Diputados piden priorizar infraestructura escolar en este año 2026

En el primer día del año escolar 2026, diputados de distintas bancadas aprovecharon el periodo de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional de Panamá para denunciar deficiencias en la infraestructura educativa, exigir respuestas al Ministerio de Educación (Meduca) y reiterar llamados a priorizar la inversión en centros escolares.

El diputado Javier Francisco Sucre Mejía señaló que, aunque este lunes iniciaron clases los estudiantes del país, en sectores como Juan Díaz, Don Bosco, Río Abajo, Parque Lefevre y San Francisco hay planteles que no pudieron comenzar con normalidad o que operan en condiciones inadecuadas.

Sucre subrayó que actualmente existen centros que requieren reparaciones urgentes. Mencionó el caso de la escuela Elena Chavéz de Pinate, donde, según indicó, se prometieron módulos temporales desde 2023, sin que se haya solucionado de fondo la situación. “Los padres de familia principalmente con sus estudiantes necesitan una respuesta concreta de MEDUCA con fecha y hora para poder dar sus clases”, expresó.

Por su parte, el diputado Ricardo Agustín Vigil, envió un saludo a estudiantes, docentes y padres de familia, a quienes calificó como “héroes” por su compromiso con la educación. Aseguró que ha realizado recorridos en distintos planteles desde el inicio de su gestión y que ha dado seguimiento a las problemáticas junto al Meduca.

Vigil informó que ya fue firmado el contrato para la reconstrucción integral de la escuela Justabel Castillo, y adelantó que también se contemplan intervenciones en el Daniel Octavio Crespo y el Colegio Secundario de Volcán, proyectos que —según dijo— son resultado de gestiones sostenidas.

En tono más crítico, el diputado Luis Duke cuestionó el manejo de 273 millones de dólares destinados a la compra de laptops, calificando el proceso como “opaco”. Sostuvo que con esos recursos se podrían construir 34 escuelas medianas, 16 grandes y ejecutar múltiples reparaciones.

Duke aseguró que, contrario a lo expresado por las autoridades sobre que el 99.5% de las escuelas están listas, en un recorrido por el distrito de San Miguelito constató una realidad distinta. Citó el caso del Instituto Alfredo Cantón, que aún espera fondos para su reconstrucción, mientras sus estudiantes reciben clases en un local alquilado en Vía España, lo que implica gastos adicionales en transporte y otras necesidades.

Además, pidió formalmente que su intervención sea remitida a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a quien reclamó respuestas a varias notas enviadas a su despacho.

El diputado Jonathan Vega hizo un llamado a no “normalizar” escuelas sin kioscos operativos, comedores cerrados, falta de agua potable o ausencia de personal manual y de cocina. “Esto no es un trámite administrativo. Esto es una falla en la garantía de derechos fundamentales de nuestros jóvenes y de nuestros niños ”, afirmó.

Vega mencionó que en distritos como Hualaca, Dolega y Boquete aún se utilizan bibliotecas como salones de clase y que faltan laboratorios y al menos cinco aulas adicionales en algunos planteles. Recordó que el Meduca maneja un presupuesto millonario y debe priorizar las necesidades básicas.

En tanto, el diputado Augusto Efraín Palacio Muñoz deseó éxitos a los estudiantes en este nuevo año escolar y destacó el papel de la juventud como futuro del país. También felicitó al equipo de Panamá Oeste por su desempeño deportivo reciente.

Finalmente, el diputado Lenín Alberto Ulate se sumó a los buenos deseos para estudiantes y padres de familia, pero advirtió que en Arraiján aún esperan la culminación de obras de remodelación, con estudiantes recibiendo clases en módulos temporales.

Ulate pidió que con la misma celeridad con la que se gestiona la compra de laptops se atienda la infraestructura escolar, al considerar que la educación es la principal herramienta para que los jóvenes puedan salir adelante.

Las intervenciones reflejaron un consenso en torno a la importancia del inicio del año escolar, pero también evidenciaron reclamos por infraestructura deficiente, falta de respuestas administrativas y cuestionamientos sobre la priorización del gasto público en materia educativa.