José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

- 22/09/2025 00:00
Como han observado diversos autores, tal como es el caso de Tobis Kalt en su artículo Trasition Conflict: A Gramscian political ecology perspective on the contested nature of sustainability transition (2024), en los debates sobre las políticas que guardan relación con el medio ambiente, la naturaleza de las narrativas que se enfrentan juega un papel central. Esto en la medida que las mismas se diseñan para intentar ganar el apoyo de la población.
En su reciente visita al Japón, el señor Mulino volvió a utilizar la narrativa según la cual, la contaminante mina de Donoso puede llevar a generar de manera directa e indirecta el 5.0% del PIB. Resulta, entonces necesario, establecer si esta narrativa tiene o carece de una base científica. Para esto es importante recordar que el origen de este tipo de afirmación se encuentra en el documento titulado Impacto económico de Minera Panamá en la economía panameña (2023), realizado en 2023 por la empresa consultora Indesa.
Para comenzar se debe establecer que este documento se basa estrictamente en el concepto del PIB, indicador que no es capaz de tomar en cuenta los costos ambientales, tanto los que se pueden evaluar monetariamente, como aquellos que simplemente no pueden ser formulados crematísticamente (la vida humana, la existencia de una especie, el real costo de la enfermedad, entre otros). Tampoco es capaz de expresar elementos como la distribución del ingreso y los costos de las actividades extractivas, o de valorizar el trabajo reproductivo y de cuidado, principalmente realizado por las mujeres.
En lo que interesa es necesario destacar que el estudio de Indesa evita un elemento fundamental de las evaluaciones de actividades relacionadas con impactos ambientales. Como lo señala Diego Azqueta en su obra Introducción a la Economía Ambiental (2007): “El Análisis Costo beneficio (ACB) es una de las herramientas más empleadas en la administración pública y, concretamente, en el campo de la política ambiental” (p.171). Estamos, entonces, frente a lo que, a nuestro juicio, se trata de una importante falla científica – metodológica, que no se corrige con solo advertir, como lo hace Indesa, que “el informe no debe ser considerado como un análisis costo-beneficio.”
En su cálculo de impacto directo de la actividad de Minera Panamá sobre el PIB, el informe de Indesa, no se basa en estadísticas oficiales, ya que el Inec solo publica la cifra agregada para la categoria minas y canteras. Esto se intentó suplir con un análisis basado en cifras ofrecidas por la empresa minera. Más aún, pese a que se puede intuir que las mismas se referían al 2022, no se aclara a que años corresponden. Siendo el PIB, como es de conocimiento generalizado, una variable de flujo, cuyo valor solo tiene sentido si se establece el período de tiempo de referencia. Se trata, a nuestro juicio de un desatino metodológico – científico.
Teniendo en cuenta lo anterior los autores del documento bajo estudio aseveran que el valor agregado bruto de la actividad minera fue de B/ 2,251 millones. Esto, de ser real, sería el 87.4% del conjunto de minas y canteras para el 2022. Lo extraño es que para que esto fuera así, la generación del valor bruto de producción de minas y canteras y otras actividades mineras debería haberse visto reducida en 59.0% entre el 2018 y el 2022. ¿Será esto realista?
Para tener una idea adecuada del impacto de la actividad minera sobre la economía, debió acercarse más al ingreso nacional bruto que al PIB. Habida cuenta que para pasar de este último concepto al primero, se tendría que restar del valor agregado bruto los beneficios de la minera, es decir el excedente bruto de explotación (que por decirlo sencillamente sale del país). Utilizando los datos de Indesa queda claro que las remuneraciones de los trabajadores solo alcanzan al 9.7% del valor agregado bruto de la minera, mientras que el excedente bruto de explotación sería el 90.7%. Aun cuando la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones con el estado se habría quedado con el 73.6% del valor agregado bruto, lo que en términos absolutos serían B/. 1,658 millones. ¿Por qué se obvió este tipo de análisis tan importante?
También es cierto que, para realizar un análisis muy certero y confiable, el estudio debió contar con un modelo insumo producto muy detallado para establecer los efectos indirectos. El propio informe que se discute acepta que este instrumento no existía al momento del estudio. Si bien se usaron coeficientes de oferta y uso, no se precisa la metodología, ni se presentan los mismos en un anexo.
Lo anterior permite tener una duda más que razonable sobre la afirmación del señor Mulino en Japón. En un próximo artículo se analizará la narrativa utilizada por la empresa minera sobre el nivel de empleo generado directa e indirectamente. Adelantamos que en este caso la cifras también resultan, a nuestro juicio científico, significativamente sobredimensionadas.