Cerca de 300 juntas comunales no presentaron la información bien sustentada o completa

El proceso de descentralización ha sido un camino necesario, complejo y no exento de escándalos, sobre todo en el quinquenio pasado, cuando el Ejecutivo transfirió millones de dólares a gobiernos locales sin control y con motivaciones políticas. Para la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, esa práctica quedó “cerrada” con la nueva administración, y la auditoría exigida a las autoridades locales anteriores está en curso. Sin embargo, los señalamientos sobre “traspasos paralelos” de fondos entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunos municipios han avivado dudas sobre la transparencia de estos procesos. La también exalcaldesa de la Ciudad de Panamá asegura que, bajo su administración, las cosas se han llevado con “transparencia” y “sin tintes políticos”, tomando distancia de la polémica del MEF. “Yo desconozco los casos que, en alguna medida, está presentando el grupo Vamos”, dijo a El Polígrafo de La Estrella de Panamá.

Estamos brindando respuestas a comunidades con grandes carencias de servicios públicos, y los gobiernos locales, con los fondos que transfiere el Estado, pueden atender mejor estas necesidades. En estos 10 años, los municipios han fortalecido sus capacidades y formulan mejores proyectos. También ha crecido la confianza entre el sector público y privado para trabajar en alianza. La innovación tecnológica y la reducción de los tiempos de aprobación han permitido aprobar y ejecutar más de 4,500 proyectos, principalmente en infraestructura vial, agua y soluciones tecnológicas, impulsando el desarrollo comunitario que busca la descentralización.

El presupuesto anual, entre municipios y juntas comunales de todos los gobiernos locales, está en unos 180 millones de dólares. Esto se distribuye en tres programas diferentes: unos aplican al municipio, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con unos 82 millones; y otros aplican solo a las juntas comunales, como el programa de inversión en obras públicas, que suma un poco más de 80 millones y que otorga los subsidios.

Tenemos un esquema de reparto bastante igualitario, donde los municipios reciben un mínimo similar entre todos, y la gran mayoría, más de 60 municipios, está en el orden de los 500,000 dólares. No se realiza una distribución basada en indicadores específicos. Las juntas comunales reciben lo mismo a nivel nacional. Este es un desafío que ya estamos enfrentando, diseñando fórmulas basadas en indicadores científicos para categorizar los municipios y poder hacer recomendaciones bien sustentadas al MEF, de modo que los recursos entregados e incrementados tengan un esquema de distribución más equitativo, acorde a las realidades de cada región, que en Panamá son muy diferentes unas de otras.

La innovación de la ley de descentralización, que establece la política de descentralización de la administración pública, es que los proyectos se someten primero a discusión, análisis y aprobación de las comunidades donde tienen impacto. Esto, mediante audiencias públicas, garantiza que respondan a sus prioridades. Luego, los proyectos pasan a los consejos municipales y después a las regionales, que verifican que tengan las especificaciones técnicas y financieras adecuadas, que se ajusten al plan de desarrollo distrital elaborado con municipios y juntas comunales, y que cumplan con los requisitos de uso de suelo y las autorizaciones del Ministerio de Obras Públicas o de Vivienda. Así, la elección corresponde a la población y a sus autoridades locales, quienes definen prioridades y presentan las propuestas de uso de los recursos.

Venimos con una historia de asignar un presupuesto basado en el estimado del ingreso de bienes inmuebles, que está por debajo de lo que realmente se recauda. Esto se replica año tras año, y el MEF solamente parece revisar y tiende a repetir el mismo presupuesto. Este gobierno, con el primer presupuesto que se aplicará en 2026, realmente elaborado por esta administración, si bien asignó la misma partida, se ha comprometido a que, en la medida en que se vaya recaudando, se irán asignando nuevas transferencias que permitan completar el fondo que, por ley, se debe transferir a los municipios.

