Los argumentos del Gobierno para la expropiación de las fincas en isla Margarita

El Gobierno para expropiar las 41 fincas de isla Margarita, que estaban concesionadas a una empresa portuaria china, se remontó a la separación de Panamá de Colombia.

“Que, después de la separación de Panamá de Colombia, se firmó el Tratado Hay- Bunau Varilla con Estados Unidos para la construcción y administración del Canal de Panamá”, así empezó a explicar la Presidencia la expropiación de las fincas.

Todo está en el Decreto Ejecutivo No. 90 de 20 de octubre de 2025 publicado en Gaceta Oficial ese mismo día, que contiene 11 páginas de las cuales 9 son justificaciones.

El decreto instruye a la Dirección General del Registro Público a realizar las anotaciones correspondientes y cancelar cualquier gravamen o limitación existente sobre los bienes afectados. También dispone que el Ministerio Público promueva ante el Órgano Judicial los procesos necesarios para determinar el monto de las indemnizaciones que deberán pagarse a los propietarios.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública queda facultado para garantizar el acceso y ocupación de las áreas expropiadas, en caso de que se presenten impedimentos o conflictos.

El documento, sustentado en los artículos No. 48 y No. 51 de la Constitución y en las leyes No. 57 de 1946, No. 56 de 2008 y No. 20 de 2009, establece que el decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.

“Comuníquese y cúmplase”, señala el decreto firmado por el presidente José Raúl Mulino, fechado el 20 de octubre de 2025.

Mulino se refirió a la concesión en isla Margarita el pasado mes de abril durante una de sus conferencias semanales de los jueves.

En ese momento, Mulino afirmó que su gobierno no impulsaría el proyecto que, en teoría, debía desarrollar la empresa PCCP.

“Es un contrato mal dado, es un contrato moroso en cuanto al pago de la concesión, y se llamará a una licitación internacional cuando corresponda”, dijo el mandatario entonces.

Luego de seis meses de esas declaraciones, el Ejecutivo ordenó la expropiación de los terrenos de la isla Margarita.