Minería, hegemonía y narrativas

Los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado, que culminaron en un triunfo popular y jurídico sobre los intereses vinculados al estilo de desarrollo extractivista minero, deben ser interpretados como la expresión del desarrollo de un conflicto ambiental. Se trata de un proceso, que se sigue desenvolviendo, que enfrenta al conjunto de la población con la transnacional, los sectores económicamente dominantes internos y el gobierno de turno. En el mismo se desarrolla una lucha por la hegemonía ideológica como base de la fuerza política en torno a la trayectoria hacia futuro de la minería a cielo abierto en el país.

El conflicto bajo análisis se da, vale la pena señalar, en un contexto histórico en que el país se encuentra inmerso en lo que debe reconocerse como una crisis estructural, que marca el agotamiento del actual estilo de desarrollo. Esta crisis abarca la esfera económica, caracterizada por la precariedad laboral, el práctico colapso de los servicios públicos, la presencia de un modelo político -electoral que bloquea la posibilidad de un verdadero cambio social, así como la creciente crisis ambiental. En el marco de esta realidad, que afecta especialmente a los más jóvenes, se potenció de manera muy significativa la movilización social contra la minería a cielo abierto.

Para la transnacional, el gobierno de turno, así como para los sectores económicamente dominantes locales, la movilización popular, junto al importante y bien argumentado fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023, representaron un duro golpe. Quedó claro para ellos que estos resultados significaron un importante reto a su hegemonía ideológica y política, lo que significa que la crisis estructural empezaba a tomar la forma de una crisis orgánica, dando lugar al posible desarrollo de una visión contrahegemónica, capaz de abrir una trayectoria hacia un nuevo estilo de desarrollo nacional, democrático, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

En estas condiciones el desarrollo del conflicto ambiental población-minería, no solo se mantiene, sino que tiende a tomar nuevas formas. En un polo sigue el conjunto de la población, tal como lo demuestra una reciente encuesta publicada por el diario La Prensa el 8 de febrero de 2024. De acuerdo a esta el 90.0% de los encuestados se manifestaron contrarios a las explotaciones mineras a cielo abierto, mientras que el 81.0% de los mismos se mostró favorable a que el gobierno cierre la mina de Minera Panamá, S. A.

En el otro polo del conflicto se encuentran, como era de esperarse, un bloque constituido por la transnacional, el capital financiero internacional, los sectores económicamente dominantes locales y el gobierno de turno. En una entrevista reciente aparecida en el diario La Estrella de Panamá, un alto funcionario del gremio minero local visibiliza los objetivos del bloque: establecer lo que entienden como el marco en que debe operar una mina como la de Minera Panamá S. A., con lo que se buscaría que la misma siguiera operando bajo la figura de un contrato de administración; proseguir con el desarrollo del proyecto extractivista – minero, promoviendo la explotación de tres o cuatro yacimientos tan grandes o mayores que el existente.

Es evidente que se trata del mismo proyecto que presentó la Conep el 27 de octubre de 2023. En este si bien se recomendaba la suspensión de las nuevas concesiones, también se proponía una revisión del código minero, para entonces reanudar el avance del estilo de desarrollo minero-exportador. Este organismo entiende claramente que estos objetivos hacen parte de un proyecto más amplio cuya finalidad es la plena restauración conservadora de la hegemonía ideológica-política de los sectores económicamente dominantes sobre todas las esferas de la sociedad.

Para este fin el bloque que defiende la minería y el control transnacional-oligárquico sobre el país, ha venido desarrollando toda una narrativa que busca vender la idea de que Panamá no tiene futuro sin minería, de manera que no solo sería costoso, sino catastrófico económica y socialmente seguir con el cierre de la mina.

Resulta que, para el bloque nacional, democrático, que busca un desarrollo con justicia social y sostenibilidad ambiental, resulta fundamental crear una narrativa contrahegemónica. Esto implica entender que la imagen objetivo del cierre de la mina debe ser inscrito en un proyecto nacional emancipador. Se debe establecer en concreto que el país puede y debe progresar sin minería. El cierre de la mina, entonces, no es un simple problema técnico, sino que tiene un importante componente político y socioeconómico.

Sobre esta base se debe construir y divulgar una narrativa sencilla, fácil de comprender y divulgar, la cual sea capaz de volver a movilizar a la población.