Huelga, protestas y caos

Desde hace dos meses el país está siendo sacudido por manifestaciones populares, que nos han mantenido en vilo con escuelas cerradas, bloqueos de carreteras, tranques vehiculares y la represión para restaurar la libre circulación. Todos nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo final de todo esto?

Mientras tanto, el presidente y casi todos los ministros y funcionarios de alto nivel no han sido capaces de articular una respuesta ante tanta intranquilidad, que en algunos casos, como en Bocas del Toro, ha llevado a actos de violencia, saqueos, pérdidas de miles de empleos y el arresto de casi 200 personas acusados de robo y vandalismo. Quizás no hubiera hecho falta llegar a utilizar métodos represivos con un desmesurado despliegue de miembros de las diferentes ramas de la Fuerza Pública —Policía Nacional, Senafront, Servicio Aeronaval— para sofocar el estallido y si lo analizamos bien, este fue protagonizado por un número reducido de enmascarados y violentos; no ha quedado claro si existió algún vínculo con los trabajadores bananeros, con el tema de las jubilaciones o si fue producto de la penetración de grupos delincuenciales vinculados al pandillerismo u otras actividades capaces de patrocinar este nivel de destrucción, que incluyó a decenas de vehículos, depósitos de la Caja de Seguro Social, el asalto a oficinas públicas y las del aeropuerto, lo que condujo a la suspensión de las garantías y el cierre total de acceso a la provincia.

En el caso de los maestros, lo más grave ha sido el abandono de la labor casi sagrada de cumplir con su vocación de docencia y de contribuir con que los estudiantes de las escuelas oficiales puedan llegar, en algún momento, a igualar el nivel educativo de las escuelas privadas.

No hay derecho a haber sometido a cientos de miles de estudiantes de todo el país a cinco semanas de huelga, ese daño no podrá repararse ni en este año escolar ni en los próximos. Los maestros y profesores lo saben bien. La prueba PISA no miente, los resultados de los exámenes de ingresos a las diversas universidades tampoco mienten. En el caso específico de los docentes, sus condiciones de jubilación no se veían de manera inmediata afectadas por la ley, pues no subió la edad de jubilación ni se han aumentado las cuotas que aportan los asegurados.

En los últimos años —tras diversas huelgas que pudieran haberse evitado— los profesores y maestros han recibido aumentos salariales que ningún otro sector en el servicio público. Los maestros ganan mensualmente, en estos momentos, $1.600, gozan de más meses de vacaciones veraniegas, además de festivos y feriados, los que no tienen ninguna repercusión cultural y educativa.

La ministra de Educación ha demostrado no tener la capacidad y la habilidad para ocupar un puesto de tal responsabilidad y, prueba de ello, lo constituyen las dos o tres iniciativas suyas que el presidente ha rechazado públicamente, bien sea la compra de las computadoras, la conexión de internet para lugares tan remotos del país donde ni tan siquiera hay luz eléctrica y la licitación de los almuerzos escolares.

Debo compartir un testimonio personal, que conoce el actual presidente de la República; en casi 20 años de protestas y marchas multitudinarias la represión, igualmente brutal a la que hemos visto en la actualidad, produjo lesionados y muertes, más nunca y repito: nunca, participó nadie ocultando el rostro, enmascarados para no ser identificados, éramos ciudadanos que buscábamos pacíficamente una salida a la feroz dictadura de aquellos años terribles.

Llamo la atención a la diferencia entre los actos de delincuencia común entre Bocas del Toro y Almirante con las protestas de los Ngäbe-Buglé en Chiriquí y los emberá wounan en Darién, donde se obstaculizó el tráfico más en ninguno de estos casos se utilizaron bombas molotov ni se reportaron incendios o saqueos.

Mi posición sobre el tema de la remilitarización de la Fuerza Púbica la he manifestado una y otra vez. Conocer nuestra historia republicana muestra que el desarrollo de esta institución policial pasó, de lo que Arnulfo Arias calificó “de pito y tolete”, a una Guardia Nacional que avaló y participó en fraudes electorales, negociados ilícitos, en persecuciones políticas y en el golpe militar de 1968. La creación de las funestas Fuerzas de Defensa nos llevó a un paso más detrás de esta progresiva militarización, iniciada en 1904 donde siempre estuvo Estados Unidos ejerciendo una influencia nefasta sobre el desarrollo de un régimen democrático, que no estuviera contaminado por la injerencia de los cuarteles, instrumento represor responsable de desapariciones, asesinatos, deportaciones y vínculos con grupos dedicados al narcotráfico.

Queda pendiente un análisis que invite a la comprensión de los hechos ocurridos durante estos días y su evaluación de las responsabilidades, incluidos los métodos represivos utilizados por la Policía. Lo ocurrido durante las protestas, las huelgas y el caos, descritos brevemente, exige una reflexión profunda, no solo por parte del gobierno sino por diferentes organizaciones y grupos incapaces de ofrecer un liderazgo y orientación a la opinión pública, manteniendo un silencio sin salir públicamente a comprometerse.