Pagaremos justos por pecadores

Si no fuera porque se trata de una gravísima amenaza contra el sector agropecuario y una inaudita carga que pretenden hacernos pagar a todos, parecería que la sugerencia tiene todos los atributos de chiste de pésimo gusto. Sin aparentemente inmutarse, el Ejecutivo adelanta la absurda sugerencia de destinar recursos públicos para pagar, a países primer mundistas de la Comunidad Europea, tributos que allá imponen sobre actividades comerciales privadas. No otra cosa representa el fiasco panameño con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea y la irracional solución que propone el Ejecutivo.

El SGP, que implementa la Comunidad Europea desde 1971 como su política comercial, trata sobre medidas para estimular el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y promover la gobernabilidad en países en desarrollo. El sistema consiste en un régimen general concedido por igual a todos los países beneficiarios; en un segundo régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernabilidad; y en un tercer régimen especial a favor de países menos desarrollados. Panamá se ubica en el segundo grupo especial, para lo cual, entre otras cosas, deben haber ratificado y aplicado efectivamente un total de 27 convenios internacionales promovidos por la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, referentes a derechos humanos y de los trabajadores, así como otros relacionados con el medioambiente y contra la corrupción.

En relación a Panamá, el régimen especial ha consistido hasta ahora en la suspensión de derechos aduaneros ad valórem y específicos sobre productos originarios acá. El Reglamento 980/2005 del Consejo de la Unión Europea señala que el sistema actual rige sólo hasta el último día de 2008, pero pudo ser renovado con una extensión de tres años hasta el 31 de diciembre de 2011, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el Reglamento 732/2008. En efecto, se fijan dos condiciones que Panamá y otros países beneficiarios debieron cumplir oportunamente. Ellas eran, en primer lugar, que a mas tardar el 15 de octubre pasado los países interesados debieron presentar una simple solicitud para renovar la concesión del primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y, en segundo lugar, probar que hemos cumplido con la ratificación y aplicación de los convenios internacionales aludidos. Sin embargo, los medios de comunicación han informado que el gobierno de Panamá dejó pasar la fecha crucial del 15 de octubre, sin presentar la solicitud requerida; por tanto, durante los próximos tres años no disfrutaremos del beneficio del desgravamen arancelario que hasta ahora ha permitido la introducción, libre de impuestos, de productos agropecuarios a la Comunidad Europea. Sencillo paso omitido.

La salomónica solución que adelanta el Ejecutivo (Eurobonos) es proponer una ley que autorice rembolsar el impuesto aduanero europeo al exportador panameño con cargo al Presupuesto General del Estado. Serían cerca de 200 millones de balboas que financiaría el Ejecutivo con nuestros impuestos, desviando así recursos que podrían satisfacer otras carestías más apremiantes de sectores necesitados. Tamaña ineptitud no puede ser pasada por alto. Sea que la responsabilidad recaiga en el ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio, de Agricultura o el propio embajador ante la Comunidad Europea, el despilfarro de tanta plata no debe quedar impune.

-La autora es diputada de la República por el Circuito 8-7.mireyalasso@yahoo.com