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Hay una pregunta bastante sencilla que, curiosamente, casi nadie hace: ¿quién eligió a la ONU? No me refiero a quiénes son sus miembros ni a quién ocupa la Secretaría General. Hablo de algo más incómodo. ¿En qué momento aceptamos que un gigantesco aparato internacional, poblado de funcionarios que jamás recibieron un solo voto nuestro, comenzara a decirles a los países cómo deben educar, qué políticas sociales deben impulsar, cómo entender la igualdad, el género, el desarrollo, el clima, la migración y hasta qué mundo deberíamos construir?
La ONU nació en 1945, después de una guerra monstruosa, con una misión por encima de todas: preservar la paz y evitar nuevas guerras. Ochenta años después convendría hacer una pregunta bastante brutal: ¿cuántas guerras ha parado? Porque guerras hemos tenido para llenar varios atlas. Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, los Balcanes, Siria, Yemen, Ucrania, Gaza y una lista interminable de conflictos en África.
La ONU ha mediado, enviado misiones, aprobado resoluciones y realizado operaciones de paz, pero no ha conseguido cumplir la gran promesa con la que justificó su nacimiento: librarnos de las guerras. Y mientras fracasaba en lo fundamental, fue descubriendo una vocación extraordinaria para ocuparse de casi todo lo demás.
Hoy tenemos Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, conferencias, pactos, recomendaciones, indicadores, relatorías, agencias, subagencias, expertos, consultores y una montaña de documentos que después aterrizan en nuestros gobiernos convertidos en “compromisos internacionales”. Y aquí empieza lo divertido. Si un presidente propone una política que no nos gusta, podemos votar contra él. Si un diputado hace estupideces, podemos echarlo en la siguiente elección. Incluso un alcalde debe volver alguna vez a pedirnos el voto.
¿Y a un burócrata internacional? A ese no lo votamos. Tampoco podemos echarlo. Sin embargo, sus recomendaciones terminan influyendo en leyes, presupuestos, programas escolares y políticas públicas. Y siempre acompañadas de esa maravillosa sopa de palabras que consigue que cualquier cosa parezca indiscutible: “enfoque integral”, “perspectiva transversal”, “resiliencia”, “inclusión”, “gobernanza global”.
Palabras bonitas. El problema comienza cuando las palabras bonitas empiezan a mandar. La Agenda 2030 es el ejemplo perfecto. Contiene objetivos que cualquiera podría firmar: reducir la pobreza, mejorar la educación, proteger el medioambiente, combatir el hambre. Fantástico.
Pero debajo de esos grandes titulares aparecen metas, interpretaciones y políticas que sí son discutibles. Y deberían discutirse en nuestros países, frente a nuestros ciudadanos, no llegar envueltas en papel de regalo con el sello de «la comunidad internacional».
Yo sí creo que ha llegado el momento de preguntarnos si Naciones Unidas, tal como existe hoy, debe seguir existiendo. Y desde América la pregunta resulta todavía más interesante.
¿Por qué nuestros países deberían continuar delegando influencia política y cultural en una burocracia mundial en lugar de construir mecanismos propios de cooperación y defensa continental? Una idea como el llamado «Escudo de las Américas» me parece mucho más atractiva: un continente capaz de proteger su seguridad, sus democracias y sus intereses comunes sin pedir permiso a burócratas instalados al otro lado del mundo.
América tiene problemas de sobra: narcotráfico, crimen organizado, dictaduras, migraciones descontroladas, fronteras vulnerables y potencias extranjeras intentando ganar influencia. Quizá deberíamos empezar por nuestra casa.
La ONU quiso salvar al mundo de las guerras y no pudo. Después decidió explicarnos cómo organizar el mundo. Tal vez haya llegado el momento de darle las gracias, cerrar la puerta y recuperar una pregunta que nunca debimos abandonar:
¿Quién gobierna a los que nadie eligió?