Pacto social o polarización política, la disyuntiva tras el conflicto minero

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el Decreto Ley 406 es, sin duda, un triunfo político que cambia el futuro del país. La histórica decisión judicial del 28 de noviembre de 2023, que confirmó la posición de la población contra la devastación minera, puso fin a las protestas que por casi 40 días sacudieron el territorio nacional, sin embargo, el conflicto no ha finalizado porque la aprobación de la Ley 406, solo fue la gota que derramó el vaso.

Las causas reales de la movilización popular yacen en la estructura misma de la sociedad panameña. La desigualdad de oportunidades, la marginación social, derechos básicos largamente insatisfechos, la corrupción pública y privada, así como la arrogancia de los gobernantes y de la élite económica, alimentaron el hastío popular y ciudadano que ya se había advertido hace poco más de un año antes, con las movilizaciones nacionales de julio de 2022.

Ante la evidente crisis social, hay quienes intentan dividir entre vencedores y vencidos, con el riesgo de alimentar soberbias y resentimientos entre los diferentes actores sociales. En ese caso el conflicto no se resuelve, se prolonga y renueva en diferentes expresiones y escenarios. En corto tiempo, la coyuntura nacional podría constituirse en un estado de conflicto permanente, cada vez más profundo y violento, que no sería fácil de resolver.

Latinoamérica está minada de ejemplos como estos, en los que todos saben cómo empiezan, pero no cómo terminarlos.

La profundización del conflicto y la polarización de la sociedad en dos o más sectores permanentemente enfrentados, no es el escenario deseable para el país. Conviene comprender los errores, identificar las verdaderas causas problemáticas y encontrar, dialógicamente, soluciones duraderas, como un pacto social que rompa con el anterior consenso construido para la élite económica, que excluyó, anuló y denigró al resto de los actores sociales.

Es indudable que cada crisis trae oportunidades. Luego del fallo de la Corte, ¿logrará Panamá avanzar hacia un nuevo pacto social o este será el principio de conflictos más profundos? Pues depende de la visión, madurez y voluntad política de los actores sociales y sus liderazgos, para construir un consenso nacional a partir de la diversidad y los antagonismos.

Lo que está claro es que la élite económica y política, no está dispuesta a renunciar a sus privilegios. La criminalización del derecho a la protesta, la judicialización de los dirigentes sociales, la persecución a las organizaciones y líderes sociales, así como la campaña mediática estigmatizante contra el movimiento popular, advierten que tomarán la ruta de la confrontación, en un terreno fértil para los discursos excluyentes que alimentan los regímenes autoritarios y desarticulan la democracia.

El autor es secretario general de Convergencia Sindical.