Islandia dice ‘no’ a Bruselas: una lección de soberanía

El referéndum celebrado en Islandia, el pasado 29 de agosto, ha producido un resultado que Europa haría mal en minimizar. Con el 52.8% de los votos, frente al 47.2%, una nación de poco más de 400,000 habitantes decidió no retomar las negociaciones para una futura adhesión a la Unión Europea. No fue un rechazo a Europa ni a la cooperación internacional. Fue algo más profundo: la afirmación de que cooperar no obliga a entregar la capacidad de decidir.

Los islandeses prefirieron proteger su independencia y soberanía antes que aceptar la publicidad procedente de Bruselas y de la izquierda europea, según la cual ingresar en la UE garantizaría automáticamente su seguridad, mejoraría su economía, reduciría el costo de vida y haría del euro una fuente de fortaleza. La izquierda islandesa llegó incluso a presentar a la UE como escudo frente a un Estados Unidos supuestamente amenazante para la independencia nacional.

Esas promesas pueden sonar atractivas, pero no constituyen una póliza contra la inflación, los impuestos, el endeudamiento ni las malas decisiones. Adoptar una moneda común también significa renunciar a instrumentos nacionales para responder a crisis propias. En materia de seguridad, Islandia entendió que su soberanía se protege gracias a su pertenencia a la OTAN y su relación estratégica con Washington, no en una cesión adicional de competencias a Bruselas. Para Islandia, con este resultado, la prosperidad y la seguridad consisten en conservar la responsabilidad sobre las decisiones que afectan a sus ciudadanos.

En el fondo de este debate histórico, el sector pesquero fue crucial. Para Islandia la pesca no es una actividad más: es riqueza, empleo, identidad nacional y soberanía alimentaria. El sector representa cerca del 40% de sus exportaciones y alrededor del 7% de su producto interno bruto. Sus caladeros son un patrimonio excepcional, construido mediante décadas de defensa de sus aguas. El temor a que la política pesquera común terminara abriendo espacio a flotas europeas, muchas de ellas desesperadas por encontrar nuevos bancos después de haber deteriorado los propios, no es una fantasía política. Es la lógica elemental de quien conoce el valor estratégico de su principal recurso y se resiste a que sea administrado desde fuera.

Por otro lado, Islandia ya mantiene una relación intensa con Europa. Forma parte de EFTA, del Espacio Económico Europeo y de Schengen, y participa del mercado europeo sin haber tenido que ingresar en la Unión. Esa fórmula demuestra que existen alternativas a la integración política plena. Sin embargo, Schengen merece una revisión seria. La libre circulación interna, sin un control eficaz de las fronteras exteriores, ha contribuido a agravar la presión migratoria ilegal y a trasladar sus costos a los Estados nacionales. La crisis en España, alrededor de Ceuta, y la suspensión temporal del acuerdo con España anunciada por Italia, muestran que la solidaridad europea se vuelve frágil cuando la realidad supera los discursos.

El mensaje enviado alcanza, directamente, a Noruega, Suiza y Liechtenstein. Los tres países EFTA deben reevaluar una relación en la que, con frecuencia, la UE obtiene acceso a sus economías prósperas mientras exige convergencia regulatoria y limita el margen de maniobra nacional. Suiza, en particular, ha sido cortejada insistentemente. Pero la pregunta no debe ser cuánto desea Bruselas ampliar su mapa, sino qué gana cada país y qué soberanía está dispuesto a arriesgar. La integración económica puede ser útil; la subordinación política no necesariamente.

En este caso, también debería escuchar Bruselas. Ursula von der Leyen, su colegio de comisarios, el Consejo Europeo, el Parlamento o el Banco Central Europeo tienen ante sí una señal inequívoca: la UE ya no resulta, automáticamente, atractiva ni siquiera para pequeños países ricos, democráticos y culturalmente europeos. Mientras Islandia dice “no estoy interesada”, países como Ucrania, Moldavia, Georgia, o Armenia, aspiran a ingresar pese a sus déficits democráticos, económicos y sociales respecto de la tradición europea. Esa contradicción exige una explicación. Una organización que desea poder, presupuesto y competencias debe preguntarse por qué sus ciudadanos y sus vecinos más compatibles prefieren mantener distancia.

El “no” islandés coincide con corrientes dentro de la propia UE que reclaman frenar el apetito centralizador de Bruselas, reducir una burocracia costosa y devolver soberanía política y económica a los Estados. El proyecto europeo no puede convertirse en un experimento de colectivismo regulatorio que, en nombre de la armonización, estreche las libertades individuales, eleve una presión fiscal exorbitante y convierta cada aspecto de la vida en materia de supervisión comunitaria. La unión no puede brillar por sus edificios, sus presupuestos faraónicos o sus discursos; debe demostrar que produce libertad, seguridad y prosperidad.

Para Panamá, la lección es valiosa. Un país pequeño y abierto, -todavía sustentado en una economía de mercado-, debe defender sus activos, su modelo y su independencia frente a las agendas socialdemócratas que impulsan Bruselas y la OCDE. Cooperar y cumplir estándares útiles no significa entregar el timón. Panamá debe valorar su Canal, su posición geográfica, sus servicios y su relación estratégica con Estados Unidos, país que reconoce la importancia de nuestra posición y puede ofrecer una asociación más concreta frente a las amenazas de China y Rusia, que una UE internacionalmente confusa e irrelevante.

En definitiva, Islandia ha recordado que una oferta envuelta en “brillo” no necesariamente contiene “oro”. Su decisión es un “aviso a navegantes”: la soberanía sigue siendo un activo y ningún país sensato debe cambiarla por promesas.