Los gobiernos locales y la gestión del riesgo de desastre

En momentos en que nos abocamos a un cambio de Gobierno añorado por el pueblo panameño, y al darnos cuenta en los medios de comunicación impresos de las grandes sumas de dinero que se gastaron algunas Juntas Comunales en estos cinco años, qué tristeza saber que las poblaciones que viven en riesgo, especialmente las más vulnerables, no fueron importantes para las autoridades locales.

¿Cuán dormidos estuvimos en estos cinco años?, en que las instituciones vinculadas con la gestión del riesgo de desastre, poco hicieron a favor de los más necesitados, y el desarrollo comunitario frente a los eventos extremos fue mínimo o escaso, en comparación con la vulnerabilidad existente de las comunidades propensas a desastres en este país.

Los pocos proyectos comunitarios que permitirían fortalecer una cultura de gestión de riesgo, no son sostenibles con programas permanentes, sino que dependen de los organismos internacionales que quieran invertir en la reducción del riesgo de desastre en Panamá.

Si esto sucede con los rectores de la gestión del riesgo de desastre, ¿qué podemos esperar de los gobiernos locales como responsables del desarrollo comunitario de sus corregimientos? No obstante, la gestión del riesgo de desastre incorpora elementos importantes en el ámbito local, como es la participación proactiva de la comunidad, la capacitación comunitaria en gestión del riesgo y el desarrollo de obras de mitigación que permitan reducir el impacto que ocasionan los desastres en sus comunidades; además, debe acompañarse del asesoramiento técnico, continuo y permanente de las entidades de gobierno. ‘Hacer partícipe a la comunidad en la solución de sus propios problemas, asumiendo compromisos y responsabilidades conjuntas con los tomadores de decisiones en el ámbito local, es una tarea de todos’.

De nada sirven documentos engavetados en los anaqueles de las instituciones, es necesario que, si los mismos fueron diseñados para contribuir a una cultura de gestión de riesgo, estos sean multiplicados, promovidos y desarrollados en todos los ámbitos institucionales y comunitarios, a fin de que se diseminen como un virus, el ‘virus de la reducción del riesgo de desastre’, de esta manera se podrá minimizar el riesgo en comunidades vulnerables.

Tanto se pudo hacer con todos esos millones gastados por esas Juntas Comunales en beneficio de los más necesitados e inclusive de las poblaciones que viven en las riberas de los ríos, en las planicies de inundación y en zonas propensas a deslizamientos de tierra, que a los tomadores de decisiones poco les importó contribuir a minimizar el impacto que ocasionan los eventos extremos, la probabilidad o inminencia de un Fenómeno de El NIÑO o las consecuencias del Cambio Climático en zonas vulnerables.

Llevar a la población a convertirse en ‘comunidades resilientes’ frente a los desastres en los próximos años, es una meta que debemos fomentar y promover con las nuevas autoridades nacionales y locales que se instalarán el 1 de julio, con el objetivo de lograr que ‘los gobiernos locales y nacionales inserten como prioridad la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en todas las políticas de planificación y desarrollo territorial y sectorial’ (EIRD), esto permitirá el desarrollo sostenible de estas comunidades.

¿Y qué son comunidades resilientes? No es más que el compromiso de la comunidad con las autoridades locales en reducir sus riesgos de desastres, mediante el fortalecimiento de los servicios e infraestructuras adecuadas, el cumplimiento de los códigos de construcción establecidos, la reubicación de la población de las planicies de inundación o pendientes propensas a deslizamientos de tierra a zonas más seguras, entre otros; a fin de lograr el desarrollo comunitario y sostenible del barrio, la comunidad y ciudad.

BIÓLOGO

*CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE.