa mucho mayor, con un mínimo de 375 millones de dólares y otras condiciones por la venta de cobre, oro, plata y molibdeno. El Órgano Ejecutivo envió muy tarde a la Asamblea Nacional, en julio de 2023, en precoz época preelectoral, el contrato-ley.

Ante protestas y dudas, el Órgano Legislativo devolvió el proyecto al Órgano Ejecutivo y le propuso renegociar puntos sensibles, lo que aceptó también Minera Panamá. La Asamblea Nacional aprobó en octubre de 2023 el contrato-ley corregido, el presidente Cortizo lo refrendó y lo promulgó, en solo tres días, lo que se convirtió en detonante de un denso descontento acumulado por la creciente corrupción pública, la reiterada incompetencia y los desatinos del gobierno nacional cometidos desde 2020.

Miles de panameños, muchos jóvenes, se manifestaron en octubre y noviembre de 2023 en marchas de protesta, las mayores desde el régimen de Noriega, hecho que aprovecharon sectores relativamente minoritarios, sindicales y políticos de la extrema izquierda (Suntracs y Asoprof) y grupitos radicalizados de indígenas ngöbe-buglé, para imponer el caos, la anarquía general e impedir con violencia el libre tránsito en las ciudades y carreteras, con muertos y heridos y pérdidas económicas incalculables, ante la pasividad de las más altas autoridades nacionales y policiales responsables por asegurar el cumplimiento de la ley.

Abogados opositores interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia demandas para declarar la inconstitucionalidad del contrato-ley, se adoptó la ley de moratoria minera indefinida y el presidente Cortizo propuso un referéndum sobre el tema, medidas irreflexivas y desesperadas. La Corte Suprema de Justicia, acosada por una turba de militantes anti minería, falló el 28 de noviembre de 2023 que el contrato-ley era inconstitucional. Enseguida, el presidente decidió el cierre de la mina, con graves afectaciones económicas y sociales que apenas empiezan a manifestarse: la tasa de crecimiento económico prevista bajó de 7% en 2023 a menos de 2% en 2024, miles de trabajadores cesaron y se anunció la primera demanda contra Panamá, multimillonaria, ante un tribunal arbitral internacional.

Muchos panameños creen, más bien por razones ideológicas o por ignorancia cultivada por medios y redes sociales (y otros oportunistas) que la minería es intrínsecamente mala para Panamá y que debemos ser un país libre de minas. Lo hacen a pesar de que la mayoría de nuestro territorio está muy despoblado, que la minería generalmente se practica lejos de las áreas ecuménicas y ocupa poco espacio, sin afectar directamente a la inmensa mayoría de la población.

Toda mina a cielo abierto altera negativamente el medio natural, pero se acusó, falsamente, de ingentes afectaciones ambientales de la mina de Donoso que llegarían hasta al mismo Canal. El colmo fue comparar la mina con la situación del enclave colonial y la soberanía panameña en la Zona del Canal en el siglo XX.

Cualquier actividad minera provoca rechazo por parte de un activo sector de “ambientalistas” panameños, de sus aliados de la sociedad civil y ahora de la Iglesia católica. Sin embargo, no parecen reaccionar ante los muy graves problemas ambientales urbanos como la falta de agua potable, la inseguridad ciudadana, la omnipresente basura, el insuficiente transporte público y la contaminación acústica, como lo hicieron con la mina. ¿Dónde están las manifestaciones sobre cerro Patacón que envenenó a toda la ciudad?

Sectores menos apasionados comienzan a deplorar lo sucedido y a proponer la reapertura de la mina de Donoso bajo condiciones más ventajosas para Panamá, pero el gobierno actual traslada este como otros inmensos problemas al que será electo en mayo de 2024: Seguro Social fallido, nuevos embalses del Canal, deuda pública, corrupción estatal, desempleo, mala educación y salud, deficiente infraestructura, contaminación ambiental, etcétera.

Tenemos otras dos minas de cobre de dimensión comparable a la de Donoso: Cerro Colorado, considerada desde la década de 1970, que se trató de resucitar en 2011, proyecto fallido por la protesta de indígenas ngöbe-buglé aupados por opositores desde la capital; y, Cerro Quema, proyecto suspendido que desata fuertes rechazos entre “ambientalistas” y habitantes de comarcas cercanas en Tonosí.

Después de las elecciones de mayo de 2024... ¿podrían cambiar las decisiones? ¿Querría el nuevo gobierno renunciar al aprovechamiento de un recurso natural valioso para resolver muy graves problemas económicos, financieros, políticos y sociales que heredará? Se trata de una operación minera instalada con enormes inversiones y un mercado internacional creciente de un bien cada vez más costoso. ¿Reabriría la mina, de acuerdo con el interés nacional, un nuevo gobernante que tuviese más inteligencia, visión y coraje, en un clima mucho más racional y calmado? Esperemos al menos seis meses para tener una respuesta.