Empleos necesarios para los desempleados del 2020

Las últimas cifras oficiales divulgadas indican que el desempleo abierto en nuestro país —individuos disponibles para trabajar, pero que no consiguen empleo— se cifró a agosto pasado en el 5.8 % de la población económicamente activa, comparado con el 4.9 % el año anterior y 3.0 % en el 2011. En términos absolutos, cerca de 140 000 personas estaban desempleadas en agosto pasado, de los cuales la mayoría eran mujeres con capacidad y disposición para el trabajo, pero hasta entonces no encontraban empleo. Más de la mitad eran jóvenes entre 15 y 29 años. Esta anomalía sucede en una economía que no crece adecuadamente, con una situación fiscal asfixiante, una deuda pública heredada al límite de nuestra capacidad de repago y una nueva Administración que se ha impuesto la creación de puestos de trabajo suficientes en un ambiente que limita su capacidad para resolver, mediante la planilla estatal, la demanda de trabajos de la población.

El problema está plenamente identificado y dimensionado. Hay más desocupación en áreas urbanas que en las rurales. Colón es la provincia con mayor desocupación —12.1 % de la población económicamente activa— y Los Santos arroja la menor tasa —0,6 %— en el país. El aumento es atribuible básicamente a la culminación de grandes obras públicas y falta anterior de una clara política agropecuaria e industrial.

Por otro lado, a la par del desempleo abierto existe la informalidad de personas que brindan servicios o ejercen comercios o industrias fuera del sistema que permite operar y recibir los evidentes beneficios de la formalidad. Para agosto del presente año más de 716 000 personas —un 45 % de la población ocupada— ejercían empleos informales, representando 36 000 individuos adicionales al año anterior. Estos adictos a la informalidad no asumen todas sus obligaciones con el país ni la carga fiscal proporcional que les corresponde ni tampoco recibirán los beneficios que ofrece el sistema formal. Son los trabajadores independientes que ejercen por cuenta propia, que no tienen jefes ni horarios fijos ni contratos de trabajo ni seguridad social; su integración al sistema formal les resulta costosa y les exige mejor formación vocacional o académica. También vemos empresas formales que, para economizar los costos atinentes, contratan trabajadores informales, como obreros de la construcción, choferes, ayudantes, vendedores del comercio, operadores logísticos, etc.

La anomalía no es nueva: mientras 140 000 personas buscan trabajo en la empresa privada o en el sector público y no lo encuentran, más de 700 000 individuos se ganan la vida de una u otra forma, abriéndose camino fuera de las reglas formales necesarias para lograr el desarrollo ordenado de la sociedad en general. Este mismo diario ha venido insistiendo en los problemas atinentes a la pobreza, la desigualdad y el empleo informal desde hace años, calificándolos como “asignaturas pendientes del crecimiento del país”.

¿Por dónde comenzar a atacar —a corto, mediano y largo plazo— un problema ya endémico, tan complicado y con tantas ramificaciones? Hace cuatro años el titular de este diario señalaba “exigen mano de obra calificada para llenar 232 mil vacantes”, anunciando la construcción de cuatro institutos técnicos superiores para llenar esas vacantes en cinco años. De haberse cumplido ese objetivo, ya se habrían graduado cientos de técnicos capacitados; me temo que esos buenos deseos no pasaron de ser ilusiones fallidas. Pero por allí va el camino de redención: por la educación en general y la capacitación especial en las disciplinas requeridas para el desarrollo de actividades productivas específicas. Sin la adecuada educación y formación de profesionales competentes en todas las áreas del conocimiento no se podrán lograr resultados óptimos ni duraderos.

El real desafío de la presente Administración será incentivar al sector privado a crear nuevos empleos, a pesar de los nubarrones de la desaceleración económica local y mundial. Para eso es necesario disminuir la incertidumbre y alimentar confianza administrando la cosa pública con total trasparencia. Es un reto al que deberá entonces responder la empresa privada para contribuir con el aumento de empleos dignos, incluyendo la resolución satisfactoria del asunto pendiente de la fijación de una nueva escala salarial mínima. Un ajuste en ciernes al salario mínimo ciertamente podría afectar principalmente a la pequeña y mediana empresa que lamentablemente ya no están generando nuevos empleos y, por el contrario, están despidiendo personal o dejando de operar.

Somos parte de un mundo que es un permanente tinglado de competencias para lograr la mayor efectividad en la prestación de servicios y ofertas de productos de calidad. Para que los desocupados del 2020 y del futuro encuentren ocupaciones útiles habrá que ganarle a la ignorancia y pobreza intelectual, y a la informalidad y a la falta de trabajos dignificantes. Miles de mujeres y jóvenes panameños desocupados no pueden esperar mucho más.