Libertad, autoridad y medio ambiente

El entorno es muchas cosas para los habitantes del Istmo: Es el escenario donde se reflejan sus actividades sociales y espirituales y es la despensa de los recursos naturales renovables y no renovables que son utilizadas en la industria del país, donde según los indicadores económicos, siguen siendo las más importantes el tránsito interoceánico y la construcción. Con todo, numerosas otras actividades económicas, como el turismo, la pesca y la agricultura, dependen de ecosistemas saludables para su prosperidad.

Un examen de la legislación patria durante el Siglo XX, demuestra que por mucho tiempo, los recursos naturales se legislaban como de libre aprovechamiento. Esto, con matices, cambia durante la década de los años sesenta, cuando se consolida una fuerte institucionalidad rectora de éstos, la cual ha cambiado paulatinamente, desde la jurisdicción del derecho de los recursos naturales, hasta una legislación ambiental que hoy abarca un doble cometido: La conservación de los ecosistemas y el alcance del desarrollo sostenible, entendido éste como la satisfacción de las necesidades de la actual generación, sin perjuicio del derecho que tienen las futuras generaciones de hacer lo mismo.

La institucionalidad actual prohíbe, en una multiplicidad de normas jurídicas, aquel libre aprovechamiento, sobre la madera, las especies de vida silvestre, terrestres y acuáticas de todo tipo, el mar y sus riberas, las aguas, la piedra, cascajo, arena submarina, el espacio mismo cuando afecte al ambiente, la utilización del agua, la tierra o el aire para el desecho de residuos, el entorno y respeto a las costumbres de las poblaciones indígenas. Éstos y muchos más valores que tienen que ver con los ecosistemas y elementos asociados, están condicionados a uno o varios tipos de permisos, lo cual restringe la libre voluntad de los particulares con respecto a la posesión, uso, usufructo y disposición de los recursos naturales de todo tipo.

Lo anterior, suele entrar en conflicto con la libertad de acción de las personas, no importa su clase social o etnicidad, que tiende al uso y explotación libre de estos elementos del entorno, aún bajo la conciencia de que desde hace varias décadas, son de dominio público y por tanto, se condicionan a las decisiones estatales. Esta situación suele sorprender a quienes desde las comarcas, el campo o los centros de poder locales y estatales, por memoria genética, acostumbran o aspiran a esta utilización libre, adversando la posición estatista, máxime si la búsqueda de un permiso cualquiera siempre se condiciona a las diversas frustraciones provocadas por la burocracia pública.

Ante esto, es necesario educar, capacitar y formar, masivamente y de manera coordinada, desde la academia, el Gobierno, el sector No Gubernamental, así como los demás sectores desde sus riquezas y diferencias ideológicas, a todos los panameños en las necesidades de conservación ambiental, reconocidas en la Constitución Política de la República, mientras esto se equilibra con un cambio cuantitativo y cualitativo en la gestión gubernamental y los individuos para administrar con eficiencia y respeto aquel capital natural, amenazado físicamente ante el conflicto ideológico entre los deseos de libertad de acción natural del ser humano y las restricciones propias de su naturaleza agotable del que directa o indirectamente todos los panameños formamos parte.

ABOGADO