Los alcaldes y representantes están muy conscientes de que hemos sido una vocera ante el MEF, solicitando esto tanto en nuestras vistas fiscales, solicitando la totalidad de los recursos, como al momento de presentarnos ante la Asamblea. Presentamos claramente, con datos, la necesidad de reconsiderar el monto asignado y solicitamos formalmente la totalidad. De ahí, si bien en ese momento no se aprobó porque había un techo fiscal, surge el compromiso del ministerio de ir haciendo nuevos traslados y partidas adicionales que complementen estos fondos.

Entendemos que los subsidios surgen por la necesidad de que los municipios presten diversos servicios y que la generación de ingresos para lograr autonomía financiera no depende del comercio ni del desarrollo de obras públicas y privadas. Hay municipios con muy poca inversión y escaso desarrollo urbanístico y comercial, lo que limita su autonomía financiera. A medida que el crecimiento económico de sus distritos avance, podrán acercarse a esa autonomía. Por eso, como gobierno, debemos promover más desarrollo regional y local, y no concentrarlo en la zona transísmica urbana, para que los municipios sean más autónomos y la población reciba mejores servicios.

Un poco más de 600 autoridades locales presentaron sus reportes completos, o sea, más del 90% de las mismas.

Cerca de 300 juntas comunales no presentaron la información bien sustentada o completa, de acuerdo con la revisión documental que se pudo llevar a cabo, y fueron remitidas para una investigación al Ministerio Público, que a su vez requiere de la auditoría formal que debe hacer la Contraloría y que, en efecto, se está realizando.

En realidad, los que deben responder son ellos; nosotros estamos haciendo el trabajo en serio. Sabemos que es un tema muy delicado y lo hacemos con mucha responsabilidad. En realidad, se puede ver que hay denuncias de autoridades de todos los partidos, o sea, que no es un asunto político, y realmente no estamos aplicando ningún criterio discrecional; a medida que se avanza en el análisis de los informes, estos se van presentando.

Lo primero, dejar claro que el programa a través del cual se transferían recursos sin ningún destino claro de su uso e inversión, y sin obligación de rendición de cuentas, se cerró y en la AND no existe. (...) Los alcaldes o representantes, que tienen distintos niveles de dificultades para poder ejercer las funciones que tienen y para prestar los servicios que muchos requieren, como pagar las deudas que heredaron, se han estado acercando al MEF para solicitar aportes especiales para resolver determinadas situaciones. Yo desconozco los casos que, en alguna medida, está presentando el grupo de Vamos, pero debo pensar que hay una justificación, porque el MEF siempre solicita sustento para poder asignar partidas especiales. En algunos casos nos solicitan nuestra recomendación, y algunos los hemos revisado y recomendado que efectivamente se apoye con aportes adicionales; otros, hemos verificado y consideramos que no justifican, porque no tienen la capacidad administrativa para llevar adelante un proyecto para el cual están solicitando montos adicionales. Es un trabajo que se maneja entre el municipio y directamente con el MEF.

Compartimos que debemos revisar los mecanismos y la fórmula de distribución de recursos para ser más equitativos con las vulnerabilidades y la cantidad de población, y así reducir las brechas de acceso a servicios básicos. También es necesario modernizar la participación ciudadana, incorporando mecanismos digitales en ciudades con gran población. Además, debe definirse claramente la representatividad de los corregimientos y aumentarse los recursos para evitar recurrir a fondos especiales.

Ciertamente, en la práctica vemos un traslape de competencias, muchas informales porque no están formalmente instituidas. Sin embargo, los municipios tienen claras sus competencias y hoy cuentan con una capacidad fortalecida para desarrollar obras de infraestructura de montos importantes. Los representantes han recibido aportes que superan lo usual de una junta comunal, y la comunidad demanda servicios que se ven obligados a cumplir, aunque no tengan recursos suficientes y deban complementarse con el alcalde. Ambos prestan servicios importantes, y esto debe revisarse no solo en la ley de descentralización, sino también en la legislación de cada institución. Es un desafío pendiente.