Finanzas públicas (I)

En los noventa y hasta el 2005, con una breve excepción entre 1997 y 1998, la hacienda pública panameña tenía dos patas cojas: por un lado, el manejo presupuestario del Gobierno arrojaba estructuralmente un déficit que alcanzaba entre un 2.5 y 3 % del PIB; dicho sea de paso, no era para gasto productivo. Asimismo, estos bajos niveles de inversión pública posponían una deuda social que alimentaba el descontento de la población y nos alejaba de ser más productivos y competitivos. Esta situación no permitía afrontar grandes retos, tales como el desempleo, el desarrollo de infraestructura prioritaria, y mejoras en la calidad de vida del panameño promedio. Así, el presupuesto constituía una caja menuda para pagar deuda pública y una poco eficiente burocracia. Panamá recorría lentamente un trayecto al despeñadero.

El 2005, una sinergia virtuosa de factores se combinó para romper estas taras. El incremento de las exportaciones de China y el resto de Asia Pacífico dinamizó el comercio internacional. Así, tras la liberalización de nuestros puertos, hubo capacidad para aprovechar la coyuntura y ciertamente, el Canal de Panamá se benefició de este tráfico. Pero este creciente tráfico también nos hizo pensar que teníamos que modernizarnos para sobrevivir, y ese fue el imperativo que enhorabuena nos hizo apostar por la ampliación. Tal como ha apuntado el Dr. Ardito Barletta a lo largo de su vida profesional, apostar a la vocación de economía de servicios y diseñar políticas públicas para tal efecto, propició potenciar el hub logístico panameño, el desarrollo de nuestra línea aérea bandera, COPA, el aeropuerto, la Agencia Panamá Pacífico, la Zona Libre de Colón y las inversiones turísticas en el área metropolitana y en el interior. Este consenso nacional que existió poco antes y después de la transferencia del Canal de Panamá, sumado a las sensibles reformas fiscales que ocurrieron con el presidente Torrijos, aumentando grandemente los ingresos fiscales vía la expansión de la base tributaria, sin aumentar tasas impositivas sobre el ingreso, fueron pasos encaminados a hacerle frente a retos pendientes.

Durante la pasada administración 2004-2009, a partir del esfuerzo y planes del equipo económico y de distintos gremios de la sociedad civil, se regularizaron la finanzas públicas. El PIB creció de B/. 15 mil millones a B/. 30 mil millones. La deuda, pasó de pesar 71 % del PIB a 45 % e incluso nominalmente se atestiguó una leve disminución entre el 2006 y el 2008, cuando el Gobierno acumuló superávits en medio de unos niveles de inversión pública física en aumento (de 3.5 % a 7 % del PIB). Desde entonces esto no se repite, porque no fue una tarea fácil. Este esfuerzo mancomunado permitió al Gobierno invertir en distintas áreas de infraestructura y de desarrollo humano, controlando de manera inteligente el gasto no productivo. Al renovar la confianza del inversionista y el emprendedor, mediante políticas sostenibles, el país vería crecimientos extraordinarios de 9.2 %, 12.1 % y 10.7 % en esos mismos años. Al parecer, los panameños habíamos empezado a entender que cuando los tiempos son de ‘vacas gordas', se puede gastar inteligentemente para beneficio de la población y, a la vez, pagar deudas y ahorrar.

Lamentablemente, no nos ceñimos a la máxima bíblica de ‘ahorrar para enfrentar los tiempos de vacas flacas' y a manos de la pasada administración, el Gobierno se abocó al desenfreno en la hacienda pública, pese a contar con B/.18 500 millones adicionales en ingresos corrientes y totales que tuvo con respecto a la administración anterior. Con B/.4200 millones adicionales en saldos pendientes de proyectos llave en mano, nuestro país contrató empréstitos adicionales por más de B/.6800 millones, sin contar los B/.2000 millones de deuda contratada de las empresas que fueron sacadas de los estados financieros del sector público. O sea que, por endeudamiento, la pasada administración recibió cerca de 13 000 millones. Este monto es adicional a los ingresos corrientes generados entre el 2009 y 2014. Total de fondos que la administración 2009-2014 dispuso en comparación a la administración 2004-2009, 31 500 millones. Un alto porcentaje de estos fondos fue malgastado, mal utilizado en megaproyectos, ciertamente bienvenidos, pero definitivamente no prioritarios, con excesivos sobreprecios y dudosa rentabilidad social. Adicionalmente, hubo cientos de millones de dolares en partidas a funcionarios electos y no, afectos al Gobierno, más de B/.300 millones en publicidad demagógica y sin sentido, compra de políticos de otros partidos, espectacular incremento de la planilla estatal, entre otros despilfarros. Lógico, el superávit se esfumó, y la deuda pública y los compromisos por pagar, aumento.

Eso nos lleva al día de hoy. Sin duda, era de esperarse que los topes de la Ley de Responsabilidad Fiscal tuvieran que modificarse ante una coyuntura de despilfarro como la acabamos de vivir. Al nuevo Gobierno le tocará enfrentar la mora en prioridades educativas, institucionales y de infraestructura prioritaria, cuyo retraso podría incluso descarrillar nuestro éxito económico. Esto en un contexto de incertidumbre mundial, que afectaría el comercio internacional, las presiones de países para meternos en listas negras o grises, posibilidad que grandes economías caigan en deflación, entre otros temas. Preocupa.

Panamá tendrá éxito como país por la calidad de su gente y su posición como puente de las Américas y muy a pesar de la política malsana que nos ahoga. No obstante, preocupa que el nuevo Gobierno inicie su mandato con un flujo de caja apretado, inflexible y desbaratado. ¿Llegará el momento para que esta administración haga frente a estos problemas? Un pueblo vigilante se lo exigirá al presidente Varela, tarde o temprano. En un próximo artículo profundizaremos en los retos pendientes de Panamá y cómo consideramos que se pueden afrontar.

ECONOMISTA Y EXDIPUTADO.