Sanción moral y judicial

Por realizar actividades políticas que según la Constitución están prohibidas para los policías, se destituyó a 25 funcionarios de la DIJ al exigir el aumento de 100 dólares que se prometió durante la campaña electoral. Las voces de protesta de algunos sindicatos de trabajadores empiezan a sentirse y lo señalan como un acto de abierta violación a los derechos humanos y a la libertad sindical; igualmente hay posiciones encontradas entre funcionarios del actual gobierno sobre el particular.

A estos agentes se les debió sancionar en alguna otra forma. El despido no es conveniente y, justificado o no, es causa de zozobra cuando se tiene que alimentar a una familia y cubrir sus gastos elementales. Un buen líder no le da la espalda a sus subalternos, los escucha aunque estén equivocados, les permite que hablen y expresen sus ideas e inquietudes con total libertad. Más aún cuando se trata de instituciones que tienen que velar por la seguridad de la población y que por la característica del trabajo es un riesgo muy alto destituirlos.

Debido a los altos precios de los productos de la canasta básica familiar, del teléfono, la luz y el agua, es justo el reclamo del aumento.

En este espacio me he de referir también a los conductores transportistas del volante que siguen provocando terror y tragedias de forma temeraria a la población panameña que por la falta de una verdadera sanción moral y judicial, humildes panameños pierden la vida. Pero de este asunto tan solo se habla de manera circunstancial, como ocurre con algunas cosas en mi país, dependiendo de los intereses de grupos involucrados.

El servicio de pasajeros debe estar en cabezas equilibradas y las autoridades debieron hace tiempo tomar acciones. La mayoría de estos conductores son personas que solo poseen la habilidad temeraria de conducir un vehículo, sin la debida preparación mental y capacidad intelectual y profesional y de buenos modales para conducirse frente a los ciudadanos que los abordan.

Las autoridades deben exigir a los dirigentes que eduquen a sus miembros, con una educación de respeto a la vida, además, de un riguroso examen de docencia que incluya cómo dar servicio al público, manejo a la defensiva, relaciones humanas, un certificado estricto de salud mental cada seis meses, en que los especialistas de la conducta humana testifiquen que dicho conductor es apto para tan delicada labor.

No solo me he de referir a los transportistas, sino también a toda aquella persona que conduce irresponsablemente un vehículo en este país. Este tipo de conductores se llena de poder cuando está al volante y se transforma y manifiesta conductas agresivas y tiende a reaccionar con respuestas fisiológicas asociadas con la hostilidad y el desafío causados por viajes cada vez más largos, congestión del tráfico, por su propio estado de ánimo y sus reacciones, velocidad excesiva, hacer cambios de carril peligrosos, giros inapropiados, ignorar el derecho de paso, desobedecer las señales de tráfico, adelantamientos peligrosos, tocar la bocina de forma extenuante, hacer gestos ofensivos e insultar. Lo peor de esta situación, es el consumo de alcohol y de sustancias ilícitas.

El conducir un vehículo no debe ser una competencia para ver quién termina primero para ahorrarse unos minutos y ganarse unos cuantos centavos más en detrimento de la vida de los demás.

*Especialista de la conducta humana.gemiliani@cableonda.net