No hay negociación

Hay quienes han hecho del asalto al erario público un hábito y del “juega vivo”, una filosofía de vida. Tales prácticas parecen transitar impunemente desde la discreta sustracción de los útiles de oficina, productos de aseos o resmas de papel, hasta mobiliarios, medicamentos, títulos falsos y la utilización indebida de los recursos del Estado, pasando por el estudio detallado de sistemas destinados a delinquir.

En la Caja de Seguro Social, por ejemplo, las autoridades libran una batalla intensa contra el robo de medicamentos (el fentanilo solo fue una muestra). El Estado invierte millones de dólares en la compra de medicamentos y cada vez que un usuario se acerca a las farmacias no hay; son casi rutinarios los hallazgos en el uso indebido de pensiones, en el traslado de unas a usuarios que nos les corresponde; el llamado completamiento de cuotas, la utilización de los sistemas informáticos para burlar las normas y aprovecharse de los bienes, vendiendo servicios a quienes, por norma, les pertenecen de manera gratuita.

El más reciente ha sido el fraude a la DGI, un evento descomunal donde las investigaciones realizadas hasta ahora, van de sorpresa en sorpresa ante una sociedad que sorprendida creía que había respeto por los impuestos que disciplinadamente paga en cada periodo.

¿Cómo suceden estos eventos? Ningún riesgo implica pensar que para realizar tales actos hay que conocer bien los sistemas, tantos los de la CSS, como los de la DGI o los de cualquier institución, lo que sugiere que el enemigo está por dentro, convive con el sistema, comparte el día a día con los funcionarios honestos, transformando estos escenarios en una confrontación cotidiana entre los panameños decentes y aquellos que atentan contra esta condición.

Que estaba ocurriendo hace muchos años... eso parece. Al menos, las pesquisas apuntan en esa dirección, y la inmensa hoja de parra con la que se cubren los que delinquen siempre ha sido: aquí roba todo el mundo, los gobiernos son unos ladrones, esta es mi oportunidad. Cortina destinada a frustrar cualquier intento por poner en evidencia las malas prácticas, y a garantizar -es evidente- el continuo latrocinio a que es sometido el Estado que todos los ciudadanos sostenemos.

Lo ocurrido en la DGI es inaceptable ha dicho de forma categórica Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, que ha pedido a la Contraloría General de la República una auditoría exhaustiva en esa dirección. Más importante aún su señalamiento de que quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia... en eso no hay negociación.

Y no habrá. Chapman, al igual que el contralor Anel Flores en su momento, actúa bajo el total respaldo del presidente José Raúl Mulino. Desde el gobierno de Guillermo Endara hasta la fecha, un escándalo de esta magnitud, que por lo visto involucra a amplios sectores, no había sido expuesto de la forma en que hoy se hace.

Pareciera que existen sectores y personas en Panamá convencidas de que aquí se puede delinquir impunemente. Con toda seguridad, las medidas que se tomen en el caso de la DGI van dirigidas a demostrar que también existen sectores y personas dispuestas a detener estos actos.

No puede ser de otra manera, o se actúa con mano fuerte ante estos eventos o, en lugar de emporio comercial, el país podría convertirse en una selva de rufianes abusando cada día de una sociedad que trabaja y cree que las cosas se están haciendo bien. No habrá negociación.