Legitimidad y grandes temas por resolver

Los regímenes presidenciales obligan al presidente a negociar y alcanzar el favor del cuerpo legislativo, en el caso panameño de la Asamblea, para así combinar su mirada respecto de todos los temas con la de una institución que representa los intereses de la ciudadanía. Esto debiera garantizar legitimidad ciudadana, ya que asegura que el Ejecutivo logre el favor de la mayoría de los legisladores, donde se incluyen posturas de diferentes partidos al suyo. Así, tanto por el lado presidencial como por el lado legislativo se garantiza apoyo a esas políticas.

Sin embargo, esto también deriva en ciertos problemas. Por ejemplo, a veces no se alcanza el apoyo legislativo, bloqueando así el ejercicio del presidente. Esto ha resultado en presidentes cerrando congresos y rompiendo la estructura institucional, o en gobiernos que pasan todo su período teniendo que recurrir a decretos para avanzar en algo sus políticas. También puede pasar que con sistemas de partidos altamente fragmentados la negociación tiene que ser entre el presidente y casi que cada legislador o pequeño grupo, incentivando el uso de prebendas y corrupción para ganar apoyos.

Además, puede pasar otra cosa, y es que la legitimidad que se supone da el Legislativo a las políticas de un gobierno, simplemente no esté ahí. Esto parece ser el caso panameño, ya que según encuestas del Cieps la visión positiva sobre los partidos políticos, que conforman la Asamblea, ha venido en descenso desde 2019, año de la primera de las tres encuestas realizadas. En 2019 dicha favorabilidad fue del 25,3 %, en 2021 del 21,7 % y en 2023 tan solo del 15,1 %.

Esto ya tuvo consecuencias en octubre y noviembre de 2023, cuando la rápida aprobación legislativa del contrato minero resultó en excepcionales manifestaciones de rechazo por parte de la ciudadanía. La que se supone que debiera ser una de las vías que otorgue legitimidad a grandes decisiones de gobierno se encuentra en problemas en términos de confianza de la gente.

Este problema de valoración de los partidos políticos se extiende también al gobierno pasado (40,1 % en 2019, 31,1% en 2021 y 23,1 % en 2023) y a los sindicatos (38,3 % en 2019, 21,9 % en 2021 y 35,4 % en 2023, un repunte luego de las protestas de julio de 2022). Tanto los partidos políticos, el gobierno y los sindicatos son actores que se supone agrupen intereses de la ciudadanía, y todos ellos están en cifras de favorabilidad bajas para la población.

Los panameños manifiestan además en un 62,4 % que la política le genera sentimientos negativos, apoyando la idea de que las vías de representación tradicionales están teniendo problemas para que la opinión pública vea como válido el ejercicio del debate sobre lo que compete a todos.

Si a esto agregamos que el presidente puede ser elegido con una mayoría simple, que no tiene que sobrepasar cierta cantidad establecida, nos podemos encontrar con un sistema político donde las instituciones de gobierno y legislatura no necesariamente poseen todo el apoyo ciudadano requerido para tomar grandes decisiones para el país. Temas como el de qué hacer con la mina de Donoso, qué hacer respecto del embalse en Río Indio, cómo abordar la política exterior en tiempos de cambio geopolítico y otros, son temas que este gobierno va a tener que enfrentar con unas condiciones de apoyo que conviene sean fortalecidas. De lo contrario, la posibilidad de nuevas manifestaciones como las de 2022 y 2023 está ahí.

¿Cómo enfrentar entonces estos temas con tan poca legitimidad ciudadana? Ciertamente, la respuesta no es sencilla, y puede parecer menos urgente que los temas mencionados, pero es indispensable para el futuro del país. Primero, se requiere la recuperación de la idea de lo público como algo que pertenece a todos, de lo que todos se benefician y en lo que todos valorarían estar envueltos. Esto implica cambios en las realidades de las personas en temas de atención en salud, infraestructura y calidad educativa, recolección de basura, seguridad ciudadana, oferta de espacios de esparcimiento con acceso público, vías peatonales con el mismo valor que los carros y otros más. Esto debe traer una recuperación de la confianza en las instituciones y en la idea de que lo de todos importa, que se ve en el día a día y necesita ser defendido.

Segundo, implica que el ejercicio de la política clientelista y de patronazgo, que tiene la corrupción como regla de juego dentro del sistema político, tiene que comenzar a ser confrontado desde distintas instituciones coordinadas hacia ello. El uso particular de bienes públicos es contrario al primer punto, al de recuperación simbólica y material de lo que es de todos.

Lo cierto es que Panamá se encuentra en un punto en el que la política a la que se está habituado puede no ser suficiente para garantizar la legitimidad necesaria para los desafíos que se vienen. Si se quiere mantener un sistema político democrático en buenas condiciones habrá que atender al cómo recuperar esa confianza y apoyo de la población.