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- 21/10/2025 00:00
La empresa china Panama Colon Container Port tenía una concesión en isla Margarita para el desarrollo de un puerto desde el 2013. Sin embargo, 12 años después no se había construido la terminal portuaria
El Ministerio de la Presidencia ordenó la expropiación extraordinaria por interés social de una serie de fincas en isla Margarita, Colón, que pertenecían a la empresa portuaria china Panama Colon Container Port (PCCP).
La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo N.° 90 del 20 de octubre de 2025, publicado ayer en la Gaceta Oficial, mediante el cual se instruye al Registro Público a inscribir las fincas a nombre de la Nación.
El documento también autoriza al Ministerio Público a promover el proceso ante el Órgano Judicial para determinar el monto que deberá pagar el Estado por las expropiaciones. Asimismo, se faculta al Ministerio de Seguridad a garantizar la ocupación de las áreas en caso de que se impida el acceso a las fincas expropiadas.
El Ejecutivo fundamenta la medida en que la capacidad portuaria instalada en el país “está al límite” para atender la demanda del comercio mundial que transita por suelo panameño, lo que hace imperativo que proyectos como el de isla Margarita ya estuviesen en operación.
Sin embargo, esto no ha ocurrido por parte de la empresa concesionaria, Panama Colon Container Port. A juicio del Ejecutivo, resulta “inminente” la construcción de estas facilidades portuarias en la ribera atlántica del Canal de Panamá.
El decreto señala que el Gobierno solicitó a la empresa su consentimiento para el ingreso de peritos de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de realizar los avalúos correspondientes.
“No fue posible realizar dicha diligencia, ya que los propietarios no mantienen oficinas donde se puedan efectuar las comunicaciones que se intentaron presentar, y los apoderados legales en el proceso de resolución administrativa del contrato tampoco otorgaron consentimiento para tal diligencia”, indica el Decreto Ejecutivo.
El Gobierno añade que, hasta la fecha, no ha sido posible establecer un valor promedio de estas propiedades, lo que ha impedido formular una oferta de adquisición al propietario.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la concesión en isla Margarita el pasado abril, durante una de sus conferencias semanales de los jueves. En ese momento afirmó que su gobierno no impulsaría el proyecto que, en teoría, debía desarrollar la empresa PCCP.
“Es un contrato mal dado, es un contrato moroso en cuanto al pago de la concesión, y se llamará a una licitación internacional cuando corresponda”, dijo el mandatario entonces.
Seis meses después de esas declaraciones, el Ejecutivo ordenó la expropiación de los terrenos.
El contrato ley de concesión fue otorgado mediante la Ley 43 de junio de 2013, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, de la cual el actual presidente Mulino formaba parte.
En 2022 se aprobó, mediante ley, una adenda al contrato que permitió el cambio de nombre de la empresa. Ahora, los terrenos —que suman un poco más de 27 hectáreas— pasarán al Estado.
Aunque el decreto no especifica el futuro legal de la concesión, abogados consultados consideran que la expropiación debió incluir la cancelación de la concesión para evitar un conflicto jurídico posterior.
José Raúl Mulino
Presidente de la República
Es un contrato mal dado, es un contrato moroso en cuanto al pago de la concesión. Se llamará a una licitación internacional cuando corresponda”
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