El dinero en los procesos electorales

El 5 de mayo se realizarán las elecciones en nuestro país. A casi dos meses y medio de las mismas aún reina la incertidumbre en torno a realmente cuantos candidatos estarán en la contienda presidencial, pues más de uno tienen procesos judiciales pendientes, otros hablan de llegar a establecer coaliciones cediendo su curul.

Por otro lado, un inequitativo financiamiento público electoral, es el reflejo de como la partidocracia acomoda sus intereses partidarios y personales en la Asamblea Nacional, así dos de los candidatos se llevan más de 40 millones de dólares, que representan el 82.6% del financiamiento (por cada dólar 0.83 centavos), a la que se le sumará el financiamiento privado. Con ello, el clientelismo arranco antes de iniciada la campaña electoral (3 de febrero). Panameño recuerda lo que te “dan” es financiado con nuestros impuestos y no con sus recursos, además de no resolver tus problemas esenciales de vida.

La demagogia y falsas promesas son la tónica de la mayoría de los candidatos. De las 8 candidaturas a la presidencia para este 2024, se presentan solo dos propuestas: la de “más de lo mismo” y la del cambio real. Debemos tener claro que siete de los candidatos ya han sido parte de las estructuras de mando de gobierno, ya sea como presidente, ministros, ministros consejeros, etc.; ninguno denuncio y renuncio por los escándalos de corrupción durante su administración; ninguno atendió las necesidades insatisfechas de la población, por el contrario, impusieron con represión medidas impopulares. Los siete avalan el aumento de la edad de jubilación y reducción de pensiones, son promineros.

El hartazgo de los panameños ante el deterioro de sus condiciones de vida exige cambios reales. La población panameña exige propuestas que vayan dirigidas a solucionar sus problemas: alto costo de vida (alimentos, medicamentos, combustible, luz), falta de agua potable 7/24, desempleo y bajos salarios, déficit de vivienda, recolección y disposición de la basura, destrucción de la naturaleza, inseguridad ciudadana, galopante corrupción e impunidad.

Es decir, el sentimiento de bienestar social y adecentamiento es la aspiración de las mayorías, sin embargo, actualmente la mayoría de la población piensa negativo sobre la dirección en que va el país producto del accionar de todos los gobiernos post invasión en el manejo de las finanzas públicas, los gastos innecesarios, las prebendas a corruptos y corruptores, leyes para beneficiar intereses personales y de sus socios, alto endeudamiento público.

En medio, la desconfianza hacia las instituciones electorales que a la fecha no demuestran tener la eficacia para el pleno respeto del voto.

Lo que reconocen como democracia en el país, puede derrumbarse si el voto se decide más como resultado del dinero gastado en propaganda política masiva o por el que aportan quienes dictan las decisiones del Estado, el poder económico, los financiadores de las campañas de la partidocracia y pseudo independientes; es decir por la chequera y clientelismo.

Si analizamos el proceso electoral desde el punto de vista del financiamiento, los impactos más notorio del dinero son: pérdida de condiciones igualitarias de competencia, desigual oportunidad de difusión de la imagen y el mensaje de algunos candidatos, distorsión de la agenda política a partir de las cuales se gestan las opciones electorales, limitación de las opciones donde hay temas que quedan fueran de la elección, la propaganda reemplaza la propuesta y el dinero otorga la capacidad de hacer propaganda.

En medio de este escenario de antidemocracia, tenemos una propuesta que nace del seno del pueblo humilde y trabajador: el Plan para la Vida Digna. Propuesta que frente a la chequera y el clientelismo ha llamado a la dignidad, misma que camina en nuestras comunidades, que hará posible lo que hasta hoy le ha sido negado a las mayorías: bienestar humano.