Con un consumo per cápita de hasta 400 litros diarios —el más alto de la región—, Panamá enfrenta una crisis de eficiencia donde la mitad del agua procesada...
- 19/05/2014 02:00
La Ley es igual para todos
El título enunciado ut supra, es el lema de la justicia italiana. ‘La legge e uguale per tutti’. No voy a tratar del caso que se ventila en los tribunales de Roma y Nápoles en el conocido caso Lavítola, en el cual se aplicará sin duda la citada frase, pues de lo que se trata es de preservar el principio mediante el cual se llevan ante la justicia a los pobres y a los ricos por igual. En la antigua península en forma de bota donde se asentó una civilización creadora del derecho, los delitos de corrupción se han cometido desde la época de los antiguos romanos quienes luego de desempeñarse como gobernadores de tierras conquistadas y poco a poco romanizadas, retornaban ricos al solar nativo.
En las obras de Marcial y de Plauto hay abundantes referencias. En la Europa de hoy, sería impensable que la balanza de la justicia, cuya diosa tiene los ojos vendados, se inclinase para favorecer a los poderosos y castigar a los pobres.
En Italia hemos visto cómo se ha juzgado a Giulio Andreotti quien luego de un proceso resultó absuelto y recientemente a Silvio Berlusconi, quien por el contrario ha sido condenado. En la Alemania que dirige Angela Merkel, los funcionarios suelen presentar sus renuncias antes de ser condenados, con lo que le ahorran al Estado los costosos gastos del juicio. Si un ministro es acusado de haber plagiado una tesis doctoral, presenta su renuncia la cual es casi siempre aceptada.
En China han juzgado a miembros destacados del gobierno que también lo son del partido comunista que manda en la nación más poblada de la tierra. En España hemos visto cómo un yerno del rey ha sido imputado de un delito de corrupción por utilizar su parentesco por afinidad para recabar fondos de las autonomías que se honraban en ser representadas por el pariente político del Jefe de Estado. Todavía no se ha celebrado el juicio, con lo que goza de la presunción de inocencia, pero la opinión pública es consciente de que su actuación no ha sido correcta. En días pasados, han sido destituidos y encarcelados varios altos funcionarios españoles y se ha detenido a varios empresarios sospechosos de haber cometido delitos en relación con el tren de alta velocidad que conectó a Madrid con Barcelona. Se calcula que la apropiación indebida de fondos y los sobre costos alcanzaron una suma casi tan grande como la del valor total de la obra.
Actos de corrupción se han producido y se producirán pero lo importante es que se procese y sancione a quienes resulten responsables sin tener en cuenta si son delincuentes de cuello blanco o políticos importantes. En otras palabras, que los delitos de corrupción sean perseguidos por el Ministerio Público y después decididos por los jueces y magistrados.
Es cierto que el papel de los medios de comunicación es fundamental, pero suele ocurrir que como cada día algo nuevo sucede en el país, las noticias aparecen a ocho columnas el primer día, en el segundo esas mismas informaciones ocupan un espacio mucho más pequeño y luego del cuarto o quinto día, se considera que el soborno o el peculado no serán perseguidos y en consecuencia se debilita la presión para que se aplique una recta justicia. Lo que en Panamá es noticia durante 48 horas, en otros países abarca meses, es decir, el tiempo que sea necesario, hasta lograr que se decida el destino de los imputados principales y sus cómplices.
Muchos panameños creen hoy día que en la administración de los fondos públicos que fueron destinados a obras, algunas realmente importantes, se han cometido actos de deshonestidad, no solamente por parte de los funcionarios pertinentes, sino también por los empresarios que con tal de obtener ganancias se han convertido en cómplices de los delitos.
Ojalá que en el próximo gobierno se investiguen los actos ilícitos y se permita que la justicia haga su tarea. El país espera que se hagan los correspondientes informes de auditoría, que la Contraloría haga su trabajo, que el Ministerio Público investigue y que sean debidamente sancionados todos los que hayan infringido la ley. Ojalá que desaparezca la sensación de impunidad que hay en el ambiente para los delincuentes de cuello blanco y que la ley sea igual para todos.
*Ex presidente de la República y académico numerario de la Academia Panameña de la Lengua.
ABOGADO