Educación pública en Panamá: ¿paliativos o soluciones?

Los políticos panameños han utilizado un argumento que, por ser una verdad de a puño, inconscientemente ha aceptado la sociedad civil. Con este argumento suelen hacer críticas feroces sobre la calidad y pertinencia de nuestra educación. No obstante, a la postre, demostrando una ignorancia supina del problema, terminan prometiendo la construcción de un idílico sistema educativo de primer mundo, cuando lo que en realidad requerimos es que este guarde correspondencia con las realidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro crecimiento y desarrollo humano, quienes a su vez existen dentro de un entorno globalizado, bien definido y altamente competitivo.

En esas condiciones, construir un aparato educativo moderno, eficiente, eficaz, pertinente y legítimo, exige como condición sine qua non que los actores sociales —Gobierno, políticos, fuerzas productivas y sociedad civil— determinen, en principio, el perfil del capital humano que necesitaremos a corto, mediano y largo plazo. Dicho de otra manera, tenemos que definir con claridad de qué manera se formarán los recursos humanos en sus variopintos niveles, y qué tipo de formación académica deben tener sus egresados.

Esa reflexión que debiera concretarse en un acuerdo nacional que se insertara en un Plan de Desarrollo Nacional, lamentablemente nunca se ha producido. Y no existe el menor indicio de que vaya a materializarse en un futuro cercano. Eso explica, por ejemplo, las propuestas educativas del actual Gobierno, algunas de ellas de cierta importancia, pero que en general son solo paliativos que, al no formar parte de un todo orgánico, carecen de la capacidad de satisfacer las demandas de la sociedad nacional en materia de educación pública.

Paralelamente a la idea de lo que queramos, y para qué, de un sistema educativo, se hace necesario, como parte de una agenda de Estado, el fortalecimiento del gasto en educación, que actualmente no supera el 3 % del PIB. Pero ello debe incluir la prioridad de sus componentes. Porque, mientras se mantenga la relación actual de 90 % para salarios y 10 % para infraestructura y tecnología educativa, ningún incremento presupuestario impactará positivamente la calidad de la educación. Esta decisión es extremadamente sensitiva. Por ello, tanto las autoridades nacionales como la sociedad civil, tarde o temprano, tendrán que hacerle frente a lo que ahora prefieren ignorar.

El accionar nacional del aparato debe superar la secular deformación que, históricamente, ha sido una de las causas de su ineficiencia e ineficacia: una fragmentación extrema que lleva a que sus niveles primario, medio y superior funcionen como compartimentos estancos desvinculados entre sí, y no como un sistema. Si esta grave hipertrofia no es eliminada, aunque se materialicen las decisiones arribas comentadas, mejorar la calidad de la educación en Panamá seguirá siendo un ideal inalcanzable.

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