Uno que es el grupo de Bohuslan Big Band fue en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber
En la plaza toca:
Porque Puma Zumix Grupo juvenil que interpreta...
Poner fin a las desigualdades y a la discriminación es una tarea urgente, de todos, pues se afectan los derechos humanos de todas las personas, además de que nadie escapa de ser discriminado por su color de piel, por su sexo, origen, edad, género, creencias, enfermedad, discapacidad, orientación sexual, por edad, por su aspecto (Aspectismo), llevar tatuajes o “piercings”, o por ser gorda, tal como sucedió hace unos años atrás, que un modisto conocido expresó: “nadie quiere ver gordas en las pasarelas”.
También en el lenguaje diario podemos emplear expresiones sin percatarnos de su naturaleza discriminatoria, como cuando vamos a la tienda del “chino”, o decimos chombo, indio, negro, u otras expresiones como “indio, paloma y gato animal ingrato”, “trabajas como negro”, “no hay moros en la costa”.
Son frecuentes las discriminaciones en los centros educativos, porque los estudiantes llevan trenzas, cabello teñido, doble tono, afro, y tampoco han faltado los insultos racistas entre profesores universitarios.
Panamá no se ha escapado de la discriminación históricamente, y tiempo atrás aplicamos la inmigración prohibida y discriminamos a los afrodescendientes, aunque hoy somos signatarios de convenciones internacionales, y tenemos leyes para penalizar la discriminación sexual, hemos adoptado medidas contra actos discriminatorios y racismo (L7/2018), determinando responsabilidades legales administrativas y de otra naturaleza, incluyendo la suspensión y pérdida del trabajo, e inclusive sanción penal por discriminación por motivos sexuales (art. 178CP) y responsabilidad civil, según el caso, y finalmente, normas sobre la prohibición de la discriminación laboral (L11/2005), la regulación del derecho de admisión (L16/2002) para evitar la discriminación.
Sin embargo, esos intentos para combatir la discriminación no han sido efectivos y estamos siendo cuestionados a nivel internacional en un Informe del 2020 del Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal (UPR), en el que se ha recomendado “mejorar las políticas públicas para cumplir con los ODS, motivar la implementación de políticas públicas relacionadas con educación, salud, género, y cambio climático, entre otros, combatir la discriminación contra las personas indígenas, afropanameñas, migrantes y refugiadas, así como contra las mujeres, la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad, además de ratificar algunas convenciones internacionales, entre estas, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y adoptar una legislación que prohíba la discriminación en todas sus formas, incluso por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Además, de las recomendaciones mencionadas, me atrevería a señalar que hay que adecuar la Constitución nacional y la legislación penal. En lo primero, hay que dar un salto de derechos individuales a derechos fundamentales, además, que debe ampliarse la prohibición de discriminación a otros tipos, que no sea solo por “razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas (art. 19), y en cuanto a lo segundo castigar otros tipos distintos a la discriminación sexual, sancionar los actos de provocación a la discriminación, la denegación discriminatoria de prestación de servicios, y el delito de discriminación laboral, incluyendo la negación del genocidio.