
- 06/09/2025 00:00
“Un gobierno de empresa privada y no me da ningún rubor decirlo. Mi gobierno apoya la empresa privada, a nadie más” (José Raúl Mulino). Esta declaración explica el comportamiento de su gobierno.
¿Qué significa? En primer lugar, hay que tener claro que en nuestro país no se cuenta con una cifra exacta y única sobre el total de empresarios. Que se reportan algo menos de 5.000 empresas que se declararan grandes (atendiendo al tamaño el número o contribuyente de renta jurídica según ingreso), que representan el 3 % del total de empresas en el país. Que este grupo se reduce si se atiende lo que llaman poder económico a unas 30 familias, unos 115 multimillonarios, entre ellos el hombre más acaudalado de Centro América.
Una economía altamente concentrada en pocas actividades económicas y regiones, ubicación de las grandes empresas: provincias de Panamá (74.8 %), Colón (7.8%) y Chiriquí (6.5 %).
Como gobierno empresarial, ejecuta las directrices neoliberales dirigidas a promover la iniciativa privada, la inversión extranjera. En el 2024 se registraron 12 nuevas multinacionales en el país, dadas las condiciones extraordinarias que se les otorga, exoneración de impuestos, fuerza de trabajo barata y no reconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Recientemente la “negociación” con una de las multinacionales más polémicas en América Latina, la empresa bananera, aceptándole las condiciones para su “retorno”.
Es decir, Mulino solo atiende las demandas e intereses de este reducidísimo grupo. Su accionar económico gira en torno a garantizar y proteger los intereses de estos. Allí va a parar el “chenchén”. Hay que recordar que estas fortunas acumuladas han ido de la mano de los gobiernos desde inicios de la república, por algo financian sus candidaturas.
Panamá es un país de 4,5 millones de habitantes, un país que crece con pobreza, el cuarto país más inequitativo del mundo, la desigualdad social es creciente, la mayoría de las familias tiene como principal fuente de ingresos los salarios que se han venido deteriorando dado el alto costo de vida y el nivel de desempleo e informalidad.
Las cifras oficiales revelan resultados de la profunda injusticia social que vive el pueblo panameño. Más del 20 % de la población enfrenta pobreza general y 10 % pobreza extrema (unas 500.000 personas que no logran siquiera alimentarse).
El 10 % de las familias más ricas se quedan con el 35,5 % del ingreso total de los hogares, mientras que el 40 % de las familias de menores recursos concentró el 11 % del ingreso total y el decil más pobre el 0.92%.
Que Mulino solo responde a empresarios no sorprende. El poder económico ha acordado que las élites empresariales sea el único beneficiario de la política económica, por ende, de los recursos del país. Que la influencia política se ejerce a través de varias fuentes de poder: control de los recursos económicos, ocupan posiciones estratégicas en los gobiernos, control de los medios de comunicación, entre otros. Su gobierno ha ejercido el poder con el autoritarismo contra el pueblo panameño.
Voceros de la Iglesia han cuestionado esta inequidad y falta de justicia. Las organizaciones sociales estamos demandando justicia, equidad social, real democracia y respeto a los derechos humanos.