Género y seguridad social

Empecemos por recordar que la principal característica de la sociedad panameña es la desigualdad, que se manifiesta de diversas maneras: entre lo urbano, rural e indígena; entre hombres y mujeres; entre los diferentes grupos etarios; entre ricos y pobres, por mencionar algunas brechas. Al tener presente la desigualdad, se hace necesario tener cautela al momento de los análisis socioeconómicos, sobre todo si pretendemos que estos se basen en los derechos humanos.

En el año 2019, la tasa de ocupación de los hombres en Panamá era de 74,2, mientras la de las mujeres 50,2. La brecha era de 24 puntos porcentuales a favor de ellos. Con la tasa de desocupación ocurre lo contrario; es decir, son más las mujeres desocupadas (7.2 %) en relación con los varones (4.7 %). A esta situación hay que añadirle el menor e inequitativo salario que reciben las mujeres en relación con los hombres, realizando la misma labor. Dependiendo del sector esta brecha oscila entre el 20 y el 30 % en detrimento de ellas. Históricamente, las mujeres ocupadas se concentran en los sectores de menor productividad y remuneración (77.5 %, Cepal).

Además, las tasas de desempleo desagregadas por sexo y por edad muestran que los jóvenes panameños en edades de 15 y 19 años y 20 y 24 años, les es más difícil conseguir empleos, lo que se refleja en las altas tasas de desempleo total de 17.8 % y 18.3 % respectivamente, muy por encima del promedio de desempleo nacional (INEC, 2019). Desagregado por sexo, vemos que esta situación afecta mayormente a las mujeres alcanzando tasas de 21.3 % y 25.1 % (30 240 mujeres jóvenes) que no consiguen empleo, provocando impactos específicos sobre ellas y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto en el ámbito privado al interior de los hogares, como en el ámbito público del mercado de trabajo.

El sector informal de la economía panameña es contabilizado por el INEC en base a la población ocupada no agrícola, sin seguridad social o sin contrato, excluyendo a los profesionales y técnicos que trabajan por cuenta propia o como patrones. Según el informe del Mercado Laboral, ha aumentado de 606 597 trabajadores informales en el 2017 a 716 113 en el 2019, lo que resulta en elevadas tasas de informalidad por el orden del 40.8 % y 44.9 % respectivamente; es decir, aproximadamente 45 de cada cien ocupados corresponden a un empleo informal en Panamá. Estas personas no están cubiertas por la seguridad social. A septiembre de 2020, el empleo informal había aumentado a 52.8 %, abarcando a más de la mitad de la población ocupada. Los informales se encuentran en sectores económicos como el comercio, la construcción, industria, actividades en los hogares, otros servicios, hoteles y restaurantes, entre otras actividades.

En Panamá 24 % de las mujeres mayores de 15 años no cuentan con ingresos propios, versus el 6.7 % de los hombres. Este grupo se mantiene al margen de las transacciones económicas y financieras, sin autonomía económica. Esta situación gravita sobre el índice de feminidad en hogares pobres que corresponde a 129.3. Es decir, por cada 100 hogares pobres con jefe hombre hay 129.3 con jefa mujer (Cepal).

Como resultado de estas diferencias de género en el mercado laboral son menos las mujeres incorporadas a la seguridad social. En el año 2019, de los asegurados cotizantes a la Caja de Seguro Social, el 61.0 % correspondió a los hombres, mientras que el 39.0 % fue para las mujeres. Esto no significa que las mujeres no están aportando al desarrollo nacional, o simplemente no trabajan, como algunos hacen ver. Por el contrario, en ellas descansa la reproducción social de la fuerza de trabajo.

Las mujeres que acceden a un empleo tienen trayectorias marcadas por una inserción tardía y discontinua en el mercado laboral -para 2019 el desempleo femenino juvenil entre 15-29 años fue del 19.2 % y en los hombres es 12.34 %. La reproducción biológica hace que ingresen tarde -para muchas el acceso al mercado laboral se realiza cuando sus hijos e hijas están en condiciones de valerse por sí mismas- por tanto, cuentan con menos experiencia en el mercado laboral, con débil desarrollo de capacidades en el puesto de trabajo; su inclusión se da en empleos precarios y con brechas salariales de más desigualdad. La deuda social del Estado en materia de trabajo de cuidado constituye un riesgo para las mujeres y su acceso a pensiones contributivas, ya que mantiene a miles de mujeres exclusivamente en la reproducción social.

Las nuevas inscripciones de asegurados en la República en el año 2019 alcanzaron un total de 30 648 registros, al comparar esta información con el año anterior, se reflejó una disminución de 37.8 %. De acuerdo con el total, un 51.8 % correspondió a los hombres, mientras que el 48.2 % a las mujeres. A su vez, el mayor número de inscripciones ocurrió en la provincia de Panamá con un 56.4% y el menor se registró en la provincia de Darién con un 0.03 %. Es importante recordar que la actividad económica se concentra en la zona de tránsito afectando al resto del país. Esta situación crea una distorsión que también se refleja en el sistema de seguridad social.

Según los datos del INEC (2000-2030), la esperanza de vida de las mujeres en Panamá es 5.8 años más que los hombres, sin embargo, esta diferencia aumenta (hasta 6.7 años en Chiriquí) o disminuye (hasta 3.8 años en Bocas del Toro), según la provincia o Comarca de la que se trate. Por lo tanto, no podemos basar los análisis relativos a los programas de Invalidez, Vejez y Muerte en este promedio nacional.

También es necesario señalar que más años de vida de las mujeres no necesariamente se traducen en mejor calidad de vida, ni en un privilegio. En algunos países se reconoce una pensión vitalicia a las mujeres amas de casa por su contribución a la reproducción social. Las mujeres que no forman parte del mercado laboral están produciendo en los hogares, realizando un trabajo imprescindible para que la sociedad y la economía entera funcionen.