Institucionalidad ambiental panameña: diagnóstico del problema

Me inspiran lo leído, lo estudiado, la experiencia, el ejercicio de mi profesión, la autocrítica, mis pocos aciertos y numerosos errores, así como lo aprendido de tantos maestros encontrados en la academia, en la ciudad y en el campo.

Es un consenso unánime que Panamá nunca ha tenido una institucionalidad ambiental completamente satisfactoria para su población. La misma se encuentra muy adherida al resto de la institucionalidad pública, como una manera de legitimar el mismo estilo de desarrollo no sostenible que existe desde mucho antes que esta se instaurara, a través de existencia de documentaciones varias.

El seguir desarrollando instrumentos de gestión ambiental hacia esa dirección, si bien levanta los espíritus de todos los involucrados, no ha hecho mella en el progresivo deterioro de la calidad de vida o de la base de recursos naturales existentes en el país.

Es preciso un cambio de direccionamiento que no se ha concebido aún, dado el enorme esfuerzo que ha significado llegar a obtener un Ministerio de Ambiente y un sistema interinstitucional del ambiente, entre otras estructuras institucionales que supuestamente debían llevar a Panamá a un desarrollo sostenible.

Si bien, este escrito podría abarcar varias páginas que describen los problemas ambientales del país, es preciso viajar hacia sus causas: la existencia del entorno humano como despensa de recursos naturales y a la vez, como depósito final de residuos, en el medio de todo esto, una generalizada mentalidad ignorante, egoísta con el prójimo presente y futuro, además de poco afín al esfuerzo físico, económico o disciplinario, para optar por prácticas que mejoren la situación. Esta mentalidad la compartimos todos los panameños: empresarios, amas de casa, políticos, campesinos, indígenas y no indígenas, panameños y extranjeros. Dentro de cada sector mencionado, suelen levantarse individuos, como si fueran mutaciones, que simbolizan aquellos segmentos del rompecabezas que conforman el sector ambiental de la República, descoordinado y muy susceptible a dividirse por temas que suelen ser mucho menos importantes que el bien común que representa el ecologismo.

A lo anterior, se suma el mencionado sistema: la Institucionalidad ambiental del país no está diseñada para dirigirse hacia el cambio de la sociedad, hacia la sostenibilidad. Está diseñada para legitimar que la sociedad siga iguales actitudes de las descritas, a cambio de seguir procedimientos documentales, a riesgo de que entonces sí pueda recibir sanciones administrativas o judiciales. Al final, no hay manera de comprobar que la documentación elaborada, presentada por su interesado, analizada e inspeccionada por autoridad competente y finalmente aprobada o desaprobada, haya incidido en el bienestar del ambiente o la calidad de vida de la población panameña en el gran esquema de las cosas. Eso se asume, con el beneplácito de las autoridades y ante el desmayo de quienes no lo son.

Está muy claro que los recursos naturales pertenecen a todos, pero su gestión pertenece al Estado a través de sus instituciones. Estas instituciones deben garantizar un ambiente sano para la población. En la práctica, los particulares son los que gestionan y manejan el ambiente y condicionan la calidad de vida, bajo supervisión gubernamental. El Estado, muchas veces, es promotor de actividades impactantes, pero estas no pueden violentar los principios de sostenibilidad. Debe existir balance. Este esquema no es el problema, sino la falta de conexión entre este y lo logrado por la Institucionalidad.

Así como una casa no es un hogar, una fiesta no es felicidad, o un vehículo no es un viaje, un permiso de tala, un estudio de impacto ambiental, una política de bosques, tierras o aguas, un plan de rescate de fauna, una auditoría ambiental, un esquema de ordenamiento territorial, una condena penal, una multa administrativa, no son garantía de que exista sostenibilidad en el desarrollo. Al final del día, como mencioné, son documentos que han servido para legitimar una actividad que ya se hacía antes de la existencia de la norma, condicionado a ciertos parámetros que a veces se cumplen, otras no, pero que no han paralizado y ni siquiera ralentizado la caída libre de entropía que se vive en el país.

Lo anterior viene a ser alimentado por una burocracia, pública y privada, nacional e internacional, que sigue creando herramientas, instrumentos, objetivos y parámetros, invirtiendo recursos en numerosas reuniones, almuerzos, desayunos y cócteles. La apariencia de que se trabaja para el ambiente y los Derechos Humanos, sin que esto tenga, ante la corta visión de los mismos burócratas, esperanza alguna de aplicación. Un paquete indivisible que se ha convertido en el estándar que alimenta las esperanzas de sus entusiastas, sin que necesariamente se reflejen sus resultados en campo. Muchos creen que la reunión, el reconocimiento a un luchador por el ambiente, el festejo o el agasajo ya ha logrado algo para el ecosistema del país.

Poniendo atención, se puede identificar que el discurso normal de cualquier burócrata ambientalista suele orientarse más a las herramientas, instrumentos, políticas, estrategias, autorizaciones, procedimientos y permisos que al impacto medible y positivo al ambiente. Como quien no aterriza. Porque orientar sus acciones hacia ello, eliminaría favoritismos y les obligaría a cambiar, más allá de lo que les es posible, su manera cortoplacista y limitada de trabajar.

Ante esto, un diagnóstico serio, basado en indicadores técnicos finalistas, de la gestión ambiental panameña, resulta más que necesario, pero con miras a dos posibles objetivos: cambiar el sistema de gestión ambiental panameño totalmente o forzar el existente a cumplir con los propósitos constitucionales y de Derechos Humanos vigentes. Ambas posibilidades sugieren cambio, la segunda, menos aventurera, se dificulta, al suponer un cambio de mentalidad casi absoluta de los panameños.

La actitud de los involucrados en el manejo del entorno (todos), contrasta con lo establecido en la ley, la ciencia y la academia. Por ello, los científicos y juristas suelen criticar eternamente lo que hace el sector público principalmente, perdonando la complicidad del sector ONG, al este último carecer de verdadero poder. Los dictámenes científicos, los postulados internacionales de derechos humanos, la Constitución política, la legislación ambiental subsecuente, e incluso mucho de la legislación convencional sobre procedimientos civiles, penales y administrativos, ofrece el mapa de lo que debe hacerse para transformar las prácticas insostenibles de los gestores ambientales, hacia los postulados del paradigma óptimo ya descrito.

El timonel actual, está roto y altamente viciado. Por ello, quien asuma el desafío de convertirse en el próximo ministro de Ambiente, debe ser quien lidere aquel necesario cambio de actitud, que reordene las prioridades para concretar la mejora del escenario donde se desarrolla el devenir cotidiano e histórico de todos los panameños.

ABOGADO AMBIENTALISTA.