Un nuevo traje para independizar la justicia

Sin duda, las sugerencias de la Cámara de Comercio —Cciap— sobre ajustes constitucionales referidos a algunos aspectos de la Corte Suprema de Justicia —CSJ— podrían ser aprobados eficientemente a corto plazo. Pero les encuentro ciertas inconveniencias, como relaté en el escrito anterior porque, si deseamos eliminar las enfermedades que ahogan la administración de justicia, que todos sobradamente conocemos, y si anhelamos un sistema judicial sano e independiente, entonces los remedios deberían ser más abarcadores y profundos. Y, si se quiere, radicales.

Propondría, para apuntar a un provechoso debate, ciertas medidas que a nuestro juicio daría un vuelco sustancial a la precaria situación del Poder Judicial que se encuentra maniatado, dependiente, asediado, y justa e injustamente vilipendiado.

En primer lugar, pertenecer a la CSJ debería significar la culminación de una ilustrísima carrera jurídica adornada por la competencia profesional, la honestidad intelectual y la honradez material. El inventario de posibles candidatos debería limitarse a juristas que ejerzan o hayan ejercido cargos que impliquen resolución de controversias judiciales, así como docentes del área académica superior. Se trataría exclusivamente de jueces, magistrados y docentes universitarios.

El próximo paso sería escudriñar su producción profesional reflejada en la jurisprudencia que desarrolló a través de sus fallos o ponencias, o en sus libros o ensayos publicados en su quehacer académico. En ella se trataría de encontrar la solidez de su formación, la verticalidad de sus principios, la consistencia de sus planteamientos, y la lealtad hacia una genuina vocación por el derecho y la justicia. No bastan los requisitos formales que actualmente se exigen; son fácilmente satisfechos con un simple diploma y aparente buena conducta. Una preselección de candidatos idóneos estaría a cargo de la Comisión sugerida por la Cciap, que debería ser proactiva en la búsqueda de postulantes capaces. Quien sea finalmente elegido debería ser sometido, con una anticipación de tres meses al inicio de su período, por el Ejecutivo a la aprobación de una mayoría absoluta de la AN.

También eliminaría la función de magistrados suplentes para resaltar el hecho de que la responsabilidad siempre recaerá en el principal, sin poder escabullirse en casos sensitivos.

La independencia funcional se menoscaba con la dependencia financiera y las decisiones presupuestarias denegadas a la justicia actualmente. Debe asignarse una cuota parte fija de los ingresos fiscales totales cada año, respetar la distribución de sus propios recursos por el Órgano Judicial, y someter su utilización a la estricta fiscalización de la Contraloría General.

Añadiría algunas medidas concomitantes; entre ellas, establecer un sistema ordenado y público para divulgar todos los fallos judiciales, aprovechando la tecnología moderna, no solo para fiscalizar su consistencia profesional, sino además para guiar adecuadamente la conducta y relaciones de la ciudadanía; y también fortalecería la calidad de la enseñanza del derecho a nivel universitario, incluyendo la invitación periódica a eminentes profesores y juristas extranjeros que pudiesen dedicar sus años sabáticos en nuestro beneficio.

Establecería también un Tribunal Supremo Constitucional a cargo de la protección expedita de nuestros derechos humanos, políticos y sociales, con dedicación exclusiva a esos temas.

Si la administración de justicia debe ser ininterrumpida, decretaría un mes específico para vacaciones anuales de todos sus operadores, dejando siempre los medios para atender los negocios o casos que no pueden detenerse y alternaría anualmente esa responsabilidad.

Finalmente, haría vitalicia la designación de los jueces y magistrados para que al final de sus mandatos no se vean ante la perspectiva de tener que buscar nuevos medios de vida, sino disfrutar de la tranquilidad que resulte de una carrera provechosa para la sociedad.

¿Propongo una utopía? Deberíamos poder hacerla realidad.

EXDIPUTADA