En Venezuela hay 1,905 detenidos considerados como “presos políticos”, 38 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.867 personas privadas de libertad...
- 14/08/2011 02:00
KPC: un estado provocado
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI—FRENADESO.
En el 2005, cuando se imponía a la fuerza la reforma a la Ley Orgánica de la CSS, FRENADESO (en ese entonces FRENADESSO), advertía las intenciones ocultas que se prolijaban por parte del gobierno, la partidocracia y la empresa privada.
En ese momento, advertíamos que los resultados de estas medidas provocarían un mayor deterioro en la atención de la salud de los asegurados y sus beneficiarios.
FRENADESO, en representación del pueblo, propuso la Ley de la Vida: ‘Por la Salud y Seguridad Social de TODO el Pueblo’, la cual constituye una propuesta sin precedentes, surgida del aporte de cientos de panameños, donde se abordaron integralmente los problemas de salud y seguridad social que tanto inquietan a los panameños. Sin embargo, los intereses privatizadores fueron impuestos. Con ello, se comprometió el futuro de la salud y seguridad social de todo el pueblo.
En la salud librada al mercado, el derecho a la salud es negado en la medida que la salud pasa de ser un derecho a ser una mercancía, y solo quien posee ingresos puede tener acceso a ella.
Así, se descuidaron los controles médicos originando cientos de muertes por envenenamiento masivo con dietilenglicol, mayor desabastecimiento de medicamentos afectando principalmente a los pacientes de enfermedades crónicas, insuficiencia de insumos y material quirúrgico que compromete la cirugías, falta de mantenimiento técnico a las instalaciones hospitalarias que, entre otras cosas, conlleva la muerte de decenas de personas, a causa de la bacteria KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase).
Estas muertes provocadas por la política de salud ejercida por los diversos gobiernos, bien pudiera ser catalogada como crímenes de lesa humanidad. Tal como lo denominamos, se trataba de una ley de la muerte.
Estos hechos, que enlutecen a familias panameñas y que ponen en estado de zozobra e indefensión a miles de panameños, exigen que se destituya inmediatamente al director de la CSS, Guillermo Sáez—Llorens, y a su equipo; que se realice un proceso real e independiente de investigación, que se juzgue y castigue a quienes son responsables de esta negligencia que cobra la vida de 22 personas, según cifras oficiales, de los cuales cuatro eran afectados por el envenenamiento masivo.
Las muertes por KPC es un estado provocado que busca crear crisis y desconfianza en la institución para justificar la privatización de los servicios hospitalarios beneficiando intereses privados. Ya existen quienes, en medio del dolor de los familiares de los pacientes fallecidos, claman por el proyecto de ciudad hospitalaria como mecanismo de negociado en su fase de construcción.
Esta situación, que se reporta desde junio de 2010, fue denunciada por FRENADESO hace 40 días; las medidas que se están tomando no se dieron de manera oportuna, incluso se producen ocho meses después que el MINSA le advirtiera a Sáez—Llorens sobre la presencia de esta bacteria en el Complejo Hospitalario ‘Arnulfo Arias Madrid’.
Los fallecimientos por enfermedades nosocomiales en cualquier centro hospitalario son normales, mientras se mantengan en un rango por debajo del 7%, cómo es posible que en Panamá llegáramos al 30%, sin que las autoridades de la CSS atendieran el problema. Esta relación porcentual apunta a señalar que las víctimas fatales pueden ser superiores a los números ofrecidos por las autoridades.
FRENADESO lo advirtió cuando se aprobó la Ley 51 o Ley de la Muerte. Que ello agravaría los problemas en la CSS, apuntalaría los objetivos de privatización y disminuiría los derechos y beneficios de los asegurados. La historia nos vuelve a dar la razón.
En nombre de los trabajadores que sostienen la CSS, hacemos un llamado a todo el movimiento popular a aunar esfuerzos para salvar la primera institución de salud pública y de seguridad social del país.
Exigimos la inmediata destitución de Guillermo Sáez—Llorens, de cuya incapacidad e intereses económicos en el cargo como socio del presidente denunciamos desde un inicio, para así dar paso a una investigación realmente seria, profunda e imparcial.