La importancia de las TIC en la diplomacia

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información a través del ciberespacio, generando como resultado la interacción exponencial en una sociedad global impregnada por contenidos políticos, económicos, culturales y geopolíticos, entre otros. Estos, incluyen cuestiones claves de común interés para la humanidad, tales como la gobernanza del Internet en el ciberespacio digital, así como de la ciberseguridad, entre otros asuntos conexos de la agenda multilateral global.

El Sistema de las Naciones Unidas, a través de la agencia especializada en tecnologías de la información y comunicación (UIT), con sede en Ginebra, integrada por 193 Estados Miembros, empresas, universidades y organizaciones internacionales y regionales, facilita la promoción del desarrollo de las TIC a nivel mundial, velando por la armonización de las políticas nacionales sobre la materia.

La Guía para Estrategia Nacional para Ciberseguridad de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) indica que los programas de ciberseguridad deberían incluir, la concienciación sobre la ciberseguridad y las ciberamenazas, así como la promoción de la cooperación internacional para entender la naturaleza transnacional de estas últimas, ámbito de amplio espectro donde convergen actividades delictivas en la esfera digital. En América Latina y el Caribe, la cooperación regional para combatir la ciberdelincuencia se desarrolla principalmente a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) y el Grupo de Trabajo en Delitos Informáticos en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia y Fiscales Generales de las Américas (Remja). Se configura así un espacio hemisférico con fundamentos normativos para confrontar la ciberdelincuencia como una nueva modalidad delictiva que afecta la seguridad colectiva hemisférica.

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha generado una masiva interacción global en diferentes áreas del acontecer humano, incluyendo la diplomacia que, al añadirlas a sus prácticas, permite a los Gobiernos -sin dejar de lado la diplomacia tradicional del contacto directo- promover, a través de las conexiones virtuales o ciberdiplomacia, sus intereses nacionales en el mundo real, entre estos la ciberseguridad.

En Panamá, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2021-2024 cuenta con cuatro pilares fundamentales: proteger la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ciberespacio, disuadir y castigar el comportamiento criminal en el ciberespacio, fortalecer la seguridad y la resiliencia de la infraestructura crítica de la nación y fomentar una cultura nacional de ciberseguridad.

La República de Panamá aspira a convertirse en una nación que opera con un ciberespacio abierto, libre, seguro y resiliente, que salvaguarda los derechos y libertades fundamentales del pueblo, confiando en el trabajo colaborativo y continuo, promoviendo una conciencia universal de que la ciberseguridad es responsabilidad de todos.

De hecho, el país fungió, en el 2022, como sede del Foro de Seguridad de las Américas: “La Criminalización del Ciberespacio”, con la participación de expertos de 15 países, a fin de generar conciencia a nivel político de las amenazas cibernéticas; así como legislaciones e iniciativas políticas para proteger a la población de manera efectiva y construir una fuerte resiliencia en las estructuras y métodos de defensa que permitan una rápida recuperación ante cualquier ciberataque, disuadiendo a los responsables.

La ciberdiplomacia, la diplomacia pública 2.0 o la tecnodiplomacia, aunada a una cooperación bilateral y multilateral proactiva, resulta imprescindible para el uso eficaz de estas nuevas tecnologías en el ciberespacio, facilitando el avance de agendas diplomáticas más amplias en el ámbito multilateral y acordes con el bien común de la humanidad.

Entonces, constituye una responsabilidad, tanto del Estado como de los profesionales de la diplomacia, la actualización en estas novedosas tecnologías, como parte del desarrollo de capacidades negociadoras en la gobernanza del ciberespacio y la definición de normas vinculantes como parte del derecho internacional sobre la materia.