La reforma constitucional que necesitamos

En línea con mis artículos anteriores sobre la urgente necesidad de fortalecer nuestra democracia, dedico esta glosa a reflexionar sobre la reforma constitucional que realmente precisamos. Con la Carta Magna vigente, mejorar la gobernabilidad y restaurar la confianza ciudadana resulta difícil, si no imposible.

Antes de entrar en materia, es obligatorio tener presente que los repetidos fracasos en reformar la Constitución panameña reflejan una profunda desconexión entre el poder político y la ciudadanía. Las reformas propuestas en el pasado, fueron impulsadas de manera vertical, sin transparencia, sin consulta real y muchas veces con intereses políticos o personales. El resultado fue un profundo rechazo social, protestas masivas y el descrédito de todo el proceso.

Esos intentos fallidos nos dejan al menos cinco lecciones clave para no repetir los errores y evitar que dentro de cinco años sigamos con la misma promesa electorera de reformar la Constitución. Lo primero y más importante es que, no puede haber reforma constitucional legítima sin participación ciudadana efectiva. Por esa misma razón, el método importa tanto como el contenido. Imponer reformas desde el poder mina la confianza. Una reforma creíble debe ser impulsada con pedagogía, debate público y vigilancia ciudadana. Por ende, no puede hacerse a espaldas del pueblo, ni con la clase política como único actor. El camino más viable es una constituyente paralela, convocada por la ciudadanía, con reglas claras, límites definidos y representación plural.

Dicho lo anterior, subrayo de entrada que, la reforma constitucional que necesitamos, debe ir mucho más allá de cambios cosméticos o ajustes coyunturales. Tiene que apuntar a resolver los problemas estructurales que debilitan la institucionalidad democrática. En ese sentido —sin pretender ser exhaustivo, pues para eso están nuestros constitucionalistas, pero ejerciendo mi derecho y deber de ciudadano— les presento los aspectos —que considero clave— para una reforma constitucional panameña.

Lo primero es reforzar la separación y el equilibrio de poderes. Para ello se necesitan al menos tres cambios: revisión del sistema presidencialista, limitando la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo; establecimiento de mecanismos de control efectivo sobre decretos ejecutivos, especialmente en estados de emergencia; clarificar las funciones y atribuciones del Consejo de Gabinete y otros órganos auxiliares del Ejecutivo.

No menos importante es garantizar la independencia del Órgano Judicial. Necesitamos al menos: una reforma profunda al proceso de designación de magistrados y jueces, incluyendo participación ciudadana, concursos públicos y estándares de idoneidad; el establecimiento de una carrera judicial con méritos y estabilidad; la creación de un Consejo de la Judicatura independiente, que no dependa del Ejecutivo; garantías constitucionales de autonomía presupuestaria para el Órgano Judicial.

Por su parte, la reforma de nuestra Asamblea Nacional requiere: cambiar el sistema de elección de diputados para mejorar la representación proporcional y reducir el clientelismo; eliminar el transfuguismo y limitar la reelección indefinida, y; reformar el reglamento interno para garantizar transparencia, rendición de cuentas y participación efectiva de minorías.

Imprescindible será la garantía de fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia directa. En ese sentido necesitamos: establecer figuras como el referéndum vinculante, la revocatoria de mandato, las iniciativas legislativas ciudadanas y los presupuestos participativos; el reconocimiento del control ciudadano como derecho y deber constitucional; y garantizar mecanismos efectivos para la consulta previa en pueblos originarios y decisiones que afecten derechos colectivos.

También es indispensable consolidar derechos y libertades fundamentales mediante: la ampliación y blindaje de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como justiciables; la garantía del acceso igualitario a la justicia, la salud, la educación y la protección social; y reforzar constitucionalmente el principio de no discriminación, incluyendo protección a grupos históricamente excluidos.

Por su parte, el sistema electoral y el Tribunal Electoral también requieren reformas establecidas claramente en la Constitución. Necesitamos: introducir el balotaje (segunda vuelta electoral) para garantizar legitimidad presidencial aprobada por más del 50% de los panameños; reforzar el papel del Tribunal Electoral como garante de la democracia, dotándolo de mayor independencia; así como regular con mayor claridad y firmeza el financiamiento político y las sanciones por violaciones electorales.

La nueva Carta Magna también debe fortalecer el control y fiscalización del uso de los recursos públicos. Para ello sé prioritario: dar autonomía real a la Contraloría General de la República, desvinculándola del Ejecutivo; reforzar los órganos de control y control cruzado (Tribunal de Cuentas, Procuraduría, Superintendencia); y establecer la rendición de cuentas constitucional como obligación de los altos cargos del Estado.

Finalmente es necesario garantizar la descentralización y equidad territorial. En ese sentido, tres elementos son clave: el reconocimiento constitucional de la autonomía de los gobiernos locales; la transferencia de competencias y recursos de manera real y efectiva; y la creación de mecanismos de planificación regional vinculante.

En resumen, una verdadera reforma constitucional en Panamá debe tener como norte la democratización del poder, la equidad, la transparencia y la participación ciudadana. No se trata solo de cambiar artículos, sino de refundar nuestro pacto democrático con legitimidad social y visión de futuro.

El momento es ahora. Panamá merece una Constitución nacida del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.