En las cárceles, ¿quién manda?

La fuga de 195 privados de libertad, el 1 de junio, de La Joyita no solo representa uno de los episodios más graves en la historia reciente del sistema penitenciario panameño. También provocó que el país descubriera una realidad que muchos sospechaban, pero que pocos imaginaban su magnitud.

Lo que las autoridades han encontrado en los allanamientos posteriores parece más propio de una armería, una tienda de tecnología y un centro de entretenimiento que de una prisión. Las cifras hablan por sí solas.

En La Joyita fueron decomisadas armas de fuego, municiones, cientos de armas artesanales, más de 350 teléfonos celulares, routers, antenas de internet satelital, consolas de juegos, más de 300 televisores, dinero en efectivo y cientos de sobres con presuntas sustancias ilícitas.

Como si esto fuera poco, en el Centro Penitenciario de Chiriquí la denominada Operación Armagedón encontró una realidad igualmente alarmante, cientos de celulares, chips telefónicos, routers, drogas, dinero en efectivo, más de doscientas armas punzocortantes, equipos electrónicos y hasta cien galones de bebida fermentada.

La pregunta que surge de manera inevitable es sencilla, ¿quién tenía el control de estas cárceles? Porque resulta imposible creer que semejante cantidad de artículos ingresara, de manera oculta o sin complicidad de algunas de las autoridades. Las armas no aparecen solas. Las antenas satelitales no caen del cielo. Los televisores, routers, dinero, drogas y equipos electrónicos no atraviesan muros.

Todo esto tuvo que entrar por alguna puerta y si entró por una puerta, alguien tenía la responsabilidad de impedirlo.

Durante años se nos habló de centros de rehabilitación, de reinserción social y de resocialización. Sin embargo, los hallazgos recientes muestran que en algunos sectores del sistema penitenciario parecían existir espacios donde el crimen operaba con niveles de comodidad y autonomía incompatibles con cualquier concepto de privación de libertad. Lo más preocupante es que, mientras las imágenes de los decomisos recorrieron el país y causaron indignación ciudadana, las consecuencias administrativas han sido limitadas. Se anunció la destitución del director de Seguridad Penitenciaria, Luis García, pero la magnitud de lo encontrado exige respuestas más profundas. Porque aquí no estamos hablando de una falla aislada ni de un incidente puntual. Estamos hablando de una cadena de controles que aparentemente dejó de funcionar durante años.

La responsabilidad no puede terminar en un solo funcionario. Los panameños merecemos saber quién permitió que las cárceles se transformaran en centros de extorsión y recreación, con una libertad que desafía toda lógica. Saber por qué, a pesar de semejante escándalo nacional, las máximas autoridades responsables de la administración penitenciaria continúan en sus cargos sin mayores explicaciones públicas.

Lo más grave no fue que 195 presos escaparan. Lo más grave es que los allanamientos demostraron que, mucho antes de la fuga, el Estado ya había perdido el control de las cárceles. Hoy no basta con celebrar los decomisos, lo verdaderamente importante es garantizar que esta situación no vuelva a repetirse y que quienes tenían la responsabilidad de prevenirla rindan cuentas ante el país. Porque una cárcel donde ingresan armas, drogas, antenas satelitales y cientos de dispositivos electrónicos sin control no es solamente un problema penitenciario, es un problema de seguridad nacional.

Mientras no se determinen responsabilidades reales, la pregunta seguirá vigente, ¿Quién controla realmente nuestras cárceles?