Lucha contra la desertificación y la sequía

Ahora que el Consejo de Gabinete declaró Estado de Emergencia Ambiental en todo el país por la sequía prolongada, es obligatorio recordar _de entrada, para que no nos pongamos a inventar_ que desde 1996 somos signatarios de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y, que, basados en ésta y otras directrices internacionales para la gestión de la sequía, creamos nuestro Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y Desertificación (Conalsed) y tenemos, desde el 2021, un Plan Nacional contra la Sequía, el cual define claramente las acciones necesarias para paliar los efectos específicos de la sequía y sus consecuencias.

No podía ser de otro modo, pues la Convención es el único acuerdo internacional vinculante que relaciona el medio ambiente y el desarrollo con el manejo sostenible de los suelos. Se refiere específicamente a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, conocidas como tierras secas y degradadas, donde se encuentran algunos de los ecosistemas más vulnerables.

Tiene especial importancia para nosotros, pues _de acuerdo con datos del 2009 que deben ser actualizados_ las tierras secas y degradadas de Panamá ocupaban un 27 % del territorio nacional, y en ellas habitaban cerca de medio millón de personas, muchas de las cuales se encontraban en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Y no hay que ser mago para sospechar con tristeza que ese porcentaje _de territorio y de población_ debe haber aumentado de forma importante en los últimos años.

En ese contexto, le dedico esta glosa a subrayar para nuestras autoridades la importancia de basar las intervenciones que se realicen en esta etapa de emergencia, en el mandato de la Convención y las recomendaciones del Plan Nacional, coordinando estrechamente con la Conalsed. Y, por favor, no olvidemos priorizar estas intervenciones en las cuatro áreas críticas sujetas a procesos de sequías y degradación de suelos: cerro Punta en la provincia de Chiriquí; Comarca Ngäbe Buglé; el Arco Seco en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé y la Sabana Central Veragüense.

Dicho todo lo anterior, vale apuntalar _a manera de recordatorio para las entidades autorizadas en el decreto de emergencias para realizar las contrataciones especiales necesarias para hacerle frente al Estado de Emergencia Ambiental_ las obligaciones establecidas desde 1996 por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Debe ser el marco de referencia obligado para cualquier contratación e intervención que se proponga. Y para la población, el documento que nos permita darle seguimiento a la pertinencia y efectiva ejecución de las actividades.

En ella, para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, nos comprometimos con la aplicación en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.

En ese sentido, hay un conjunto de obligaciones generales y obligaciones específicas que es preciso considerar a la hora de formular intervenciones. Considerando, en todos los casos, o cuando sea necesario, el establecimiento de acuerdos multilaterales y bilaterales, a fin de coordinar esfuerzos y preparar una estrategia coherente a largo plazo a todos los niveles.

La Convención recomienda _de modo general_ que adoptemos un enfoque integrado en el que se tengan en cuenta los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y sequía; así como la integración de estrategias encaminadas a erradicar la pobreza en sus esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía.

La Convención también señala obligaciones específicas para los países afectados por la desertificación y la sequía, el cual es nuestro caso. Allí nos comprometimos a: dar prioridad adecuada a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía, asignando los recursos necesarios según las circunstancias y nuestras capacidades; establecer estrategias y prioridades dentro de los planes y políticas nacionales de desarrollo sostenible para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía; abordar las causas subyacentes de la desertificación y prestar especial atención a los factores socioeconómicos que contribuyen a este proceso; fomentar la concienciación y facilitar la participación de las comunidades locales, en particular las mujeres y los jóvenes, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, en los esfuerzos para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía; crear un entorno favorable mediante el fortalecimiento de la legislación vigente pertinente y el establecimiento de políticas y programas de acción a largo plazo.

Para finalizar, subrayo que necesitamos avanzar de manera ordenada, progresiva y sistemática en la lucha contra la desertificación. Debe ser una prioridad permanente, con recursos suficientes, en los planes de nuestros Gobiernos, pues el “fenómeno de El Niño” nos visitará cada año, y los resultados de las intervenciones no los veremos de inmediato. Nos jugamos el futuro del país.