Desafíos de la planificación en Panamá

A mediados del Siglo XX, Panamá estableció su primera oficina de Planificación, la cual funcionó desde la Presidencia de la República, desde Ernesto de La Guardia hasta el inicio del Gobierno militar. La creación del Departamento De Planificación en la Presidencia coincidió con la implementación de alguna inversión industrial en el país.

A mediados de los años 70, con la llegada de los petrodólares, el ámbito público creció de manera de inversionista y, por otra parte, se establecieron autoridades locales, como los 505 Representantes de Corregimientos.

En virtud de lo anterior, surge el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE), para establecer estas dos actividades descritas en el propio nombre. Seguidamente, en 1979 se lograba iniciar el proceso de reversión de los activos de la cuenca canalera, producto de los Tratados Torrijos-Carter. Ya con la administración del Canal en manos panameñas se inicia un sistemático aporte al fisco, y se logra incorporar un título constitucional para garantizar una verdadera autonomía en la Administración del Canal de Panamá. Es precisamente en este título en donde aparece una de las dos veces en que se encuentra en la Carta Magna.

Al momento que se fortalece esa autonomía, se va presentando el distanciamiento público de la planificación como actividad indicativa por el lineamiento del ‘Consenso de Washington'; sin embargo, al disponer de una nueva fuente de financiamiento vía Canal hacia el fisco, se viene el desafío de modernizar al mismo activo canalero con una ampliación refrendada por el soberano.

Mientras que internacionalmente Panamá se sumó a la firma de los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), cuyos propósitos de desarrollo humano fueron acordados por los países miembros de la Organización de las Naciones en el año 2000.

Se posiciona Panamá entonces con la responsabilidad de generar recursos, administrarlos y dirigirlos a los sectores con la demanda social y las políticas públicas requeridas para la atención de esa demanda. Así se genera el consenso necesario —2006— para establecer el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND).

Por su parte, el sector privado lograba tranquilidad al obtener el país el grado de inversión, (2009-2010), reconocido por las agencias calificadoras internacionales. Y en lo institucional, la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, establece en su Artículo 16: Plan Estratégico de Gobierno. Al inicio de cada administración, dentro de los seis meses de instalada, el Órgano Ejecutivo adoptará un plan estratégico de Gobierno, enmarcado dentro de los objetivos y metas que surgen de la Concertación Nacional para el Desarrollo y su propio compromiso electoral, el cual debe incluir una estrategia económica y social, la programación financiera a cinco años y un plan de inversiones públicas indicativo a cinco años, que establecerán criterios para la canalización del gasto público hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional.

Es por ello, que el Gobierno nacional deberá presentar un Plan Estratégico (PEG 2020-2024) y publicarlo con el correspondiente Plan Indicativo de Inversiones.

En la discusión sobre la organización para la planificación es tan importante como decidir con quién y con qué realizarla. No en vano, a nivel hemisférico existe el OBSERVATORIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Esto con la finalidad de los ODS y la Agenda 2030, que incluye en sus 17 Objetivos, sus 169 metas.

Es delgada la línea entre lo técnico y lo político con que debe trabajar el equipo vinculado a la planificación, uno va a diagnosticar y a plantear lo que es y lo que debe ser a mediano y largo plazo, mientras que el segundo podría impulsar su tendencia a lo que se desea para el corto plazo. Diferenciar y seleccionar entre estos dos criterios, provocan una efervescencia institucional que se debate desde los territorios hasta los compromisos internacionales.

La planificación del país debe plantearse a cincuenta años, con el monitoreo y seguimiento permanente. Cada gestión constitucional deberá medirse con su aporte al logro de objetivos que le correspondan y su incidencia en el de mediano y largo plazo con sus respectivas metas. Aunque, la planificación no es una ciencia exacta, por lo que permite los ajustes correspondientes, siempre y cuando no respondan a miradas antojadizas.

Finalmente, en el caso de los territorios, está el desafío de las Juntas Técnicas de cada provincia, las cuales deben disponer de las herramientas para levantar territorialmente el inventario de necesidades y presentarlos para ser incorporados a la plataforma tecnológica que corresponda. Será a la nueva Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y el Cumplimiento del Ministerio de la Presidencia, al MEF u otro ente institucional, que le corresponderá articular este desafío, pero proporcionando, al menos, las herramientas probadas como el Marco Lógico y la Teoría del Cambio.

ECONOMISTA