La verdadera revolución es la educación

Panamá, lamentablemente, se ha convertido en los últimos años en uno de los países con mayor número de días de clases perdidos en el mundo. Esta no es una estadística para celebrar; por el contrario, debería ser motivo de profunda preocupación y reflexión para todos nosotros.

Los gremios de la educación han justificado sus protestas a nivel nacional exigiendo la derogación de la Ley 462 bajo el argumento de defender “el futuro de nuestros jóvenes”. Sin embargo, muchos nos preguntamos a qué futuro se refieren, porque con las formas actuales de protesta no solo se aleja la inversión y se pierden empleos, sino que, irónicamente, se está afectando el derecho más básico, el acceso a la educación.

Un informe de Unicef titulado “Análisis del cierre de las escuelas” sobre la escolaridad durante la pandemia del COVID-19 pone en evidencia la gravedad del problema. De 14 países que permanecieron cerrados en gran medida entre marzo de 2020 y febrero de 2021, dos terceras partes están en América Latina y el Caribe, donde casi 98 millones de niños en edad escolar resultaron afectados. De esos 14 países, Panamá fue el que más días mantuvo las escuelas cerradas, superando incluso a países como El Salvador, Bangladés y Bolivia, colocándonos tristemente en el primer lugar mundial en menor número de días de clases durante la pandemia.

A esto debemos sumar los datos del reciente estudio “Sexenio Perdido (2020-2025)”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Democracia (JUxlaE), que calcula que Panamá acumuló más de 490 días sin clases. Esta cifra se compone de 380 días perdidos durante la pandemia, 25 días por las protestas de julio de 2022, 45 días debido a conflictos relacionados con el contrato minero y 30 días por la reforma de la Caja de Seguro Social, solo hasta el momento del estudio. Hoy, esas cifras son aún mayores.

Este mismo estudio revela cifras que deberían alarmarnos aún más: por cada 100 días de clases perdidos, la informalidad juvenil aumenta en 1,59 %. A largo plazo, la falta de educación se traduciría en una reducción del 25 % en los ingresos vitalicios de los estudiantes panameños, un impacto negativo del 4,2 % en el producto interno bruto y una disminución del 33 % en las probabilidades de ascensión social.

Pero la situación educativa en Panamá no solo se mide en días de clase perdidos y pérdidas económicas. Según los resultados de la prueba PISA 2018, menos del 1 % de los estudiantes panameños puede distinguir entre una opinión y un dato, un indicador que, ante la prolongada falta de clases, probablemente se haya deteriorado aún más.

La falta de educación no solo limita la movilidad social de los individuos; afecta también la capacidad de interpretación, análisis y pensamiento crítico que nuestro país necesita urgentemente para avanzar y enfrentar sus desafíos.

Creo firmemente en la revolución de la educación. El pueblo panameño lo entiende y sabe que solo a través de una educación real, de calidad y accesible, nuestros jóvenes podrán avanzar hacia un futuro mejor. No solo podrán transformar sus vidas, sino también las de sus familias y, en última instancia, la de toda la Patria.

Necesitamos educadores, verdaderos maestros y profesores que salgan a dedicarse a enseñar a los hijos de Panamá, que les regalen el don del conocimiento y que estén preparados para enfrentar al enemigo más grande que tenemos: la ignorancia que ciertas élites buscan imponer como un obstáculo al progreso.

Solo un país que apueste por una verdadera educación podrá transformar su realidad y cambiar su destino.