Envejecer con calidad de vida en Panamá

En nuestro país, las personas mayores representan más del 12 % de la población, y para el 2050 sumarán casi 1.5 millones de personas mayores de 60 años. La inmensa mayoría mantiene todas sus habilidades personales y sociales, y aspira a seguir envejeciendo de forma saludable y productiva, aprovechando las oportunidades disponibles y contribuyendo al desarrollo del país. Sin embargo, el alcance de estas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un sistema de protección social que garantice seguridad de ingresos, calidad de vida y esperanza de vida saludable.

En ese sentido, los invito a reflexionar sobre la protección social y calidad de vida de las personas mayores en Panamá, y qué tenemos que hacer para garantizar el envejecimiento saludable de nuestros adultos mayores.

Sobre el particular, el Banco Interamericano de Desarrollo, refiriéndose al envejecimiento saludable en América Latina y el Caribe, señala en su reciente informe que, los esfuerzos por conseguir una atención médica universal y una agenda incipiente de políticas de cuidados de larga duración, junto con la ampliación de las prestaciones de pensiones no contributivas, han contribuido a mejorar la vida de las personas mayores.

Sin embargo, las posibilidades de alcanzar estos beneficios no son iguales para todas nuestras personas mayores en todo el territorio nacional. Aunque hemos avanzado en los últimos años, estamos lejos de alcanzar la cobertura universal de salud integral para todos; contamos con muy pocos servicios públicos dedicados a ofrecer cuidados de larga duración para los ancianos y la gran mayoría enfrenta graves dificultades financieras, que comprometen la calidad de la atención que reciben las personas. Como si fuera poco, nuestro sistema de pensiones enfrenta una crisis sin precedentes, que amenaza con dejar sin protección a todas las personas mayores que hoy gozan de una jubilación que, dicho sea de paso, no es suficiente para sobrevivir con dignidad.

Así las cosas, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo seguir avanzando por el camino de una mejor cobertura y calidad de la protección social y, al mismo tiempo, controlar las presiones fiscales? De acuerdo con el BID, en el informe arriba citado, la única manera es adoptar un enfoque holístico en el diseño de las políticas de protección social, que considere explícitamente las interacciones y sinergias entre las pensiones, los servicios de salud y los cuidados de larga duración, en un esfuerzo por brindar un nivel adecuado de protección a las personas mayores. Me refiero a continuación a estos tres ámbitos de la protección social.

Para comenzar, como recomendó la OIT en su reciente informe actuarial sobre nuestro sistema de pensiones, los panameños tenemos que retomar el diálogo social tripartito y avanzar en la discusión y definición de las opciones de reforma del sistema de pensiones, tomando en cuenta los cambios necesarios para su adaptación permanente e indispensable ante un entorno complejo y cambiante.

Los escenarios de reforma que propongamos deberán contemplar una visión que apunte hacia la garantía de la sostenibilidad del sistema panameño de pensiones en todo su conjunto, incluyendo una efectiva acción protectora de la población asegurada, y la consideración de un entorno para su funcionamiento cambiante y retador. Deberán tener como norte los principios de la seguridad social, entre otros los de universalidad, solidaridad, suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera y económica. Ya no tenemos la excusa de la supuesta falta de información. ¡Que no nos falte la voluntad política!

En relación al logro de la cobertura universal de salud, como he señalado antes en esta bitácora, tienen especial relevancia las siguientes condiciones: el mejoramiento de la organización de los servicios de salud, desarrollando un modelo de atención de salud centrado en las necesidades de las personas y las comunidades, sin olvidar las necesidades de las personas mayores; el fortalecimiento del primer nivel de atención, mediante el desarrollo de equipos de salud multidisciplinarios y redes integradas de servicios de salud; la definición de los mecanismos para garantizar la coordinación efectiva de las instituciones de salud, para conformar las redes integradas de servicios de salud, superando la fragmentación actual del sistema, y; el desarrollo de la necesaria coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y la calidad de vida. Sobre este tema también han abundado los espacios de diálogo, sin avanzar lo suficiente. Pero tenemos el conocimiento y los recursos para hacerlo. No tenemos excusa.

Finalmente, según el reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre visitas realizadas a 75 centros de atención, casas hogares y/o albergues, se concluyó que existe una necesidad de implementación de políticas públicas, programas sociales y médicos de apoyo a la población de personas mayores, que residen en casas hogares o centros de atención. En este sentido, se recomienda, al Mides, al Minsa, al Instituto Nacional del Adulto Mayor y a la administración de centros, implementar un plan nacional de atención integral, social, médica, de desarrollo de capacidades y actividades lúdicas. Aquí también tenemos suficientes leyes y normativas que establecen disposiciones, cuyo fin primordial es el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores. Es la hora de cumplirlas. Tampoco tenemos excusa.