Inversión municipal

Hacia los años sesenta del siglo pasado, cuando los militares gobernaban el país, la institución del municipio daba muestras de ruina administrativa, tanto en gestión local, como política. Salvo algunas alcaldías de las cabeceras de provincia y otras menos importantes, se podía mencionar el cumplimiento de tareas que contribuyeran a fortalecer la vida comunitaria. Salvo carnavales y fiestas religiosas, nada significativo resaltaba en tales poblados.

Después de aprobarse la norma para instaurar un régimen democrático, y la selección de representantes de corregimientos que conformarían la comuna, poco fue lo que avanzó dicho régimen para su desarrollo; salvo, aquella potestad de los delegados de formar una Asamblea que aprobara las leyes. Eso duró hasta inicios del siglo XXI, cuando se escuchó sobre la necesidad de descentralizar esos gobiernos locales.

Resulta que casi un 65% de los municipios del país, eran subvencionados por los fondos del erario; circunstancia contraproducente, si se considera las perspectivas que se tenían del colectivo que sintetiza las aspiraciones sociales del pueblo. Casi cinco años demoró la discusión de un proyecto de ley para crear condiciones que posibilitaran una mayor autonomía en tal corporación.

Según datos documentales, se logró que la Asamblea Legislativa de ese momento aprobara, el penúltimo día del periodo, la ley 37 del 29 de junio de 2009 que descentralizó la administración pública en la República de Panamá. Consiste ella en un “proceso gradual mediante el cual el Órgano Ejecutivo traslada competencias y responsabilidades, transfiriendo, para tal efecto … los recursos para la implementación de políticas públicas provinciales, comarcales y municipales”. Vuelvo sobre esto último más adelante.

En su artículo 7, la disposición consigna conceptualmente que: “La descentralización tiene el objetivo de acercar las decisiones de la Administración Pública a la ciudadanía, trasladando las funciones públicas al nivel de gobierno más cercano a ella, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, en un marco que promueva la democracia y la eficiencia económica, favoreciendo el diálogo público-privado…”.

Lograr que esto se hiciera efectivo fue como una procesión del Cristo de Portobelo. A veces marchó hacia adelante y otras, hacia atrás. Cuando hubo que decidir de dónde sacar los fondos para traspasar a los municipios, se formó la debacle: pues se sugirió utilizar el impuesto de inmueble y algunos dieron el grito al cielo, porque implicaba que se subiría el canon por tenencia de haberes en bienes raíces.

En toda la discusión, no exenta de gritos en la Asamblea, manifestaciones callejeras, declaraciones de los gremios vinculados y los que no, no hubo discursos sobre la importancia del nuevo paso y la necesidad de fortalecer las competencias de esos organismos populares para aprender a manejar un incremento de fondos que, a partir de la vigencia de la ley, llegaría a esas arcas.

Nadie les dijo cómo se generaban nuevos proyectos en esos núcleos políticos y la manera de superar problemas como el aseo municipal: principal conflicto de toda alcaldía. La primera impresión que me causó el anuncio fue que todas esas entidades iban a hacer crecer la planilla con apellidos vinculados a las autoridades. No conozco un caso en que se hayan utilizado tales partidas para estimular empresas familiares o proyectos comunitarios.

Pero lo que sí ocurrió es que se creó un nuevo gasto en muchas estructuras del presupuesto, a través de las figuras de “movilización”, “gastos de representación” y “equipamiento”, cuyos objetivos concretos irían a parar en los bolsillos de personajes directivos de estas corporaciones.

¿Y los desechos, el césped convertido en monte, los huecos, los estacionamientos, el remozamiento urbano? Todo ha quedado en el olvido, como aquella mujer del Poema doloroso de Miró. Nada se aprendió sobre promover iniciativas y sustentarlas con los nuevos recursos, haciendo que éste fuera un centro político que irradiara desarrollo sostenible.

La descentralización sería así tipificada como una “inversión” (regresión) del progreso.